La creación de la comisión de torturas del CGV, pendiente del desarrollo del secuestro de Rupérez

El Consejo General Vasco (CGV), en su reunión del lunes, acordó dar un voto de confianza a la comisión política del mismo organismo -integrada por Juan María Bandrés, Txiki Benegas, Jesús María Viana, Mikel Isasi y el presidente Carlos Garaikoetxea- para que, si lo considera oportuno y necesario, y de acuerdo con el desarrollo y circunstancias del secuestro de Javier Rupérez, pueda crear, en un momento determinado, la comisión de torturas que exige ETA (p-m) como una de las dos condiciones -la secundaria- para liberar al diputado de UCD.

Eso es, al menos, lo que se desprende de la escasa información a que tuvieron acceso los medios de comunicación bilbaínos de un tema que se lleva con la máxima prudencia y sigilo, hasta el punto de que existe una especie de pacto de honor entre consejeros para no desvelar el contenido total del acuerdo a que ha llegado el CGV con respecto a este asunto.Al iniciarse en la tarde del lunes la sesión plenaria del CGV se sabía ya que Juan María Bandrés tenía la intención de suscitar el tema de la creación de una comisión investigadora de torturas a nivel del organismo preautonómico. Llevaba incluso el diputado de Euskadiko Ezkerra una propuesta escrita.

Había en principio en el seno del CGV -excepción hecha de UCD- una tendencia hasta cierto punto favorable a la creación de la citada comisión, pero al final ganó cuerpo la idea de que no debía ser el organismo preautonómico quien diera el primer paso en un tema tan comprometido. Fuerzas del Consejo consideraban que crear la comisión ahora daría armas a quienes desde sectores de la derecha están interesados en que este organismo sea el que se moje primero y ceda a una parte de las exigencias de ETA (p-m).

En círculos políticos del País Vasco se considera la decisión adoptada por el CGV como una maniobra para situar la responsabilidad a la hora de dar el primer paso en la negociación al Gobierno, que, pese a negar públicamente cualquier negociación con ETA (p-m) -según ha podido saber EL PAÍS-, de hecho no ha dejado de buscar, a través de intermediarios, una salida airosa al secuestro, por medio de una negociación encubierta y bien disfrazada.

Cuando, a la una y veinte de la madrugada del martes (la reunión se había iniciado a las cuatro y media de la tarde del lunes), concluía el CGV su sesión plenaria, el mutismo y la prudencia en torno a la posible creación por el Consejo de la comisión investigadora de torturas -incluida en el orden del día en el apartado «ruegos y preguntas»- era absoluta entre los consejeros. Los escasos informadores que aguardaban alguna información al respecto debieron contentarse con aproximaciones, afirmaciones muy sucintas y evasivas. Jesús María Viana declaraba: «No se ha tomado ningún acuerdo sobre el particular.»

A su lado, Carlos Garaikoetxea tampoco arrojaba luz sobre el tema: «No hay una resolución. Dada la gravedad y delicadeza del problema, se ha quedado en que la comisión política del CGV, en razón de la intermitencia de las reuniones del organismo, siga atentamente el desarrollo de los acontecimientos. »

Algo más explícito y revelador fue el testimonio de Txiki Benegas, que declaraba: «Hemos analizado la situación del secuestro de Rupérez. No ha habido ninguna resolución acordada por el CGV. Entre consejo y consejo se ha acordado que la comisión política siga de cerca la situación en que se desenvuelve el secuestro y, en principio, adoptar las decisiones que haya que adoptar en cada momento, si es que hay que adoptar alguna decisión. »

En la mañana de ayer, el portavoz del CGV, al dar en rueda de prensa la referencia de la reunión del día anterior, aunque parco y poco claro, aportaba algún detalle más: «Al finalizar la reunión de consejeros políticos (sesión que se desarrolló de forma separada al pleno del organismo), visto que el tenia no estaba maduro», tales fueron sus palabras, «y la intermitencia con que se celebran los consejos, el CGV acordó delegar en la comisión política el seguimiento y desarrollo del secuestro, por si tuviera que adoptar algún tipo de solución.» El portavoz añadió luego que esta comisión tenía en su «gestión» el «voto de confianza» del CGV.

Mentís de la Fiscalía del Estado

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado publicó ayer una nota oficial en la que «desmiente de manera categórica cualquier especulación que pretenda relacionar su circular número 4/ 1979, de 26 de noviembre último, sobre «Intervención del ministerio fiscal en los procedimientos penales, en evitación de paralizaciones y retrasos», con el secuestro del diputado por Cuenca señor Rupérez».Con esta nota, la Fiscalía del Estado sale al paso de la información publicada por EL PAÍS el pasado viernes, 30 de noviembre, según la cual la circular citada podría estar relacionada con el secuestro.

En contra de esta interpretación, la nota hecha pública ayer precisa que la circular se inserta en la constante línea de la Fiscalía de promover la agilización de los trámites de la Administración de justicia, que se inició en las conocidas circulares 4 y 6 de 1978.

«Cuantos conocen la génésis de estas disposiciones», agrega la nota, «saben de su lenta elaboración: precedentes, informes técnicos, experiencias y matices culminan en la audiencia de la junta de fiscales generales. No hubiera sido posible su improvisación con posterioridad al secuestro del señor Rupérez.»

Por último, la nota advierte que «si además se sugiere siquiera un intento de presión gubernativa sobre el poder judicial que éste pudiese ser capaz de consentir, tal insinuación, por inadmisible y calumniosa, encerraría un grave delito de desacato, que esta Fiscalía perseguiría con todo rigor».

Al mismo tiempo siguen adelante algunas de las iniciativas emprendidas en Madrid por otras instancias distintas de las gubernamentales. Ayer, la Junta de Portavoces del Congreso acordó que en el próximo pleno que celebrará la Cámara, de martes a viernes de la próxima semana, se incluirá la creación de una comisión parlamentaria para la investigación de presuntos malos tratos a detenidos.

La Junta de Portavoces acordó, a petición del representante de Coalición Democrática, Manuel Fraga, que al tratar el asunto no se produzcan debate ni turnos de explicación de voto. Unicamente se votará la propuesta.