Hoy comienza el debate sobre policías autónomas
Entre la intensa actividad que desarrollará esta semana el Congreso de los Diputados a nivel de comisiones -no se celebrará Pleno de la Cámara-, destaca el debate que iniciará hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas sobre el proyecto de ley orgánica de policías de las comunidades autónomas. Según el texto redactado por la ponencia, las juntas de seguridad estarán integradas por igual número de representantes del Estado y de la comunidad autónoma, y el Gobierno central podrá ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en funciones atribuidas a las comunidades autónomas, con la aprobación de la Junta de Seguridad.Las juntas de seguridad tendrán como finalidad -de acuerdo con el proyecto de ley que hoy se debate- coordinar la actuación de las policías autónomas y las fuerzas de seguridad del Estado, evitando la interferencia y duplicidad de funciones para una mayor eficacia del servicio. Las juntas de seguridad determinarán el Estatuto y reglamentos de las policías autónomas, sus dotaciones, reclutamiento de sus miembros y número de los mismos. El presidente de las juntas de seguridad que podrán formarse en cada comunidad autónoma, será el delegado del Gobierno central en el respectivo territorio autonómico.
La orden del Gobierno central para que las fuerzas de seguridad del Estado intervengan en funciones atribuidas a las policías autónomas podrá producirse a requerimiento del Gobierno autonómico o por propia iniciativa del central «cuando considere que está comprometido gravemente el interés general del Estado». En casos de especial urgencia, el Gobierno podrá adoptar la decisión que proceda, dando cuenta a las Cortes Generales, que podrán ejercitar las competencias constitucionales correspondientes.
Las funciones de las policías autónomas serán, entre otras, proteger a las autoridades y funcionarios de las comunidades autónomas; asegurar el cumplimiento de las disposiciones de los órganos autonómicos; vigilar y proteger edificios, instalaciones, bienes y derechos, y colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado.
La Comisión Constitucional deberá designar la ponencia que informará la proposición de ley socialista sobre el defensor del pueblo, primera de las leyes de desarrollo constitucional promovida por la oposición con el consentimiento de UCD.
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