La CEE se juega su futuro en la "cumbre" de Dublín

«Ser o no ser», he aquí el problema al que se enfrentan los jefes de Gobierno de la Comunidad Económica Europea (CEE), que inician hoy una cumbre de dos días, de trascendental importancia para el futuro del Mercado Común. Porque del resultado de esta cumbre va a depender en buena parte, no solamente el funcionamiento inmediato de la comunidad, sino también su propia supervivencia.

La reunión, que comienza a las tres de la tarde en el castillo de Dublín -una impresionante fortaleza en el centro de la ciudad que fue la residencia del gobernador general británico en Irlanda-, irónicamente, no tiene carácter extraordinario. Se trata, simplemente, de una de las tres conferencias anuales previstas entre los primeros ministros de los países de la CEE.Sin embargo, promete ser una de las más dramáticas desde la fundación de la Comunidad, en 1956, y todos los dirigentes que participan en ella no ocultan su preocupación

Uno de los miembros más importantes, Gran Bretaña, ha declarado por boca de su portavoz más autorizado, la primera ministra Margareth Thatcher, que si el Mercado Cómún no da satisfacción a sus demandas, está dispuesta a «romper la baraja».

¿A qué se debe esta posición intransigente del Reino Unido? Sencillamente a una contribución al presupuesto comunitario que los británicos consideran escandalosa. O, para emplear las propias palabras de la señora Thatcher, «una contribución económicamente injusta y políticamente inaceptable».

Y si se juzga sólo por la aritmética, Gran Bretaña tiene razón. Si se mantienen los baremos actuales, el Reino Unido tendrá que pagar el próximo año la exorbitante cantidad de 1.200 millones de libras (unos 200.000 millones de pesetas). Si a esto se añade el coste de las importaciones de productos alimenticios de la CEE, Inglaterra terminará en 1980 con una pérdida neta de 1.3013 millones de libras, entre lo que paga y lo que percibe.

Apoyo peligroso

La señora Thatcher acude a Dublín con el apoyo total de todo el espectro político británico y de su opinión pública. Pero esto, que evidentemente constituye una ventaja a efectos de respaldar su posición negociadora, tiene también sus inconvenientes, desde el punto de vista de la política interna, ya que la oposición y los sindicatos han advertido a la primera ministra que no aceptarán que Gran Bretaña negocie su contribución presupuestaria a costa de temas no negociables, como es el petróleo del mar del Norte, las exportaciones de cordero al continente y la ampliación de los derechos pesqueros comunitarios en aguas británicas.

Por eso, el apoyo puede rebotar como una pelota en un frontón en contra de la señora Thatcher. Y de ahí la dificultad para llegar a un acuerdo si las peticiones inglesas no son atendidas en su totalidad, o casi en su totalidad o lo que significa una reducción de 1.000 milloríes de libras en la contfibución británica al presupuesto europeo.

La posición inglesa sólo es compartida de corazón, por Italia, que tiene el mismo problema, y por Alemania, que se da cuenta de las desastrosas consecuencias para la Comunidad que resultarían de un boicot o de una retirada inglesa del Mercado Común. El resto de los países, y especialmente Francia, acusan a Londres de no entender los ideales comunitarios y de tratar de simplificar los problemas a una simple operación de suma y resta.

Acusaciones comunitarias

Los países europeos acusan a Gran Bretaña, por ejemplo, de venderles el petróleo del mar del Norte a precios superiores a los más caros de los países árabes. Igualmente se quejan de las trabas que encuentran sus flotas pesqueras para faenar en los bancos británicos, y aducen que aunque Francia se está saltando a la torera el Tratado ete Roma y una sentencia judicial en el tema del cordero, Inglaterra, a su vez, trata de exportar su carne de cordero a la CEE a precios de dumping, porque tiene asegurado su abastecimiento doméstico con las importaciones procedentes de Nueva Zelanda. Los deseos británicos son muy difíciles de satisfacer en su totalidad, porque cualquier reducción en la contribución de este país tiene que ser «prorrateada» entre el resto de los países comunitarios. Alemania, el país más favorable a las tesis británicas, está dispuesta a hacerse cargo de un porcentaje no especificado, pero que podría llegar hasta el 40%. Pero Francia sólo está dispuesta a conceder el 10%.

El presidente de la Comisión, Roy Jenkins, que celebró una reunión con la señora Thatcher el pasado lunes, cree que Gran Bretaña puede conseguir en Dublín una reducción equivalente a los 350 millones de libras. El resto podría obtenerse poniendo en funcionamiento un mecanismo corrector, aprobado por la Comunidad el pasad,o año, y cuyo fin es precisamente compensar los desequilibrios de este tipo.

Pero las cifras no son satisfactorias para el Gobierno británico, que ha declarado que no piensa conformarse,«con la mitad de la rebanada», lo que supone 500 miliones de libras.

Amenaza de boicot

De lo que no hay duda es de que Gran Bretaña habla en serio. Tan en serio que los funcionarios del Gobierno han preparado un plan para boicotear el funcionamiento del Mercado Común si los países de la Comunidad no se pliegan a sus peticiones. El plan contempla medidas legales dentro del Tratado de Roma, que Inglaterra podría tomar y que, caso de aplicarse, supondría una paralización total del mecanismo administrativo del Mercado Común. Caso de aceptarse este plan, supondría la repetición del boicot decretado por el general De Gaulle al Mercado Común en la década de los sesenta.

El plan está basado en los siguientes puntos: congelación de los precios agrícolas la próxima primavera, lo que supondría un caos en la política común agrícola; boicot británico a todas las reuniones a nivel ministerial; el veto de cualquier iniciativa comunitaria; la negativa a incrementar el presupuesto de la Comunidad, y, la más grave de todas, una retención en las contribuciones británicas al presupuesto común.

El semanario The Economist ha resumido de forma magistral la gravedad del problema. Si las demandas de la señora Thatcher son aceptadas, la Comunidad podría entrar en un período de progreso. La troika Schmidt-Giscard-Thatcher daría un nuevo ímpetu a una verdadera integración europea en los años ochenta.