Parlamento, Gobierno y Presupuestos del Estado

El debate presupuestario iniciado ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados y que continuará hoy plantea la discusión más pragmática de las que tienen cabida en un Parlamento. La teoría de la izquierda es que una Constitución que atribuye al Parlamento «el examen, enmienda y aprobación» de los Presupuestos, merece mayores atribuciones a los diputados que la mera discusión sobre los destinos de las cantidades, sin facultades para introducir modificaciones en lo que es decisivo para los Presupuestos del Estado; los gastos y los ingresos proyectados por el Gobierno.La posición del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, sobre esta materia, manifestada ayer a preguntas de EL PAIS, es que la elaboración de los Presupuestos corresponde hacerla en un régimen parlamentario, al Gobierno. En su opinión, dar

otras atribuciones a las Cámaras sería institucionalizar «un régimen de asamblea». El Parlamento, como en otros sistemas democráticos, ha de «tomar o dejar» el Presupuesto o, si lo estima conveniente, proponer una moción de censura contra el Gobierno, y en todo caso ejercer las funciones de control presupuestario, pero sin modificar nunca sobre la marcha las cifras del Presupuesto. Según esta interpretación, un Gobierno que cuenta con la confianza del Parlamento, ha de tener autonomía suficiente para decidir sus gastos e ingresos o, de lo contrario, el Parlamento debe retirarle esta confianza para que sea otro Gobierno el que elabore los Presupuestos del Estado.En el fondo de esta argumentación política subyace una razón técnica también desvelada por el ministro de Hacienda: la capacidad de maniobra que permiten los Presupuestos no pasa de un 10% de su importe, ya que la inmensa mayoría de los gastos presupuestarios están ya comprometidos por el Gobierno antes de que las Cámaras den su aquiescencia a los mismos.

El señor García Añoveros considera que la oposición cumple su papel de solicitar mayores gastos y menores ingresos, pero estima que muchas de las proposiciones legislativas, tanto de la izquierda como de la derecha, se realizan sin un estudio financiero previo, con lo que se impide su encaje presupuestario adecuado. Asimismo, el responsable gubernamental de los Presupuestos estima que tanto el propósito de la izquierda, de aumentar el déficit presupuestario a base de incrementar los impuestos, como la tendencia de la derecha, a reducir el gasto público, son racionalmente rechazables por el Gobierno, que estima que la cifra de 290.000 millones de pesetas de déficit de los actuales Presupuestos para 1980 es la ajustida a la realidad económica de nuestro país en este momento.