Juicio contra 219 guerrilleros colombianos

Ayer por la mañana se inició, en la capilla de la cárcel de La Picota, en la capital colombiana, el juicio militar contra 219 personas, acusadas de pertenecer al movimiento guerrillero 19 de Abril (M- 19).El M- 19 es una organización que Surgió en el año 1970 de las filas de la Alianza Nacionalista Popular (Anapo), movimiento que acaudillaba el general y ex presidente Gustavo Rojas Pinilla.

Los partidarios de Rojas Pinilla denunciaron fraude en las elecciones de 1970, en las cuales, según las cifras oficiales, el conservador Misael Pastrana Borrero venció por apretado margen a Rojas Pinilla.

Las actividades del M- 19 se han realizado bajo las características de la guerrilla urbana, y su acción más espectacular se concretó el primer día de 1979, cuando un comando de esa organización penetró, a través de un túnel, en el regimiento militar de Usaquén, al norte de la capital colombiana, e incautó, aproximadamente, 5.000 armas pertenecientes al Ejército.

Fuerte represión gubernamental

Precisamente esta acción fue la que desató la mayor represión oficial hacia el M-19, a raíz de lo cual se produjeron las detenciones de las personas que ayer comenzaron a ser juzgadas.De acuerdo con una reciente norma del poder ejecutivo, durante el juicio castrense al M-19 no se leerá en forma pública el sumario que contiene las acusaciones, sino en aquellas partes que sean pedidas expresamente por el fiscal.

Los abogados defensores no tienen derecho a solicitar la lectura pública del documento, pero sí pueden leerlo ellos mismos durante el transcurso de su intervención.

Dicha disposición ha sido impugnada ante la Corte Suprema de Justicia. También existe actualmente un recurso de inconstitucionalidad contra los propios juicios militares, en el caso del encausamiento de civiles.

Dicha demanda de inconstitucionalidad cuenta con el concepto positivo del procurador general de la República, Guillermo González Charry. De hallar eco entre los magistrados de la nación, la inconstitucionalidad de los juicios castrenses adelantados contra civiles dejaría sin base jurídica lo actuado en el último año y medio por la justicia militar, los condenados podrían quedar en libertad.