Los técnicos auguran corta vida al mar Menor

En el orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados que hoy comienza figura una proposición de ley formulada por el diputado socialista por Murcia, Ciriaco de Vicente, en la que se solicita la declaración del mar Menor y sus riberas como parque natural y la elaboración de un plan de saneamiento integral. En círculos socialistas no se ocultan las dudas sobre la posibilidad de que prospere la proposición, pese a que los técnicos coinciden en señalar que al mar Menor le queda una muy corta vida -cinco o diez años-, de mantenerse la situación actual.

Este año los pescadores de San Pedro del Pinatar, principal puerto pesquero de la zona, se lamentan de que sus capturas de mújol, el pescado más abundante en el mar Menor, han descendido de forma inquietante. En los nueve primeros meses del año sólo habían sido capturados 11.000 kilos. Diez años antes, la cantidad era cinco veces mayor: de los 250.000 kilos capturados en 1968 se pasó a 133.000 en 1978, y este año difícilmente se van a alcanzar los 15.000 kilos.Pero no son sólo los problemas de la pesca los que afectan a la mayor laguna del litoral español (170 kilómetros cuadrados). La suertel del mújol y el langostino está estrechamente ligada a la especulación del suelo, al deterioro evidente del espacio natural, a la contaminación -que en algunos puntos supera los techos de una legislación, por otra parte, poco exigente-, al calado cada vez menor de las aguas, al deterioro de las dunas y de la vegetación próximas y a la invasión por particulares de las zonas marítimas.

El presidente del Consejo Regional, Enrique Ferrer, expresó recientemente su temor de que el mar Menor se haya perdido antes de cinco años. El delegado provincial de Sanidad, Angel Fernández, ha manifestado, por su parte, que, según informes técnicos, la subsistencia de la laguna podría inquietar en un plazo de diez años.

Durante el pasado mes de septiembre las agrupaciones socialistas de Cartagena, La Unión,Torrepacheco, San Javier y San Pedro elaboraron un documento, llamado Manifiesto del mar Menor, en el que se solicitaba un plan de ordenación y gestión del territorio, en cuya elaboración participarán los ayuntamientos y los vecinos afectados, y se adelantaban a pedir la declaración de espacio natural protegido para la zona.

El manifiesto solicitaba también el mantenimiento de la actual línea de costa, que en algunos casos ya no es la original; proponía que las salinas recibieran la consideración de parte integrante del mar Menor, del que fueron separadas artificialmente, y que se impidiera que fueran convertidas en solares. Se solicitaba de la Administración un informe público sobre los tramos de la costa y aguas que están excluidas del régimen general de bienes de dominio público y las circunstancias y motivos que legitiman esta exclusión (la zona registra un elevado nivel de urbanización por sociedades privadas).

En lo sucesivo, el manifiesto abogaba por una limitación de las concesiones administrativas para uso o beneficio privado y, en cualquier caso, que se exigiera el respeto al paisaje.

Pocas semanas después de este manifiesto entraba en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley formulada por el diputado del PSOE por Murcia, Ciriaco de Vicente, en la que se solicita la declaración del mar Menor y sus riberas como parque natural y la elaboración de un plan de saneamiento integral. La proposición abunda en los puntos anteriormente señalados y basa su solicitud en los artículos 45 y 132 de la Constitución, destacando que el mar Menor posee una fauna y flora singulares y que constituye un punto clave en el paso de aves migratorias. A la vez recuerda que está incluido como zona húmeda en el inventario de la Unesco y en el del World Wild Found.

El señor Ciriaco de Vicente propone un calendario pormenorizado de actuaciones con una duración máxima de diez meses, contados desde la fecha de declaración de la zona como espacio natural, y, al amparo del artículo 148 de la Constitución, estima que procedería quella gestión corriera a cargo del Consejo Regional murciano a través de un patronato.