Las medidas de retorsión pueden desembocar en una guerra económica sin precedentes

El conflicto político-económico entre Estados Unidos e Irán alcanzó ayer su cota máxima con la decisión del ayatollah Jomeini de retirar de los bancos norteamericanos todos los fondos, activos Y financieros de propiedad iraní, y con la subsiguiente medida del presidente Carter de congelar todos los depósitos bancarios y bienes públicos iraníes en Estados Unidos.

La decisión iraní, tomada como respuesta -en palabras de¡ ministro de Asuntos Exteriores, Bani Sadr- a la suspensión, por parte norteamericana, de las importaciones petrolíferas estadounidenses, fue anunciada por la mañana en Teherán y explícitamente ordenaba el traslado de los depósitos bancarios iraníes en Estados Unidos a bancos e instituciones de crédito propiedad de «países amigos o que tienen buenas relaciones con Irán».La medida del Gobierno islámico iraní cayó como un terremoto en medios oficiales norteamericanos y entre la comunidad financiera y bancaria estadounidense. El presidente Carter, por vez primera desde que se desencadenó la crisis con el secuestro de 62 rehenes en la embajada norteamericana en Teherán, invocó el precedente jurídico de que tal decisión representaba una «amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos», extremo que, según muchos observadores, podía , desembocar en una guerra económica sin precedentes en los tiempos modernos.

Por su lado, la comunidad bancaria norteamericana, principal afectada por la medida iraní, reaccionó con calculada frialdad ante la noticia, transmitida originalmente por la agencia Reuter. John McGillicudy, presidente del Manufacturers Hannover Trust, uno de los bancos directamente afectados, declaró ayer en Madrid, en una comida en la Cámara de Comercio americana, que consideraba tal medida como desproporcionada, y señaló que de llevarse efectivamente a la práctica, sería exclusivamente «temporal», ya que los principales perjudicados serían los iraníes y el Gobierno islámico.

El banquero norteamericano expresó su opinión de que la decisión iraní era de difícil realización, ya que dichos fondos terminarían por regresar a los bancos estadounidenses, debido a lo complicado del sistema financiero mundial.

En cualquier caso, la invocación por el presidente Carter del Acta de Poderes de Emergencia en Tiempos de Paz, de 1971, ley que todavía no ha sido usada por Washington en ninguna circunstancia, daba una idea de la gravedad de la crisis desencadenada entre Estados Unidos e Irán. Simultáneamente, Carter declaraba el «estado de emergencia» en Estados Unidos, situación que le permite actuar libremente sin una autorización explícita del Congreso, y que, en términos jurídicos, sólo es superada por una declaración oficial de guerra.

Interpretaciones jurídicas

La retirada de los fondos iraníes de los bancos norteamericanos, más que un efecto inmediato sobre el sistema financiero estadounidense, significa la primera aplicación de una amenaza que ha estado pesando, y ha sido muchas veces enarbolada como arma política sobre Estados Unidos. En este sentido, la rápida reacción de la Casa Blanca da una idea del efecto con que tal medida, de ser adoptada a nivel global por otros países, sería recibida en Washington.

Históricamente, y tras el embargo petrolífero por los países árabes en 1973, dicha amenaza sólo había tenido visos de convertirse en realidad dentro del contexto del conflicto de Oriente Próximo. Sin embargo, ningún país árabe jamás ha ejercitado un aparente derecho de este tipo, en parte debido a las veladas amenazas de Washington de que medidas de esta clase serían consideradas como virtuales declaraciones de guerra económica, y sujetas, por tanto, a represalias de similar magnitud por el lado norteamericano.

En 1975, sin embargo, el entonces secretario norteamericano de Estado, Henry Kissinger, en una famosa intervención, dio un paso adelante en la definición de esta política al señalar que incluso un embargo petrolífero similar al llevado a cabo en 1973 por los países árabes podría ser considerado casus belli por Estados Unidos. La reacción norteamericana, primero al embargo petrolífero iraní, y después a la retirada de fondos, certifica que dicha política se mantiene vigente.

Aunque parecen existir diferentes interpretaciones en torno a las repercusiones económicas de la medida iraní, se calcula que unos 12.000 millones de dólares de procedencia o propiedad oficial iraní se encuentran depositados en bancos norteamericanos. Esta primera cantidad, citada por el responsable de la política exterior iraní, Abol Hassan Banisadr, ha sido oficialmente desmentida por Washington, que se ha apresurado a especificar que la cantidad no supera los 5.000 millones de dólares.

Repercusiones económicas

Según la agencia Reuter, la mayor parte de los fondos públicos iraníes (los privados, incluidos los del sha, no están afectados por la congelación ordenada por Carter) se encuentran depositados en el Chase Manhatan Bank, tanto en sus oficinas norteamericanas como en el extranjero. No obstante, aunque tal cantidad, según fuentes bancarias norteamericanas, es desproporcionada, no se descarta que, en su totalidad, es decir, considerando los depósitos y activos bursátiles, esta cifra sea razonable.

La congelación ordenada por Carter, aparte de haberse justificado como medida de defensa en caso de peligro nacional, ha sido interpretada por medios financieros como una garantía mínima de los créditos que tanto los bancos como el Exinbank (Banco de Exportación e Importación estadounidense) han concedido a Irán en los últimos años. No hay que olvidar que fue la industria armamentista norteamericana, con créditos oficiales, la que armó al Ejército del sha con el material más moderno y sofisticado que existe en aquella parte del mundo. Simultáneamente, Irán ha sido uno de los paraísos de inversión norteamericana durante los años en que reinó el sha.

La deuda acumulada por el sha

Fuentes financieras internacionales señalaban ayer que el Estado iraní, debido a los compromisos acumulados por el sha, tiene una deuda contraída con sectores públicos y privados norteamericanos que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares. Esta cifra, a juicio de algunos banqueros, parece también excesiva, pero existen algunos expertos que señalan muy bien se podría alcanzar si, en el caso supuesto de un enfrentamiento total entre Washington y Teherán, todas las propiedades norteamericanas en Irán fueran nacionalizadas.

Efectos en el mercado de petróleo

Las mayores repercusiones de la nueva crisis iraní se registrarán ahora en el mercado petrolífero. Como consecuencia del nuevo paso dado en el enfrentamiento, el Gobierno iraní ordenó ayer que ningún barco norteamericano, o de compañía norteamericana, con destino a Estados Unidos, fuera cargado de petróleo en los puertos iraníes. Esta posibilidad se había dejado excluida de los embargos mutuos decididos el día anterior y su aplicación implica que a los 700.000 barriles diarios que Washington recibía directamente de Irán, hay que añadir ahora otro tanto que se canalizaba por entregas indirectas de compañías.

Este último factor quiere decir que Washington tendrá que buscar casi un millón y medio de barriles diarios de petróleo en otros mercados diferentes al iraní y que, en teoría, casi un 8% (y no un 4%, como se preveía) de las necesidades externas norteamericanas de petróleo se habrán visto afectadas por el conflicto.