Polémica en Sevilla en torno a supuestas deficiencias en el control municipal sobre los alimentos

«Yo reafirmo que tengo indicios suficientes de que ha habido obstrucciones en la tramitación de algunas denuncias y estoy dispuesto a investigarlas», declaró ayer a EL PAIS el concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Fernández Floranes (PSOE), en relación con la polémica levantada por sus manifestaciones favorables a un mayor control municipal de los alimentos consumidos por los ciudadanos. La denuncia ha sido replicada duramente por el delegado territorial de Sanidad y Seguridad Social, Juan Ramón Zaragoza.Fernández Floranes había criticado la existencia de presuntas irregularidades en el procedimiento normal de determinadas denuncias sobre sanidad e higiene de los alimentos y la incompatibilidad en que incurrían, a su juicio, numerosos inspectores afectos a la Jefatura Provincial de Sanidad y que trabajan, al mismo tiempo, al servicio de empresas particulares del sector alimenticio. «En estas condiciones el Ayuntamiento no puede ofrecer a los sevillanos ninguna garantía de sanidad en los alimentos», dijo el concejal socialista.

En su opinión, el problema tiene su origen en la falta de delimitación clara de las competencias que en esta materia corresponden al Ayuntamiento y a la Jefatura de Sanidad, lo que provoca incluso pérdidas económicas a la Corporación municipal, ya que deja de percibir ingresos que en buena lógica le corresponderían.

En su respuesta, el delegado territorial, Juan Ramón Zaragoza Rubira, ha puntualizado que en materia sanitaria Sevilla es un municipio exento, es decir, que todas las competencias en este aspecto -incluyendo el control de alimentos y la facultad de decomiso cuando se encuentren en mal estado- corresponden por entero al Ayuntamiento. «Si existen irregularidades y obstrucciones en la inspección sanitaria municipal, es el propio organismo quien debe resolverlas para garantizar una función que le es propia», señaló el doctor Zaragoza.

Con relación al tema de las inspecciones, la delegación territorial ha explicado que de los nueve veterinarios destinados en ella, cuatro realizan funciones de intervención sanitaria en nueve empresas privadas «que lógicamente nunca han sido inspeccionadas por ellos mismos» y que no existe incompatibilidad legal entre ambos cargos. Se da la circunstancia de que veintidós de los veinticinco veterinarios que trabajan para el Ayuntamiento lo hacen también para empresas privadas.

Por último, Juan Ramón Zaragoza -que se extraña de que estas declaraciones hayan sido hechas por el concejal de Hacienda y no por el de Sanidad- aclara que su delegación sólo actúa como oficina recaudatoria del Ministerio de Hacienda, al que se remite el importe de las tasas reguladas por el decreto de marzo de 1969. «Estimamos penoso que se hagan declaraciones poco rigurosas a la opinión pública creando problemas de competencias, cuando lo que se precisa es trabajar al unísono la sanidad municipal y la estatal», concluía la nota informativa oficial.