Los certificados de buena conducta serán sustituidos por los de antecedentes penales
El Pleno del Senado aprobó ayer una proposición de ley del senador socialista Rafael Nadal, por la que se sustituyen los actuales certificados de buena conducta, que hasta ahora expiden las comisarías de policía y los puestos de la Guardia Civil, por el certificado de antecedentes penales y una declaración complementaria que el propio interesado hará en determinados casos ante los ayuntamientos o gobiernos civiles, a su elección.
En su origen, la proposición pretendía que tales certificados fuesen expedidos por los alcaldes, si bien el mismo proponente opinaba que el ideal sería suprimirlos. De cualquier forma, señaló el señor Nadal que la ley conserva la esencia de su proposición, aunque tenga otras formas. El portavoz del Grupo Socialista, lrizar, resaltó la arbitrariedad de los actuales certificados de buena conducta y la necesidad de esta ley. Afirmó que, de todas formas, su grupo no se encuentra plenamente satisfecho con ésta, porque lo que pretende es la desaparición de los certificados en cuestión, y en este sentido opinó sobre la declaración personal complementaria «que es como un certificado que se hace uno a sí mismo».En esta declaración, según la ley aprobada, el interesado deberá indicar si se encuentra inculpado o procesado, si se le ha aplicado medida de seguridad, si está implicado en procedimiento fundado en la ley de Peligrosidad Social, si ha sido condenado en juicio de faltas en los últimos tres años o, en el mismo plazo, si ha sido multado por la autoridad gubernativa. No habrá que declarar las sanciones por hechos amnistiados o indultados.
Manuel Villar Arregui, de UCD, sostuvo que los certificados de buena conducta desaparecerán con esta ley, sustituidos por la declaración, necesaria para determinados casos en que no bastan los antecedentes penales negativos. «Lo que queda claro es que en, adelante ningún funcionario puede juzgar sobre la conducta de un ciudadano, salvo los tribunales», dijo. La ley fue aprobada por unanimidad.
En la misma sesión fue rechazada, en virtud del voto negativo de UCD, otra proposición socialista que pedía que el Gobierno remitiese a las Cortes un proyecto de ley para regular la situación de los auxiliares de farmacia. La falta de acuerdo se debió a que UCD, aunque aceptaba la necesidad de regular las condiciones de estos, trabajadores, no consentía de ninguna manera que hubiese de ser obligatoriamente por ley, ya que consideraba que la norma de este rango comportaría un encorsetamiento excesivo.
Mientras los socialistas afirmaban que los auxiliares de farmacia no pueden estar como dependientes de ultramarinos, sino que se les debe equiparar a los auxiliares sanitarios, el portavoz centrista, Francisco Villodres, tras infructuosos intentos de negociación, dijo que su grupo aceptaría la proposición si se sustituía la expresión «proyecto de ley» por «norma de rango adecuado», a lo que Juan José Laborda, portavoz socialista, replicó que aceptaban que se cambiase la ley por un decreto-ley.
UCD sostuvo que la regulación no debía de ser de rango legal y, tras cinco minutos de suspensión del Pleno para intentar una nueva negociación, Laborda ofreció una fórmula que dijese que el Gobierno regulará mediante la norma adecuada, «sin perjuicio de los aspectos que deban ser regulados por ley». UCD no aceptó esto y la proposición fue votada en su redacción original y derrotada por 75 votos en contra y 51 a favor.
Por unanimidad, en cambio, fue aprobada otra proposición socialista para que los ayuntamientos puedan contratar a personas que cobran el subsidio de desempleo. El senador Ferrer, del Grupo Socialista Catalán, advirtió que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros en el mismo sentido aparecía ayer en el Boletín Oficial del Estado.
