El Presupuesto del Estado

TERMINADO EL primero de noviembre el período de presentación de enmiendas, el Congreso de los Diputados empezará a discutir el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1980. El presupuesto representa, aproximadamente, el 50% de los gastos de las administraciones públicas; el otro gran protagonista es la Seguridad Social y, con una importancia menor, figuran los organismos autónomos, administrativos y las corporaciones locales. (No se incluyen a las empresas del INI entre las integrantes de las administraciones públicas en este comentario.) El conjunto de las administraciones públicas tuvo en 1978 un presupuesto de gastos de 3.240.000 millones de pesetas, frente a los 11.287.945,2 millones de pesetas que supone el PIB (valor total de los bienes y servicios producidos en el interior del país); es decir, que los gastos de las administraciones públicas suponen un 28,7 % de todo lo que se produce -o se gasta- en el interior de España. En definitiva, la responsabilidad de los señores diputados es importante, como también son importantes estos dos datos iniciales. En 1978, los gastos de inversión de las administraciones públicas (430.000 millones de pesetas) sólo ascienden al 13% del total, y los gastos de personal, junto al material corriente que necesitan para su tarea, se elevan a 1.326.000 millones de pesetas; es decir, un 41 % del total de los gastos.El tercer gran renglón de gastos está formado por las transferencias (el restante 47% del total) para el pago de pensiones, seguro de desempleo, etcétera. En definitiva, los gastos de inversión son bastante raquíticos, y el gasto en personal para efectuarlos y transferir renta de unos ciudadanos a otros merece, por su cuantía, una seria reflexión en estos momentos de escasez energética y de necesaria utilización racional de los recursos de un país.

El documento presupuestario -es decir, el del Estado-programa un déficit inicial de 290.000 millones de pesetas, mientras los ingresos ascenderán a 1.994.000 millones, y los gastos se prevén alcancen los 2.284.000 millones, El déficit programado es ligeramente inferior al que se espera alcanzar en 1979, que oscilará alrededor de los 300.000 millones de pesetas.

El incremento de los gastos corrientes (personal, material y transferencias), programado en unos seis punto, mayor que el PIB, y de nuevo los gastos de inversión, sor los que sufren lo que parece imposibilidad material de contener el aumento de los gastos corrientes. No obstante en relación con los gastos efectivamente realizados en 1979, el crecimiento de los gastos corrientes del Presupuesto del Estado no llega al 17 %, y los gastos de inversión sobre la misma base crecen ligeramente por encima de los gastos corrientes.

El mayor aumento corresponde a las transferencias, que crecen un 39%, siendo su destino la Seguridad Social, las corporaciones locales y organismos, antes dependientes de la Seguridad Social, que han pasado a ser organismos autónomos dependientes del Estado (universidades laborales, por ejemplo). Se da la circunstancia de que mientras la sociedad española acusa una creciente «insatisfacción» ante los servicios facilitados por las corporaciones locales y la Seguridad Social, estas entidades, ante la insuficiencia de los ingresos -o el mal uso de sus gastos-, han de acudir en cuantía importante en ayuda del Estado.

En marcha una reforma fiscal que ha supuesto la intensificación de la presión fiscal destinada a cubrir prácticamente los mayores gastos de la Seguridad Social y de las corporaciones locales, parece'necesario plantearse una reforma del gasto público en profundidad, ya que la situación económica no permite seguir aumentando la presión impositiva al ritmo que se ha hecho estos últimos años (aun cuando, pese a todo, es previsible que esta presión se siga intensificando en el área de los impuestos locales), si realmente no se quiere poner en situación todavía más dificil a las empresas. Antes de seguir apretanto los tornillos fiscales y que continúen las transferencias del Estado a la Seguridad Social, debe plantearse una contención en sus gastos y una reforma en alguna de sus prestaciones. La existencia de un fraude generalizado, la dilapidación de recursos, la mala gestión, son hechos confesados por todo el país. Los trabajadores y empresarios -representandos en los órganos de control de la Seguridad Social-, de un lado, y de otro, el Parlamento, tienen que ejercer no sólo un mayor control del gasto, sino una reforma a fondo de éste. La aplicación de técnicas presupuestarias de base cero, que el Gobierno ha prometido en el PEG (empezar a programar el presupuesto una vez fijadas previamente las necesidades), haciendo tabla rasa de las corruptelas presupuestarias del pasado, parece, en ese contexto, absolutamente ineludible.

También las corporaciones locales han de sufrir un proceso similar. Sí es necesario cubrir los déficit sociales en ese campo, hágase en buena hora, pero reduciendo el gasto inútil para que el gasto no crezca de forma incontrolada. Si en una primera fase los concejales de izquierdas han conseguido hacer conocer al país la situación caótica en que habían dejado las arcas municipales anteriores corporaciones, es necesario ahora una actuación decidida en la reforma del gasto. En ese campo, donde debe probarse lo que pueden hacer unas nuevas corporaciones que, si es necesario, deben resistir presiones y cacicazgos, aun cuando provengan de funcionarios afiliados a centrales que les son afines. La aplicación de técnicas presupuestarias de base cero anunciada por la Generalitat de Cataluña y contemplada no con buenos ojos, quizá porque se ha contratado con una empresa extranjera, parece, pues, absolutamente justificada.

Quizá algunos pueden plantearse si es factible, con los medios técnicos y humanos disponibles, continuar la reforma fiscal en curso e iniciar simultáneamente la reforma del gasto público. No sólo pensamos que ambas tareas son compatibles, sino que es obligado el hacerlo y que existe suficiente número de funcionarios como para hacer frente a las mismas, siempre que los responsables de los distintos ministerios comprendan lo que se traen entre manos y se reduzca un mínimo la ineficacia administrativa. Si vamos a exigir al contribuyente el pago de mayores impuestos, es necesario darle a cambio servicios, gastando el dinero seriamente y borrando así la idea, hasta hoy muy comprensible, de que el dinero de esos contribuyentes se dilapida.