Comienza el debate del Estatuto de Centros Docentes

Hoy se debate en la Comisión de Educación del Congreso la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de estatuto de centros docentes no universitarios y, en el caso de que resulte derrotada, se procederá a la constitución de la correspondiente ponencia.Este texto legal requiere la mayoría absoluta para su aprobación, puesto que tiene carácter de ley orgánica que desarrolla preceptos constitucionales.

Miembros del equipo directivo del Ministerio de Educación explicaron ayer a los informadores su posición ante este proyecto de ley, cuya defensa en la sesión parlamentaria de hoy ha sido encomendada al diputado de UCD Oscar Alzaga.

El jefe del gabinete técnico del departamento, Teófilo González Vila, resaltó la importancia de esta ley, «que supone la superación de la ambigüedad que hizo posible el consenso en el artículo 27 de la Constitución», y descartó la posibilidad del mantenimiento a ultranza de dicho consenso, «puesto que en este terreno las posiciones son no solamente divergentes, sino, en cierto modo, contrapuestas».

La inviabilidad del consenso en torno a este proyecto de ley es posiblemente la mejor definición que podría darse del ambiente previo a su discusión parlamentaria.

Que no haya consenso ni en este ni en el proyecto de ley de financiación de la enseñanza obligatoria es la petición explícita que los empresarios de la enseñanza no estatal, agrupados en la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), han formulado a UCD y a sus eventuales aliados parlamentarios. Similar rechazo del consenso ha sido reiteradamente expresado por la Confederación Católica Nacional de Padres, que ha acusado muchas veces al Gobierno de UCD de ser demasiado ambiguo a la hora de convertir en realidad sus promesas electorales en torno al concepto de libertad de enseñanza.

Por otra parte, en un coloquio celebrado la semana pasada en la casa del pueblo de la agrupación socialista de Ciudad Lineal, el diputado Luis Gómez Llorente manifestó que el consenso en torno cualquiera de los dos proyectos legislativos citados «sería una verdadera aberración política».

Los socialistas enmiendan la totalidad del proyecto porque lo consideran anticonstitucional. El partido centrista rechaza esta motivación basándose en la propia ambigüedad del artículo 27 de la Constitución, en cuya redacción estuvieron de acuerdo grupos políticos que sostienen concepciones muy diversas de la educación lo que, a juicio del citado señor González Vila, «es la mejor prueba de que con este texto todos los grupos pensaban que podrían luego plasmar en la realidad sus peculiares concepciones de la enseñanza