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Pleno del Congreso

El ministro de Industria ratifica la decisión del Gobierno sobre la central nuclear de Valdecaballeros

El ministro de Industria y Energía, Carlos Bustelo, en respuesta a sendas interpelaciones socialista y comunista contra la autorización de la central nuclear de Valdecaballeros (Badajoz), ratificó ayer en el Pleno del Congreso la voluntad del Gobierno de continuar con su proyecto de construcción. Juan Rodríguez (PSOE) criticó duramente al ministro y le acusó de chantaje por advertir a los extremeños que si no aceptan la central perderán determinadas compensaciones económicas. Le acusó también de «despotismo ilustrado», expresión a la que Ramón Tamames (PCE) le suprimió lo de «ilustrado».La mayor parte de la sesión vespertina se dedicó -ante un hemiciclo semivacío- a interpelaciones y preguntas al Gobierno que produjeron la subida a la tribuna de oradores de un total de siete ministros, uno de los cuales el titular de la cartera de Industria y Energía, tuvo que responder a cuatro interpelaciones.

En relación con la construcción de la central nuclear de Valdecaballeros intervino en primer lugar el socialista Juan Rodríguez Ibarra, quien lamentó que el ministro de Industria considerara ignorante al pueblo extremeño al estimar que no está preparado para el referéndum sobre la citada central. Le tildó de autoritario y declaró que su actitud era de despotismo ilustrado, así como que está contribuyendo a subvertir Extremadura. Aseguró que la construcción de la central nuclear está relacionada con intereses capitalistas nacionales y multinacionales. Añadió que decir a un pueblo como el extremeño, que padece hambre física, que o se queda con la central de Valdecaballeros o se le suprimen determinadas compensaciones económicas, «sólo tiene un nombre: chantaje».

El diputado comunista Ramón Tamames explicó las razones técnicas para rechazar el emplazamiento de dos grupos de producción nuclear de energía eléctrica en Valdecaballeros y aseguró que está por ver que el despotismo del señor ministro sea ilustrado. Solicitó que la decisión de construir la central sea retirada mientras no se produzcan pronunciamientos más claros sobre la economía extremeña y sobre la seguridad de la energía nuclear en general y de la central de Valdecaballeros en particular.

El ministro de Industriay Energía, Carlos Bustelo, califico de indocumentada y poco seria la intervención del señor Rodríguez, y negó algunas de las afirmaciones que se le atribuyen. A su vez, atribuyó a franquismo residual la afirmación de que el Plan Energético Nacional era decisión suya, cuando se trata de un desafío para toda la sociedad española.

El señor Bustelo ironizó sobre el supuesto nuevo pacto PCE-PSOE para crear un frente antinuclear. En cuanto al proyecto de la central nuclear, aludió a los efectos positivos de su construcción y al marco de seguridad existente, tras el período de información pública legalmente establecido. Añadió que no era posible congelar el proyecto y que esperaba la colaboración de la Junta de Extremadura y de todo informe técnico, que sería bien recibido, en la confianza de que coincidirá con los que obran en poder del Gobierno, desde antes de tomar su decisión. Anunció que el proyecto de ley sobre el consejo de seguridad nuclear está ya en las Cortes y pedirá su tramitación urgente. Destacó que los análisis de seguridad realizados hasta el momento siempre dieron resultado positivo, si bien el proyecto no impedirá incorporar nuevos modelos de seguridad.

El interpelante socialista se mostró insatisfecho con la respuesta gubernamental y pidió concreción sobre la existencia o no de riesgo, la decisión de construir y el hecho de si va a haber o no referéndum. Aseguró que la central de Valdecaballeros va contra los intereses nacionales.

Por su parte, Ramón Tamames dijo que las centrales no las autoriza el ministro de Industria, sino UNESA y el monopolio eléctrico, es decir, el Gobierno, en connivencia con las empresas.

El señor Bustelo dijo que en un Estado de derecho existen, como en este caso, recursos jurídicos contra la resolución del Gobierno. Acusó de incoherencia al PSOE y al PCE entre los planteamientos serios en la cúspide y la oposición en el momento de aplicar concretamente el PEN. Declaró que la suspensión del programa nuclear paralizaría nuestro desarrollo industrial.

La sesión plenaria concluyó con la aprobación prácticamente unánime, tras acuerdo entre UCD y PSOE, sobre la proposición no de ley defendida por el diputado socialista Ciriaco de Vicente, por la que se crea la cartilla sanitaria de la tercera edad. El mismo grupo retiró otra propuesta sobre establecimiento de medidas en defensa de la capacidad adquisitiva de las pensiones en favor de la asistencia médico-farmacéutica de los pensionistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de octubre de 1979