Nuestra pequeña palabra para la justicia

Alguien, malévolamente, ha comparado a la Administración de justicia con una tela de araña. En ésta sólo quedan atrapados los bichos débiles y pequeños; los grandes y fuertes la traspasan. No estamos de acuerdo con la metáfora, aunque en ella haya tal vez alguna partícula de verdad. Sin embargo, sí parece cierto que de un tiempo a esta parte la Administración de justicia, a nivel popular, se ha desacreditado de forma notable. Pensamos que es un dato que debe ser tenido en cuenta, un hecho para la reflexión.El hombre de la calle se pregunta a veces si también la justicia se tambalea. En este país de nuestros pecados, la erosión del tiempo ha dejado en cueros muchos valores que parecían intangibles. ¿Va a pasar lo mismo con la justicia?

El título VI de nuestra dolorida y flamante Constitución pone en sus once artículos las paredes maestras del poder judicial. Y ya está en marcha una ingente y apasionante tarea legislativa para adecuar a la letra y al espíritu de la Constitución toda la normativa por la que habrán de regirse los diferentes órganos del poder judicial. Es un buen momento para que todos los que propugnan una justicia eficaz, independiente, sana y democrática aporten su granito de arena. Los modestos funcionarios judiciales queremos también decir nuestra pequeña palabra.

1. Absoluta independencia. El poder ejecutivo, es decir, el Gobierno, debe renunciar, de una vez para siempre, sin ambages, a la tentación constante de meterla cuchara en el ámbito judicial. En esta materia, toda prudencia es poca. Se dice por ahí que a ningún Gobierno interesa la existencia de un poder judicial fuerte, independiente, unido. Trabajo cuesta aceptar que esa afirmación sea cierta, pero las sospechas son, por desgracia, demasiado indicativas.

Nuestra sociedad necesita una justicia lo más alejada posible de las esferas del poder, de toda clase de poder, sólo así se puede ser independiente hoy, mañana y pasado mañana. Por ejemplo: no se acaba de entender por qué en el artículo 124, número 4 de la, Constitución (¡de la Constitución!) se establece que «....el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el consejo general del Poder judicial». ¿Por qué ha de ser el Gobierno el que proponga, el que, en definitiva, se lleve el gato al agua? Antaño vimos cómo un secretario general del Movimiento era designado «fiscal general del Reino». Es decir, del puesto más politizado del Gabinete se pasó al que, teóricamente, se considera la más pura decantación de la Administración de justicia. Eso vimos antaño. Hogaño vemos cómo el partido en el poder coloca al frente de la Fiscalía General del Estado a un hombre que procede de sus filas. Mañana, tal vez, siga su ejemplo el PSOE o cualquier otro partido político. Es realmente triste constatar que estos usos políticos formen partenormal de la vida del país. Nos parece poco serio. Y que nos perdonen, «vive Dios», los inventores del consenso.

2. El farolillo rojo del presupuesto nacional. Todo el mundo sabe que España es, entre los países europeos, el que destina el porcentaje más bajo de su presupuesto a la Administración de justicia. Los medios materiales con que el poder ejecutivo subviene a los gastos de justicia son ramplones y cicateros. El personal que sirve a la Administración de justicia está mal retribuido, comenzando por los miembros de la carrera judicial y acabando en los ínfimos peldaños del personal subalterno. A ello se une la tenaza de la absoluta incompatibilidad que impide a los funcionarios buscarse legalmente ayudas en otras actividades, salvo las docentes, reservadas, lógicamente, a una pequeña élite.

¿Y qué decir de los medios materiales con que en España se administra la justicia? Más vale no meneallo. Y otro tanto cabría decir de tas leyes procesales, algunas de las cuales están realmente fosilizadas.

Las relaciones del ejecutivo con el poder judicial deben reducirse, única y exclusivamente, a dotarlo de un presupuesto suficiente y digno, de modo que las personas y las cosas de que el pueblo se sirve para asegurar su convivencia jurídica sean medios realmente eficaces para el noble fin que se les atribuye. Y esto no por benevolencia, sino por un imperativo social. A cambio de eso, el Gobierno no tiene derecho a exigir nada ni a reservarse atribuciones de ninguna clase. Tales atribuciones, aún vigentes algunas, sólo sirven para «tener sujetos por el morro» (así de claro) a quienes sirven a la justicia. Por estas razones y por otras, la independencia, la imparcialidad y la libertad genuina de los juzgados están siempre amenazadas.

3. La unidad de función de la Administración de justicia. No nos engañemos. Un modo infalible de debilitar al contrario es sembrar la división en sus filas: divide y vencerás. La historia reciente de España ofrece demasiados ejemplos, algunos bastante bochornosos, en lo tocante a la Administración de justicia. Actualmente, dentro de los diferentes órganos del poder judicial hay fisuras de gran calibre que malamente sirven al bien, común de la sociedad.

La penúltima intentona del Gobierno para sembrar la discordia dentro de la gran familia judicial la constituye la remisión al Congreso de los Diputados (27-9-1979) de un nefasto proyecto de ley por el que se independiza el régimen retributivo de los funcionarios al servicio del poder judicial. Dicho proyecto es tan disparatado, tan torpe y tan insensato que no hay persona con dos dedos de frente que sea moralmente capaz de justificar tamaña osadía del ejecutivo. En los pasillos del Congreso la repulsa ha sido airada y total. Diputados de la oposición nos han patentizado su indignación al conocek el proyecto. Y algunos diputados de UCD, avergonzados del engendro, se han cuestionado ya si están o no obligados en conciencia a seguir la disciplina de partido, en el caso de que la criatura llegara, tal cual, al Pleno de la Cámara.

Sencillamente es intolerable que, en el último tercio del siglo XX, un Gobierno sedicente democrático elabore un proyecto de ley en el que sólo se incluyen funcionarios con titulación universitaria (salvo pequeñísimas excepciones), dejando en la cuneta, sin dar explicaciones, a los oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia. Este país parece que no se curará jamás del mal de titulitis.

Con ser lamentable la osadía del poder ejecutivo, lo es más todavía el silencio complaciente de algunos sectores de la propia Administración de justicia. Dominados por un avestrucismo suicida, se resisten a sacrificar las propias mejoras, los privilegios y las prebendas, en aras de una justicia fuerte, unida, independiente, sin fisuras; en definitiva: en aras del bien común.