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ASTURIAS

Polémica sobre la coordinación de la asistencia sanitaria

La existencia de tres equipos de hemodinámica en la zona alta de Oviedo ha levantado una viva polémica sobre la conveniencia o no de renovar uno de ellos, concretamente el del Hospital General de Asturias, con la adquisición de material valorado en veinte millones de pesetas, y ha planteado la necesidad de coordinar racionalmente los tres centros hospitalarios: residencia sanitaria, Instituto de Silicosis y Hospital General.El pleno de la Diputación, de la que depende el Hospital General de Asturias, acordó la adquisición del equipo de hemodinámica, con los votos de los diputados socialistas, comunistas y algunos de UCD. El PCE de Asturias, en réplica a la denuncia formulada por ochenta médicos de la residencia sanitaria (véase EL PAÍS de 6-10-1979), afirma, en un escrito hecho público, defender una integración de la red sanitaria regional, y específicamente del Hospital General y la ciudad sanitaria de la Seguridad Social, y añade que la defensa y potenciación del Hospital General, así como la construcción de hospitales comarcales (en Cangas del Narcea, Navia-Luarca, etcétera) no es ajena a los intereses de la gran mayoría de la población, además de terminar con las listas de espera que inciden negativamente en el absentismo laboral.

Por su parte, el órgano de gestión del hospital, que preside la diputada comunista Laura González, justifica la compra del material para evitar el riesgo de desmantelamiento del servicio de cardiología, que pasaría a ser un servicio alicortado y dependiente, en la práctica, de la ciudad sanitaria, «lo que sería injusto para un servicio único en la región durante muchos años y que viene desarrollando una enorme labor asistencial (699 enfermos ingresados, 8.644 visitas ambulatorias, 265 enfermos ingresados en la unidad de coronarias, año 1978)».

La acusación de potenciar la medicina privada hecha por los médicos de la residencia sanitaria a los diputados de izquierda por apoyar la duplicidad de este servicio ha sido rebatida por el órgano de gestión del hospital, afirmando que el 65% de sus enfermos están afiliados a la Seguridad Social, el 15% son benéficos y sólo el 10% restante, privados.

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