Los suplicatorios, prueba política

Los principales partidos parlamentarios, con el gubernamental a la cabeza, se encuentran en un atolladero del que hoy deberían de salir, si bien las soluciones que se manejaron ayer en la Comisión de Suplicatorios no parecen demasiado brillantes políticamente. La concesión o denegación del suplicatorio contra los señores Monzón y Letamendía se ha convertido en una nueva prueba de fuego para el sistema, a escasas semanas del referéndum sobre el Estatuto Vasco.Al margen del silencio oficial con que se han recubierto los debates sobre este tema, lo que los grupos parlamentarios más significativos desean es que, antes del 25 de octubre, no sean encarcelados los dos diputados de Herri Batasuna, porque consideran que este hecho aumentaría el nivel de abstención en el referéndum, postura que patrocina la citada coalición abertzale.

Teniendo en cuenta que ha sido agotado el plazo para la concesión del suplicatorio y el funcionamiento habitualmente lento de la justicia, lo normal habría sido que las diligencias judiciales consiguientes a la concesión del suplicatorio se demoraran hasta después del 25 de octubre. Sin embargo, el Parlamento tuvo conocimiento de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, competente en el caso, estaría predispuesta a actuar de inmediato con el máximo rigor, sin mostrarse sensible ante los problemas políticos que preocupan a los parlamentarios y, en general, a la clase política, en relación con el Estatuto Vasco.

Para asegurar en todo caso que no se producirá la orden de prisión contra los dos diputados abertzales, los grupos parlamentarios han venido ideando fórmulas diferentes que permitan una salida al Congreso, en cuyo reglamento figura un texto muy claro, el número seis del artículo dieciocho: «El suplicatorio se entenderá concedido si la Cámara no se hubiese pronunciado sobre el mismo en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.» Dicho plazo concluye hoy.

El grupo centrista manifestó en un principio, por boca de su portavoz, Antonio Jiménez Blanco, que los suplicatorios amparan la función parlamentaria y ni los señores Monzón y Letamendía habían ejercido dicha función. El argumento era tan débil, que su defensa no ha prosperado mucho tiempo. El fuero parlamentario proviene de la elección, y no existe ningún tipo de «legitimidad de ejercicio». Además, la Cámara no había expulsado de su seno, ni siquiera sancionado, a los dos diputados, a pesar de no haber asistido a ninguna sesión, y sería oportunista considerarles ahora no parlamentarios, cuando tanto uno como otro vienen percibiendo sus asignaciones como diputados.

UCD llevó ayer a la Comisión de Suplicatorios una nueva propuesta, jurídicamente más hábil, pero de dudosa presentación política. Teniendo en cuenta que la Constitución dice en su artículo 71 que los diputados y senadores «no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara», basta con no dar, de momento, dicha autorización para que el procesamiento no pueda legalmente producirse. ¿Y qué ocurre entonces con el número seis del artículo dieciocho del reglamento vigente? La respuesta centrista, avalada por los socialistas, es que puede entenderse que la Constitución ha derogado ese precepto reglamentario, ya que su disposición derogatoria así lo permite.

En el debate secreto de ayer los socialistas hicieron también su aportación, ya anticipada en unas declaraciones de Virgilio Zapatero: «Los diputados no tienen elementos de juicio para pronunciarse sobre si se concede o no el suplicatorio, por lo que deben solicitarse nuevos datos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a fin de poder decidir con conocimiento de causa.» Lo que resulta curioso de esta propuesta es que se formula un día antes de que cumpla el plazo reglamentario. Ni a lo largo de los 59 días durante los que la petición del suplicatorio «ha dormido» en el Congreso, ni en las varias sesiones de la Comisión de Suplicatorios se adoptó la decisión de pedir más datos.