Pesimismo sobre el futuro económico europeo, y español en concreto

La constante de Europa en los próximos años será el aumento constante del desempleo, como consecuencia de las bajas tasas de crecimiento previstas para los distintos países del continente y Estados Unidos. Situación que, lógicamente, puede verse agravada en el caso de que la crisis del petróleo se acelere respecto de las previsiones. El diagnóstico fue compartido unánimemente por todos los asistentes al I Encuentro Europa-América Latina, organizado por Euroforum en la localidad inglesa de Oxford a principios de esta semana. Horizonte que, por supuesto, alcanza a España con especiales características, derivadas de sus graves problemas estructurales y propiciadas en parte por la deficiente política económica aplicada, que fue objeto de abundantes críticas por parte de los participantes, entre los que se contaban algunos altos cargos de la Administración.En lo que se refiere al horizonte europeo, el inglés John Stopford profesor de la London Business School, fue contundente al mostrarse netamente pesimista respecto de la capacidad de reacción de un continente cuyo modelo de crecimiento se muestra caduco y frente al que no surgen alternativas mínimamente coherentes. Sus previsiones, ampliamente compartidas por el resto de ponentes, se centraron sobre todo en un avance del proteccionismo, una ausencia de políticas comunes en el interior de la CEE (Comunidad Económica Europea) y una progresiva tendencia a la autodefensa en los distintos países como consecuencia de las dificultades.

Hacia los veinte millones de parados

El gran problema de la Europa de los ochenta será, sin duda, el desempleo. Los cálculos de crecimiento más recientes, señalados por la OCDE y recientemente confirmados por el Fondo Monetario Internacional, en su reunión de Belgrado, se sitúan en el 1,5%anual para el conjunto de las economías industrializadas. Estas tasas serán insuficientes incluso para mantener el paro en sus niveles actuales. Desde 1973, el paro en los países de la CEE ha subido espectacularmente, situándose en tasas del 7% al 8%. En esta evaluación, sin embargo, no se han tenido en cuenta las devoluciones de cerca de dos millones de trabajadores desde la Comunidad a sus países de origen, por lo que el paro real generado por la crisis del petróleo es en realidad más alto del contabilizado oficialmente. Para mantener las actuales tasas de desempleo, las economías occidentales deberían mantener crecimientos anuales del orden del 3 %. Con los crecimientos calculados, el paro para el conjunto de la OCDE puede crecer desde los diecisiete millones de trabajadores actuales hasta más allá de los veinte millones en la década de los ochenta. Ello sin tener en cuenta el desempleo adicional que puedan generar los incrementos de productividad necesarios para mantener la competitividad de las industrias en crisis (en la RF de Alemania, 48 puestos de trabajo perdidos por este concepto de cada 49) ni las reducciones de población laboral por motivos estructurales. En definitiva, Europa precisaría tasas de crecimiento del tipo de las registradas en la década de los sesenta, si quisiera mantener su actual standing de vida.

Políticas supranacionales

Este horizonte, eminentemente pesimista, gravitará negativamente sobre la única alternativa real que Europa tiene para salir de la crisis: el hallazgo y desarrollo de políticas comunes, por encima de intereses estrictamente nacionales. Los bajos niveles de crecimiento -indicó el profesor Stopford- generarán fricciones por el reparto de las cargas en el interior de la Comunidad, a menos que se replanteen sus esquemas de decisión e influencias a nivel interno. Si hasta ahora ha sido la política agrícola -agriamente criticada en sus intervenciones por Harold Wilson- el elemento de principal discordia en la CEE, el paro se perfila ya como un handicap de todavía mayor trascendencia en ese sentido. Otro de los grandes problemas europeos de la próxima década será la evolución de los costes productivos, ya situados ampliamente por encima de los de Estados Unidos, así como la persistencia de enormes rigideces en el aparato productivo que limitan la capacidad de ajuste de las economías. Esta última característica coloca a Europa en condiciopes muy desfavorables frente a Japón, cuyo proceso de adaptación a la crisis discurre a mucha mayor velocidad que el de los países europeos.

La única alternativa de futuro europea para los ochenta sería la instrumentación de políticas comunes, basadas en la cooperación y el abandono de los modelos económicos actuales, estrictamente basados en economías cerradas. Hasta ahora, se ha demostrado palpablemente la mayor capacidad de las trasnacionales para el ajuste, precisamente por su planteamiento global. Su eficacia para conservar el empleo es mucho mayor que la de las empresas nacionales, y la de éstas, muy superior a la del sector público. La industria europea en su conjunto paga una multa cuantificada en el 20% de su producción por no haber armonizado adecuadamente sus políticas nacionales. Hasta ahora, la única reacción de los Gobiernos es la de incrementar el proteccionismo bajo la excusa de querer garantizar el empleo, pero es falso que el origen del paro esté en la pérdida de mercados. Lo cierto es que 1/3 del comercio generado en la CEE es de origen trasnacional y escapa al control de los Gobiernos.

Bajo la premisa de la aceptación de este cuadro general para Europa en los próximos años, los ponentes españoles destacaron algunas de las particularidades del horizonte español, indicando unánimemente que ello limitará sensiblemente las posibilidades de incrementar la presencia española en América Latina, tal y como suele indicar la triunfalista retórica oficialista. Por razones eminentemente estructurales y sobre todo por la tendencia actual de la economía española, el incremento de las relaciones se centra en Europa, aunque sea viable prever algunas vías de acercamiento al subcontinente americano, especialmente en aras de la formación de empresas mixtas, potenciación de intercambios comerciales muy específicos y, a mayor plazo, traspaso de tecnologías.

Escenarios políticos para 1984

El horizonte español fue ordenado por el coordinador de la conferencia, Eduardo Punset, en base a un deterioro gradual de la economía, sujeto a la probable existencia de cuatro escenarios sociopolíticos hasta 1984. Estos escenarios, ordenados en base a sus probabilidades, serían: continuidad de un Gobierno como el actual (60%), con incremento sensible del paro hacia finales de 1980, crecimientos del 1,5% anual, ausencia de reformas estructurales; inhibición de la inversión privada y aumento de la pública hacia 1981. Un segundo escenario (20% vendría caracterizado por la formación de un Gobierno de coalición entre UCD y los periféricos (PNV y Convergencia Democrática de Cataluña), que pudiera suponer un cierto relanzamiento de la inversión en las regiones más industrializadas, un incremento de los gasto de las corporaciones locales (hoy sólo el 2% del gasto público), en cinco o seis puntos, generando mayor crecimiento, pero también mayor inflación. Un tercer escenario (10%) entrañaría la formación de un Gobierno gestor, con mayoría UCD, pero con ideas claras respecto a un auténtico programa de ajuste, que podría surgir en caso de que el deterioro de la situación alcanzara niveles más notables que en el resto de Europa. Finalmente, una cuarta hipótesis (10%), generada en parte por los mismos condicionamientos, podría consistir en la formación de un gabinete de coalición entre UCD y PSOE, generador de un pacto social de amplio espectro.

La liberalización, necesaria

La mayor parte de los ponentes españoles coincidieron básicamente en señalar la necesidad de liberalizar progresivamente la economía, como único medio de salvar, siquiera en parte, las desfavorables perspectivas de la economía española. El acento fue colocado especialmente en los aspectos de la crisis industrial por Javier García Egocheaga, director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, quien se refirió básicamente a las enormes necesidades de financiación de la industria española en los últimos años cuantificadas en torno a un 2% del PIB en los próximos años. Estas necesidades de inversión derivan esencialmente de las necesidades del Plan Energético Nacional, de la falta de previsiones en materia de contaminación y calidad de vida en el desarrollo industrial, de la necesaria reconversión de algunos sectores (siderurgia, con 170.000 millones en los próximos cinco años; automóvil, con 80.000 millones en el trienio, construcción naval, bienes de equipo, textil, etcétera) y de la necesidad de un mayor desarrollo tecnológico.

Reforma financiera

Directamente conectado con el tema inversor, fue contemplada por diversos ponentes la necesidad de ir hacia una progresiva liberalización del sistema financiero, como único medio de hacer asequibles los recursos necesarios para invertir, tanto en España como en el exterior. La situación actual del mercado financiero español está caracterizada por una caída del ahorro empresarial y público y un resurgir del papel de las economías domésticas como suministradoras de recursos. Se indicó la tendencia de la banca privada a invertir su ciclo, con lo que podría hacerse viable un abaratamiento de los costes del crédito que posibilitara un cierto relanzamiento de la inversión. Pese a ello, la deficiente situación de las empresas, su deplorable estructura financiera y las características propias del aparato industrial conducen prioritariamente la inversión hacia la mejora de las cuentas internas, la reducción de costes, la mejoría de la productividad del sistema y la eliminación de puestos de trabajo estructuralmente ociosos. No puede, pues, esperarse un efecto de incremento de puestos de trabajo derivado de un mayor grado de inversión, teniendo además en cuenta la persistencia de una legislación típicamente franquista en materia laboral y el excesivo grado de reglamentación e intervencionismo laboral que el Gobierno pretende reservarse.

Política cambiaria

Eduardo Merigó, subsecretario del ministro adjunto al presidente español, criticó abiertamente la actitud del Gobierno español en política cambiaria y trazó un paralelismo entre la actual política económica y el modelo seguido por los gabinetes salazaristas en Portugal. Sugirió la conveniencia de liberalizar progresivamente la entrada de capitales, ya que si la banca privada tuviera la posibilidad de tener activos en divisas podría fomentar en mayor medida la financiación a medio plazo y, en caso de que continuara resistiéndose a ello -como hasta ahora-, las empresas españolas podrían acudir a la banca internacional. Sin embargo, el propio señor Merigó concedió escasas probabilidades a esta medida, por considerar que el Banco de España contradecía con su rigidez los intentos de liberalización de otros ministerios, especialmente el de Comercio, cuya reciente regulación de las inversiones directas en el exterior constituye uno de los factores más notables para propiciar una apertura de la economía española, especialmente hacia América Latina. El ponente señaló también que las continuas revalorizaciones de la peseta aplicadas por la autoridad monetaria estaban frenando las exportaciones españolas, so pretexto de un comportamiento del mercado absolutamente inexistente, porque -a su juicio- no existirá mercado de la peseta hasta tanto no se autoricen las salidas libres de activos financieros. Respecto a los problemas que la entrada de divisas están provocando en las áreas monetarias internas, criticó al Gobierno por cuantificar los objetivos de política monetaria exclusivamente en el crecimiento de las disponibilidades líquidas, sin tener en cuenta el crédito al sector privado.