Los presupuestos de la Seguridad Social para 1980 suponen más de 1,7 billones de pesetas

Por primera vez, los presupuestos de la Seguridad Social correspondientes al ejercicio de 1980, presentado ayer a la prensa por el ministro del ramo, Juan Rovira Tarazona, recogen exclusivamente las partidas competencias del sistema, por lo que quedan fuera de los mismos, entre otros, los aspectos relativos al desempleo, asumidos por el Estado. Los presupuestos para 1980 alcanzan la cifra de 1.746.725 millones de pesetas.

Entre las características básicas de los presupuestos apuntadas por el ministro figura el objetivo de hacer efectivo el principio de neutralidad de las cotizaciones sobre la estructura de costes de las empresas, por lo que permanecen invariables los tipos de cotización. Asimismo se refuerza la aportación del Estado, que alcanza los 144.500 millones, con un aumento del 68% sobre la cifra equivalente del año anterior, lo que significa en términos absolutos un incremento de 58.500 millones de pesetas.También se mantiene el principio de equilibrio presupuestario, ya que los gastos previstos tendrán como únicas fuentes de financiación las cotizaciones, las aportaciones del Estado y otros recursos propios del sistema de la Seguridad Social.

El volumen total del gasto neto cifrado para el ejercicio de 1980 asciende a más de 1,7 billones de pesetas, lo que representa un crecimiento absoluto sobre la liquidación prevista para el presente año, descontados los servicios transferidos al Estado, de 226.434 millones de pesetas, que en términos relativos supone un aumento del 14%.

Las pensiones, favorecidas

Por partidas, las pensiones aparecen a la cabeza del gasto, con un crédito de 919.666 millones de pesetas, con un aumento sobre la liquidación prevista para 1979 de 175.496 millones, lo que supone un 23,5% de mayor gasto. De este porcentaje de incrmento, el 48.4% correponde a nuevas pensiones, y el 51,6% restante, para aumentar en un 12,5 % en términos homogéneos las pensiones ya existentes. El número de pensionistas en 1980 será de 4.524.000, con una media de percepciones de 230.000 pesetas.El crédito de pensiones para 1980 supone, pues, un 52,65% del presupuesto total, cifra relativa que se ha venido incrementando a lo largo de los últimos años, pues de un 37,11% en 1977 se pasó a un 44,76% en 1978 y a un 49,18% previsible para 1979.

Del análisis de estas cifras se desprende, como señaló el señor Rovira Tarazona, que cada vez hay más pensionistas en el sistema de la Seguridad Social, al tiempo que cada vez es más pequeña la proporción pensionistas-trabajadores. En este sentido nos estamos acercando a la situación que registran los países europeos más desarrollados, y ello llevará consigo un incremento de las cargas financieras. A nivel de sistema, la proporción indicada es de un pensionista por cada 2,5 activos, situación que se desnivela en algunos regímenes, como el agrario, en el que la proporción se establece en 1,14 activos por cada pensionista, como consecuencia lógica del éxodo operado en el medio rural español durante los últimos años.

En el capítulo de pensiones se sigue la política de los mínimos, en el sentido de favorecer económicamente a las pensiones más bajas. Es lo que desde algunos sectores de la izquierda se critica con el calificativo de igualar en la miseria.

La prestación por incapacidad laboral transitoria se ha recortado de manera sensible con el fin, como señaló el ministro, de acabar en alguna medida con lo que supone de absentismo laboral encubierto. En efecto, al amparo de esta prestación, el número medio de bajas por trabajador afiliado pasó de once en 1977 a catorce en 1979 para el régimen general, y de veintidós a veintisiete en el régimen especial agrario. Ello ocurre, sin embargo, mientras que desciende el número de trabajadores afiliados a causa del paro. Esta situación justifica que el aumento. de la partida destinada a esta prestación tan sólo se haya incrementado en un 1,93%, lo que en términos absolutos supone un aumento de 2.255 millones de pesetas sobre la estimación de liquidación para 1979.

La asistencia sanitaria con medios propios registra un incremento del 12,90% respecto al ejercicio actual. Este incremento, habida cuenta de que el componente principal de esta partida lo constituyen los gastos de personal, se debe principalmente a la aplicación de una tasa del 12,5% de crecimiento sobre las retribuciones.

La asistencia sanitaria con medios ajenos registra también un incremento del 11,82% respecto a 1979. En el cálculo de esta dotación se han tenido en cuenta no sólo la previsible revisión de precios para 1980, sino también la incidencia de las revisiones de 1979, año en el que, como consecuencia del examen profundo que se está llevando a cabo para ordenar este sector, aún no se han actualizado los precios.

En los gastos de farmacia, la dotación se ha incrementado en 1.252 millones de pesetas, con un incremento relativo del 1,28%. Estas cifras, según explicó el ministro, son significativas de la voluntad de frenar el consumo innecesario de productos farmacéuticos y de corregir las desviaciones observadas a lo largo de 1978 y 1979 en el consumo de los pensionistas.

En los gastos de administración, la principal partida va destinada al personal, para el cual se prevé, como en el Estado, un aumento medio en las retribuciones de los funcionarios del 12,5 %. Los demás componentes, aseguró el ministro, se restringen de acuerdo con la política de austeridad general.

El Estado aporta más

La subvención del Estado para 1980 se establece en 144.500 millones de pesetas, que significa un 8,27% sobre el importe del presupuesto inicial para dicho ejercicio. La magnitud de esta subvención se establece en la consideración de que se han desagregado del presupuesto de la Seguridad Social los servicios transferidos al Estado, entre los que se cuenta como más importante el desempleo.Los 144.500 millones citados -señaló el ministro- significan un crecimiento absoluto de 58.500 millones, respecto a los 86.000 equivalentes del año anterior y que suponían el 5,9% del presupuesto inicial para 1979, deducidos los servicios a que antes se ha hecho mención. Si a la subvención directa de 144.500 millones se le incrementan los 10.000 millones de gasto por universidades laborales y SEAF-PPO, que antes se financiaban directamente por la Seguridad Social y que en 1980 se asumen por el Estado, se obtiene una cifra real de ayuda a la Seguridad Social de 154.500 millones, que supone un 8,85% de su presupuesto. Se cumple así -insistió el ministro- lo enunciado en el programa económico del Gobierno sobre aportación creciente del Estado para financiar la Seguridad Social, dentro del marco del 20% previsto alcanzar en 1984, y que supone el que la práctica totalidad de los recursos impositivos que generan los sucesivos incrementos de la presión fiscal se transfieren por el Estado a la Seguridad Social.