El Gobierno confirma la exportación de armas a Chile

El ministro de Comercio y Turismo, Juan Antonio García Díez, confirmó ayer ante la Comisión de Comercio y Turismo del Congreso que el Gobierno español ha autorizado la exportación de armas a Chile. El ministro justificó esta política aludiendo a la necesidad de una cooperación exterior, a la competencia internacional en el mercado de armas y a las necesidades de la industria de armamento española.

SEBASTIÁNLa intervención del señor García Díez fue motivada por una pregunta del diputado socialista por Cádiz Manuel Chaves, quien acusó al Gobierno de incurrir en una grave contradicción política al exportar armas al Gobierno que preside el general Pinochet y defender, por otra parte, una política de defensa de los derechos humanos. El señor Chaves afirmó que las armas españolas son utilizadas por el Gobierno chileno para violar los derechos humanos en su país, y recordó los lazos políticos e históricos que España tiene con Latinoamérica como argumentos esenciales para que el Gobierno practique en este área una política clara en defensa de los derechos humanos.El señor Chaves había empezado su pregunta interrogando al ministro sobre si era cierto que el pasado 27 de julio se embarcaron en el puerto de Cádiz armas españolas con destino a Chile a bordo de un buque que enarbolaba pabellón danés.

El ministro de Comercio y Turismo, señor García Díez, confirmó dicho embarque de armas con destino a Chile y señaló que el Gobierno autoriza la exportación de armas convencionales a dicho país bajo un riguroso control. Asimismo, afirmó que el Gobierno había establecido una política especial sobre el tema del comercio de armas, a la espera de una regulación internacional como la solicitada por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, ante la conferencia de desarme de las Naciones Unidas, en la pasada primavera.

El señor García Díez resumió así la política del Gobierno sobre exportación de armas: se aceptan los vetos impuestos por la ONU, como en los casos de Suráfrica y Rodesia; asimismo, se excluyen a los países que están en guerra unos con otros y en guerra civil y, por último, a aquellas naciones que pueden poner en peligro la seguridad nacional, citando aquí los embargos impuestos a Marruecos, Argelia y Mauritania.

Sobre los derechos humanos, el ministro no dio o no tuvo argumentos. Dijo que había de hacerse una política efectiva y no efectista en el plano de la cooperación exterior española; recordó que la pugna del mercado de armas internacional es muy dura, y que «otros países tan democráticos corno España ocuparían pronto nuestro lugar», y señaló que estas exportaciones de armas son necesarias para la industria de armamento española y para el mantenimiento de sus 50.000 puestos de trabajo.