El Gobierno expropiará el uso de las fincas anduluzas y extremeñas infrautilizadas

El ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, ha advertido a algunos terratenientes andaluces sobre posibles expropiaciones en el uso de sus tierras, si no cambian los planteamientos de cultivo o aprovechamiento agrícolade las mismas. La noticia ha trascendido tras la reunión mantenida el pasado lunes entre el ministro y representantes de los grandes empresarios agrícolas, encabezados por José Bohórquez.

Los representantes de la Federación de Agricultores de Andalucía solicitaron una entrevista con Lamo de Espinosa para que éste les explicara el alcance de los acuerdos adoptados en la última reunión por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en materia de política agraria, relativos a la conversión de terrenos de secano en regadíos, proyectos que serían financiados en parte con el dinero del paro comunitario. Los grandes propietarios pidieron al ministro un incremento de precios para algunos productos agrarios y le manifestaron su preocupación por los rumores de que la Administración tenía preparado un plan de expropiaciones que entraría en vigor en cuanto el Senado apruebe el proyecto de ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. Este proyecto fue aprobado el pasado 25 de julio, con una sola modificación en relación al texto dictaminado por la Comisión de Agricultura del Congreso. Sin embargo, registraba importantes diferenciasron el texto inicialmente propuesto por el Ministerio de Agricultura, que había sido considerado, incluso por los propios sindicatos agrarios, como «sorprendentemente progresista».Lamo de Espinosa les hizo ver, en este sentido, que durante los últimos años se habían incrementado considerablemente los cultivos de cereales (especialmente trigo y cebada), que requieren muy poca mano de obra, en detrimento de otros cultivos (remolacha, algodón, maíz e incluso olivar), que son cultivos sociales y altamente empleadores de mano de obra.

El paro agrícola en Andalucía asciende a 42.500 personas, según estadísticas de finales del pasado mes de julio. Esta cifra representa el 8,7% sobre la población activa en la región y el 16,1 % sobre el total de parados andaluces. En Extremadura, los parados agrícolas son 13.500, que suponen el 12,1 % sobre la población activa de la región y nada menos que el 41,9% sobre el total de desempleados.

Un agricultor cada 45 hectáreas erradicaría el paro

Según estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, por cada trabajador empleado para el cultivo de cereales, se hacen necesarios cinco para el cultivo de los otros productos mencionados. Si se llegara a emplear a una persona por cada 45 hectáreas de cultivo, aseguran estos cálculos, el paro agrícola se erradicaría de Andalucía en pocos años.

La posibilidad de que estas expropiaciones puedan ser realidad próximamente llegó a producir enfrentamientos verbales entre los terratenientes y el ministro, según recoge Efe. Lamo de Espinosa insistió en que los empresarios agrarios andaluces deben hacer esfuerzos mucho mayores en la producción de los mencionados cultivos, prestando una mayor atención a su carácter social; les recriminó también el hecho de que la mayor parte de las materias primas de origen vegetal de Andalucía son exportadas a otras regiones españolas sin sufrir casi ninguna transformación en origen, lo que supone un despilfarro empresarial y regional y, en consecuencia, una reducción de posibilidades de trabajo en la zona.

La voluntad del Gobierno, según Jaime Lamo, sería la de no tener que aplicar la ley, pero se hace absolutamente necesario al comprobar los índices de paro en estas explotaciones. «La reforma agraria», les dijo a los empresarios, «ha fracasado siempre en España por falta de dinero, pero en esta ocasión el Gobierno tiene la voluntad de llegar a las expropiaciones de utilización hasta donde sea necesario.» Este tipo de expropiación es mucho menos costosa, no requiere grandes recursos financieros, y cumple perfectamente los objetivos de erradicación del paro agrícola en estas dos regiones.

Carta del presidente del IRYDA

La semana pasada, el presidente del Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Antonio Gil Alberdi, envió un escrito a los delegados de Agricultura andaluces - y extremeños para que, mediante la colaboración de los ayuntamientos, puedan acelerar la relación de fincas mal aprovechadas cuya extensión sea superior a cincuenta hectáreas (si son de regadío) o a quinientas si son de secano, así como la calificación provisional que merecen estas fincas en el ámbito local, para lo que será necesario el informe de las respectivas cámaras agrarias. La calificación se hará finca por finca y, a ser posible, ajustada a la siguiente escala de valores: de explotación correcta y conforme a su potencialidad; de explotación correcta en la parte aprovechada, con potencial claramente sin utilizar; de explotación deficiente; con superficies abandonadas en su cultivo o aprovechamiento por dejación, falta de drenaje económico e individualmente evitable, y con cultivo extensivo de cereal, siendo susceptible de cultivo de remolacha, algodón o maíz. Junto a cada calificación se argumentarán claramente las razones que puedan explicarla.

Preferencia a las fincas que puedan generar más empleo

Añade también la carta del presidente del IRYDA que, «como primera aplicación práctica de lo anterior, en todo momento los delegados provinciales dispondrán de las correspondientes propuestas de expropiación por interés social de aquellas fincas que estimen como significativas. Esta significación vendrá dada por su inclusión en los apartados anteriores o cuando pertenezcan a términos de máxima conflictividad por su incidencia en el paro agrícola de la provincia, y cuando estén abandonadas en su explotación o estén insuficientemente explotadas, siendo preferentes las que tengan mayores posibilidades en generar empleo al intensificar su cultivo.

Según fuentes de la Administración consultadas por EL PAÍS, el catálogo de fincas manifiestamente mejorables debe quedar concluido antes de que finalice el año y las expropiaciones se comenzarán en cuanto el proyecto de ley cuente con el beneplácito del Senado, que también se espera para antes de 1980.