Detenida la actividad de la Comisión Asesora de Investigación Científica

Los grupos de investigación del Estado español atraviesan una angustiosa situación por falta de financiación, según han comunicado a EL PAÍS portavoces de un grupo de profesionales de la investigación científica española que acaba de dirigirse a las altas instancias de la Administración solicitando la adopción de urgentes medidas.

«Esta situación será dramática», aseguran los citados portavoces, «a partir de 1980 si el Gobierno no toma ya decisiones de la máxima urgencia. El día 31 de diciembre del presente año termina la financiación de todos los proyectos de investigación aprobados por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. Las convocatorias para estos proyectos se publicaron en 1975 y 1976.»La investigación científica en nuestro país se apoya, bien en los presupuestos de los propios organismos, en las ayudas de fundaciones españolas o extranjeras y las derivadas de convenios bilaterales de cooperación internacional o en la mencionada Comisión Asesora.

«Los presupuestos de estos organismos, especialmente en el caso de las universidades y el CSIC sólo cubren prácticamente los gastos de personal y de mantenimiento de los centros», explican los portavoces del comunicado. «La financiación de sus proyectos de investigación se realiza esencialmente con cargo a las dos últimas fuentes. En las universidades y en el CSIC las subvenciones de la Comisión Asesora representan, al menos, el 80% de las cantidades disponibles para la realización de proyectos de investigación.»

«A estas alturas del año prosiguen «no se ha convocado todavía la presentación de proyectos de investigación a financiar por la Comisión Asesora. Como, de hecho, no existen fuentes alternativas de financiación, al menos la investigación que se realiza en las universidades y en el CSIC quedará prácticamente paralizada al finalizar el presente año. Las consecuencias son obvias: habrá que abandonar proyectos en curso, con la pérdida, en muchos casos, de lo ya realizado, y el personal científico en formación y el personal auxiliar contratado tendrán que dejar los laboratorios. La Comisión Asesora, creada en 1958 como un organismo interministerial dentro de la Presidencia del Gobierno, recientemente ha pasado a depender del Ministerio de Universidades e Investigación, conservando su presupuesto anual de 1.100 millones de pesetas.

Los firmantes del citado escrito consideran que «para la supervivencia de nuestra ciencia, en unos momentos difíciles», el Gobierno debe adoptar medidas urgentes. Se solicita que «se convoquen inmediatamente las Ayudas de Investigación de la Comisión Aesora para 1980 y que la etapa de selección de los proyectos termine antes de finales del presente año».

Según los manifestantes de la protesta por tan alarmante situación, «para que nuestro país consiga un mínimo de independencia y de respeto intelectual, creemos que los cambios políticos que se están produciendo en España deben ir acompañados de cambios profundos en nuestra política sobre ciencia y tecnología. Ahora bien, estos cambios no deben realizarse a costa de paralizar temporalmente la investigación española».