Drásticas medidas de seguridad en la jornada de protesta colombiana

En un ambiente dominado por la tensión y por el temor de que se produzcan enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y los manifestantes, Colombia conmemoró ayer el segundo aniversario del paro nacional (14 de septiembre de 1977), que produjo un saldo de veinte muertos.

En esta ocasión, la «jornada nacional de protesta» tuvo un doble carácter: el recuerdo de los trabajadores a sus compañeros muertos por el Ejército, y la expresión del descontento laboral por el alza del coste de la vida.El Gobierno de Julio César Turbay y, específicamente, los militares colombianos, han hecho todo lo posible por neutralizar el alcance de la protesta colectiva. Los desifiles y las manifestaciones callejeras han sido expresamente prohibidas; las universidades fueron cerradas; el alcalde de Bogotá implantó la «ley seca» durante 48 horas. Las emisoras de radio, los medios de comunicación que disponen de mayor libertad en el país, recibieron órdenes de no difundir ni una sola noticia que no proviniera de fuentes oficiales. Y, junto a todo este despliegue de medidas coercitivas, las autoridades han hecho un ostentoso alarde de presencia militar, sobre todo en la capital: en cada esquina de la ciudad hay un soldado o un policía fuertemente armado. En lugares estratégicos, contingentes de refuerzos aguardan para intervenir.

El Consejo Sindical Nacional (CSN), organismo en el que se integran las cuatro centrales sindicales más importantes del país, ha puesto especial énfasis en conseguir que la jornada se desarrolle de forma pacífica. Pero el temor de que la concentración de las cinco de la tarde sea manipulada por provocadores se mantiene. Igualmente difícil de controlar será la acción de grupos aislados en barrios suburbiales de Bogotá, donde tradicionalmente se producen los más violentos choques entre manifestantes y los cuerpos de seguridad.

La impresión general de los observadores es que el ambiente previo de temor y tensión ha sido quizá excesivo. Se señala que las fuerzas armadas, a través del Ministerio de la Defensa, tienen gran parte de responsabilidad en este clima. Los allanamientos, las detenciones, los interrogatorios, al amparo del denostado estatuto de seguridad (que cumplió un año de vigencia el pasado día 6), se han recrudecido en los últimos días. El tono empleado en los comunicados de dicho ministerio militar, premeditadamente duros y agresivos, contrasta con las llamadas a la cordura y a la responsabilidad ciudadana hechas desde el Ministerio del Interior.