La elaboración del Estatuto de Autonomía de Asturias, dificultada por el tema de la empresa pública

La pretensión del PSOE de introducir la variable regional en el área de las decisiones de la empresa pública nacional radicada en Asturias tiene paralizado el proceso previo a la redacción del anteproyecto de Estatuto de Autonomía.

El intento de plantear esta discusión en el estatuto de la empresa pública, sugerido por otros partidos y por expertos como el ex ministro de Economía Enrique Fuentes Quintana, no satisface a la dirección regional del PSOE, consciente de que ningún partido, ni siquiera el suyo, apoyará esta reivindicación en el Parlamento. El problema es específico de Asturias y, por otra parte, ningún Gobierno aceptará una regionalización de la empresa pública nacional, cuya importancia en Asturias, donde constituye la principal característica estructural, queda reflejada en los siguientes datos. Actualmente más de 55.000 personas, aproximadamente el 40% de la población activa industrial asturiana, trabajan en la empresa pública, la cual acapara el 45% del valor añadido bruto de esta región, que concentra el 24% del sector nacional de industrias metálicas básicas, el 26% del sector de la minería y el 6% del sector eléctrico, lo que supone una quinta parte de las industrias de cabecera del país. El Instituto Nacional de Industria (INI) ha dirigido, en fin, un tercio de sus. inversiones a esta región.La propuesta socialista para conseguir la presencia de la comunidad autónoma en las tomas de decisión de Hunosa y Ensidesa a través del Estatuto abarca tres puntos: un tercio de sus consejos de adminitración debe estar formado por personas designadas entre un grupo propuesto por la region; antes de adoptar determinadas medidas debe ser preceptivo un informe previo, sin carácter vinculante, de los organismos autonómicos, y estos organismos deben tener la posibilidad de presentar propuestas, también sin carácter vinculante, en los consejos de administración.

En expresión gráfica del diputado socialista Pedro de Silva, «se trata de sustituir la dialéctica de los gasómetros por la dialéctica de los consejos de administración», con la introducción de unas resistencias regionales que permitan una planificación coordinada, por lo menos en la medida en que los intereses asturianos puedan ser escuchados.

En el tema sobre el que sí hay acuerdo inánime es en la imposibilidad de hacer frente desde Asturias a las pérdidas de Hunosa y Ensidesa, que este año superarán los 30.000 millones de pesetas.