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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Hacia la reacomodación del Estado

LA COMISIÓN Constitucional del Congreso, al aprobar el Estatuto de Sau, remodelado en aspectos no sustanciales tras las negociaciones en el palacio de la Moncloa, ha cerrado la penúltima fase -sólo resta ya el referéndum popular, al que seguirán las formalidades de la aprobación por las Cortes y la rúbrica real- del proceso destinado a dotar al País Vasco y a Cataluña del marco legal para sus instituciones de autogobierno. La obcecación legitimista del diputado Barrera, tan apegado a las nostalgias que saborea como liebre el Estatuto de 1932 y rechaza como gato al texto de Sau; la compulsiva demagogia oportunista del señor Rojas Marcos, seguramente ya convencido en su fuero interno de que el auténtico móvil de su carrera política es la defensa de los parados andaluces, y el patriotismo de cartón-piedra y emociones infantiles de don Blas Piñar, cada vez más ignorante de esa historia de España de la. que tanto grita, han sido las únicas notas discordantes de la sesión de anteayer. De esta forma, en menos de un mes, han quedado sentadas las bases -primero con el Estatuto de Guernica, después con el de Sau- para el arreglo pacífico de uno de los más serios problemas, tal vez el más grave de todos, con el que se enfrentó la reforma política iniciada hace tres años y sin cuya solución hubiera sido impensable la consolidación de la democracia en nuestro país. El cansancio de una etapa ciertamente excesivamente prolongada de ajustes y transformaciones, el voluntario distanciamiento en el que la llamada clase política ha mantenido a los electores mientras realizaba casi a puerta cerrada sus tratos endogámicos y la sensación de contemplar una película repetida cada vez que el señor Suárez utiliza técnicas de suspense dignas de Hitchcock, para arreglar taumatúrgicamente situaciones a veces artificialmente gangrenada,s por su previa inacción, pueden explicar que un acontecimiento tan decisivo y cargado de futuro como la aprobación de ambos Estatutos no haya sido recibido con el entusiasmo, y el sentimiento de alivio que merecía. Sin embargo, nunca se insistirá lo suficiente ni se subrayará con bastante fuerza la enorme importancia que tiene para la convivencia democrática dentro de la península, y para una contemplación optimista de la consolidación de nuestras libertades, la elevación a rango legal de los textos de Sau y de Guernica.

La perseverancia, la prudencia y el espíritu constructivo del PNV, así como la inteligencia política de los parlamentarios catalanes, han sido factores fundamentales en este desenlace. Pero también el presidente del Gobierno y los hombres de su partido, que han llevado adelante una negociación esquinada y difícil, han mostrado su capacidad para estar -aunque sea con retraso- a la altura de los acontecimientos y para contemplar desde la lógica del Estado, más allá de las conveniencias coyunturales y de los intereses de grupo, la necesidad de alterar drásticamente un modelo de organización administrativa que encubría con palabrería falsamente patriótica las exigencias disfuncionales de un centralismo incompetente y ciego. La simulación de un contrafáctico, ese ejercicio de imaginación al que tan aficionados son algunos cultivadores de la nueva historia, tal vez pudiera provocar un mayor entusiasmo en quienes han aceptado como una noticia más la aprobación de los Estatutos. ¿Qué hubiera ocurrido si el PNV no hubiera llegado a un acuerdo satisfactorio con el Gobierno y si los parlamentarios catalanes se hubiesen vuelto con las manos vacías a su tierra? ¿Acaso se hubiera podido pensar, en tal circunstancia, en un futuro pacífico y democrático para nuestro país? Ciertamente, tampoco hoy faltan motivos de preocupación y desaliento, la mayoría centrados en las oscuras perspectivas que para la estabilidad social y la paz ciudadana arrojan la crisis económica, el crecimiento del desempleo y el aumento de la marginación juvenil. Pero esos desafíos podrán ser afrontados con muchas mayores esperanzas de éxito sí en el País Vasco se abren posibilidades de paz y si en Cataluña las instituciones de autogobierno dejan de ser una meta lejana para convertirse en un objetivo al alcance de la mano.

Por su puesto, los Estatutos de Sau y de Guernica no son la autonomía ya realizada, sino tan sólo la condición legal que la hará posible. En este sentido, constituiría un error tomar el comienzo de un largo camino, que se tardará muchos años en recorrer, como un mágico final que soluciona, de una vez por todas, las cuestiones vasca y catalana. Aun dejando al margen los peligros que acechan en el País Vasco, en tanto ETA persista en su criminal violencia, no estamos sino en el inicio de una tarea de reconstrucción del Estado y de reacomodo de la sensibilidad ciudadana y moral a un nuevo marco de convivencia entre los pueblos de España. Sin la decidida voluntad de todos, la buena semilla de los Estatutos aprobados a lo largo del último mes podría terminar devorada por la cizaña. Temas como la solidaridad económica entre las zonas industrializadas y las áreas subdesarrolladas, las fronteras entre las competencias estatales y las de los organismos autónomos, el derecho de las minorías a su idioma y a su cultura y las tensiones que pudieran derivarse de las diferentes hegemonías partidistas en los territorios autonómicos y en el poder central, constituirán, sin duda, el banco de prueba en que toda una generación de españoles ensayarán esa nueva forma de convivencia a la que nos obliga el estrepitoso fracaso de una experiencia histórica funestamente presidida por el centralismo y la negación de los nacionalismos vasco y catalán. Que este es el único camino, casi nadie lo duda. Pero que esa senda nueva tampoco será el escenario de un paseo triunfal, parece igualmente obvio. El esfuerzo de entendimiento y negociación que ha hecho posible los Estatutos de Guernica y de Sau tendrá forzosamente que prolongarse a lo largo de los próximos años para que las instituciones de autogobierno, dentro del marco común de la Constitución democrática, se afiancen y desarrollen sin conflictos dramáticos ni tensiones insuperables.

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