Organismos oficiales ocuparán edificios del Patrimonio

La instalación en los monumentos de interés histórico-artístico de diversos servicios públicos, organismos oficiales, centros culturales, etcétera, es una nueva fórmula que la Dirección General del Patrimonio Artístico está dispuesta a fomentar para recuperar edificios en proceso de deterioro y, al mismo tiempo, darles una utilidad.Dentro de esta línea de actuación se estudia la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, cuya ley orgánica se aprobó recientemente en las Cortes, ocupe uno de los monumentos nacionales de Madrid o sus alrededores que se encuentran desocupados y en diferente estado de conservación.

Entre los edificios que reúnen las condiciones apropiadas para albergar al Tribunal Constitucional, expertos en el tema señalan el palacio de Boadilla del Monte, situado a unos catorce kilómetros de Madrid, en Prado del Rey, cerca de Majadahonda. Construido por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, para el infante Luis de Borbón, es actualmente, propiedad de los duques de Sueca. El palacio, de grandiosas proporciones, está rodeado de un hermoso jardín aterrazado de estilo italiano, hoy bastante abandonado. Su localización periférica con respecto al centro de la capital, con la que, por otra parte, está muy bien comunicado, puede ser una circunstancia positiva, pues propicia cierta imagen de descentralización.

El palacio de Linares, en Cibeles, y el de los condes de Villagonzalo, en la calle de San Mateo, son monumentos que podrían ser digno marco del Tribunal. El primero pertenece a la Confederación de Cajas de Ahorro y constituye una buena muestra de la arquitectura ecléctica finisecular, y el de los condes de Villagonzalo conserva uno de los mejores interiores del siglo XVIII, aunque sus exteriores están algo dañados.

El palacio de Perales, en la calle de la Magdalena; el de Zabalburu, el de Alameda de Osuna o alguno de los palacios del barrio de Malasaña, son también edificios utilizables como sede del Tribunal Constitucional, aunque para ello hubiera que llevar a cabo previamente su restauración.

«A la Dirección General del Patrimonio no le interesa que el Tribunal se instale en una construcción impecable, sino en un monumento deteriorado, para que ello dé motivo a su recuperación», señaló a EL PAIS el señor Pérez de Armiñan, subdirector del Patrimonio Artístico.