Resoluciones aprobadas sobre el Plan Energético Nacional

El Plan Energético que ayer se aprobó en la Cámara comenzó a prepararse en 1974. Sucesivas redacciones se estrellaron con crisis periódicas de Gobierno que han retrasado cinco años la elaboración del primer Plan Energético español que responda, de alguna forma, a la crisis iniciada en 1973. La Cámara, tras estudiar un documento de Plan contenido en 106 páginas, aprobó ayer el conjunto de resoluciones que, en bruto, facilitamos y que corresponden a propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Estas resoluciones no tienen fuerza de ley, aunque si fuerza moral para la política energética que elabore el Gobierno a partir de ahora.

PRIMERASobre proyección del balance energético

1.º El Congreso de los Diputados comparte la preocupación manifestada por el Gobierno acerca de los problemas planteados por la situación energética mundial a medio y largo plazo. También constata el agravamiento que se ha producido tras los recientes sucesos acaecidos en uno de los principales países suministradores y la decisión respecto al precio de los crudos petrolíferos adoptada por el conjunto de los Estados exportadores de petróleo en su última reunión en Ginebra.

Los mencionados acontecimientos refuerzan la necesidad de mantener una política energética nacional adecuada a cada circunstancia y que se mantenga en estrecha y, constante conexión con la que se desarrolla en los países de nuestra misma área política y económica.

2.º Se estima válida, en lo fundamental, la descripción de la situación energética española que se incluye en el Plan. Subraya que, de acuerdo con dicho análisis, la política energética debe formularse sobre la base de contrarrestar, de la forma más rápida y extensa posible, los aspectos negativos diagnosticados. La reducción de nuestra fuerte dependencia de los suministros del exterior y de la elevada participación del petróleo en el abastecimiento energético ha de instrumentarse de forma que no impida un crecimiento económico sostenido.

3.º Asimismo, entiende apropiados los objetivos básicos, recogidos en la comunicación del Gobierno y que se corresponden con las directrices incluidas en el capítulo correspondiente del Plan Energético Nacional:

- Moderación efectiva de los incrementos del consumo de energía.

- Máxima utilización de las energías de origen nacional.

Potenciación de los esfuerzos dirigidos a hacer posible el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, y

- Obtención de una diversificación efectiva, dentro de lo posible, del suministro de todas las fuentes disponibles de energía, incluida la nuclear.

Corresponde al Gobierno establecer las prioridades, resolviendo en todo momento las eventuales incompatibilidades entre los diversos objetivos en función de los criterios de política económica y social que el propio Gobierno establezca o, en su caso, las Cámaras aprueben.

4.º Las estimaciones de la demanda energética que contiene el Plan y la actualización de la misma, que fue presentada ante la Comisión, no pueden tener sino un carácter meramente prospectivo. En consecuencia, debe revisarse, con carácter periódico y, en todo caso, cuando se produzcan circunstancias graves que alteren alguna de sus componentes básicas. La previsión de la demanda energética debe ser revisada por el Gobierno, no sólo en función de sus propios componentes y de la coyuntura que les afecte directamente, sino también de acuerdo con los sucesivos ajustes que se introduzcan en la política económica.

5.º La estructura de la oferta energética deberá condicionarse a las siguientes directrices:

- Disminuir la participación del petróleo hasta niveles tan próximos al 50% como sea posible, sustituyendo consumos no específicos de productos petrolíferos por otras energías, y para ello:

a) Incrementar el consumo de gas natural de forma que su aportación pueda alcanzar una cifra superior al 6% de las necesidades totales de energía primaria.

b) Desarrollar la producción de energía hidráulica, tomando en consideración la prioridad de otros usos del agua y la función eminentemente reguladora de esta energía.

c) Acelerar la realización de los planes elaborados para que la producción española de carbón duplique su tonelaje en los próximos diez años e incremente su participación del carbón con importaciones complementarlas. A la vez deberá facilitarse la utilización en aquellos sectores industriales en los que resulte técnicamente posible sustituir consumos de productos petrolíferos y que cuenten con la infraestructura necesaria para su recepción.

- Promover y fomentar la prioritaria utilización de nuevas energías, y en especial la solar, el aprovechamiento de los residuos y las energías geotérmicas y cólica. de forma que su participación vaya incrementándose en la medida que lo permitan sus condiciones técnicas y económicas.

- Incrementar la aportación de la energía nuclear a nuestro abastecimiento, de forma que cubra el déficit de suministro ocasionado por la limitación física de las posibilidades de otras fuentes de energía de origen interior.

Propuesta aceptada a la Minoría Catalana

-Aceptar como hipótesis la demanda final 1987 prevista en el Plan Energético Nacional.

- Establecer un sistema de seguimiento de las previsiones y de la política energética, así como de las realizaciones en este campo. A tal efecto, el Ministerio de Industria y Energía informará semestralmente a la Comisión de Industria y Energía de este Congreso de la evolución de todos los parámetros que determinan las previsiones del Plan Energético Nacional.

- Adecuar en todo momento las hipótesis de demanda final energética a las previsiones de crecimiento económico.

SEGUNDA

Sobre precios y conservación

El Congreso de los Diputados comparte los criterios generales incluidos en el PEN en cuanto a los precios de los distintos servicios y productos energéticos, y recomienda al Gobierno que adopte las necesarias decisiones para que la estructura de precios y tarifas se establezca sobre la base de los costes reales de los suministros y articule una adecuada, política fiscal que promueva una mejor utilización de la energía y contribuya a la política de reconversión industrial.

Se insta al Gobierno para que complete y refuerce las medidas adoptadas en materia de conservación y ahorro de energía, en línea con la política propugnada por la CEE, y elabore, para su aplicación en circunstancias excepcionales y siempre con carácter temporal, medidas destinadas a restringir el consumo de ciertos productos energéticos por vía de su racionamiento.

Propuesta aceptada al Grupo Andalucista

Que a la hora de contemplar la moderación de consumos energéticos se tengan en cuenta los desequilibrios territoriales.

Propuesta aceptada al Grupo Socialista

4) Se fomentará el desarrollo de acciones por las empresas que tengan como objetivo la reducción de sus consumos específicos, bien a través del diseño de sus nuevas instalaciones, bien mediante la adaptación de los equipos industriales ya existentes.

5) En su revisión bianual, el PEN tendrá en cuenta las variaciones tecnológicas y económicas que se hayan producido con referencia a este apartado de conservación de energía.

Propuesta aceptada a la Minoria Catalana

- Pedir al Gobierno que establezca en un plazo de dos meses un plan de ahorro general de energía, cuantificado en cuanto a inversión y resultados, y que contemple tanto las medidas de ahorro doméstico o individual como las de tipo industrial.

- Apoyar la autoproducción de energía eléctrica en las industrias mediante la creación de incentivos que hagan rentable la instalación de los equipos correspondientes, y elaborar las reglamentaciones técnicas que permitan la conexión de estos grupos a la red eléctrica general.

- Potenciar la investigación en las empresas productoras de bienes de equipo, con medidas fiscales y financieras, en algunos casos para recuperar y poner al día tecnologías abandonadas, debido a la competencia de los precios del petróleo.

- Seguir en materia de precios una política de «costes reales». El proceso de elaboración de las tarifas energéticas debe ser de la mayor transparencia y claridad, con participación de todos los sectores interesados.

- Establecer mecanismos de desgravación fiscal sobre las inversiones aplicadas a la actividad de exploración e investigación de recursos.

TERCERA

Sobre investigación de recursos naturales

El Congreso de los Diputados considera que, sin perjuicio de lo establecido específicamente en cada uno de los sectores correspondientes, la investigación de nuevos recursos naturales, así como la de las técnicas aplicables al mejor aprovechamiento de los existentes, constituyen aspectos fundamentales de toda política energética. En consecuencia, procede:

- Potenciar y estimular estas actividades, revisando las previsiones de inversión inicialmente establecidas.

- Coordinar el esfuerzo investigador e Incrementar la participación de organismos y empresas públicas.

- Revisar la legislación vigente, en especial la minera, con vistas a la recuperación del dominio minero inactivo y a su más fácil accesibilidad.

- Incentivar, mediante la instrumentación de los oportunos mecanismos, incluidos los fiscales, la actividad investigadora de recursos energéticos interiores.

CUARTA

Sobre el sector eléctrico

1.º El Congreso de los Diputados considera que la ordenación y expansión del sector energético, piedra angular del futuro económico español, debe adecuarse al criterio constitucional de acuerdo con el cual «toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuese su titularidad, está subordinada al interés general» (artículo 128- l).

Para la determinación de este interés general, la Constitución, dentro del modelo económico consagrado en su artículo 38, esto es, la economía de mercado, reconoce el principio de la iniciativa pública en la actividad económica (artículo 128-2, sin perjuicio del derecho fundamental a la libertad de empresa (artículo 38), que, según el propio texto constitucional, es vinculante para todos los poderes del Estado (artículo 53- l).

Para ello es preciso mantener el actual equilibrio en la participación de las empresas públicas y empresas privadas en los diversos subsectores integrantes del sector energético, fomentando la inversión pública en la medida requerida para mantener dicho equilibrio en el crecimiento del correspondiente sector, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan resultar necesarias para la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea.

Por otro lado. ha de potenciarse el mejor y más eficaz control público, con el fin de garantizar que las empresas públicas y privadas que participen en el sector. sin mengua del contenido esencial de su autonomía constitucionalmente garantizada, satisfagan adecuadamente, las necesidades y los intereses generales.

2.º El Congreso de los Diputados considera, en consecuencia, necesaria la potenciación del control de la Administración sobre la opción de los medios utilizados para la generación de energía eléctrica, sobre el trazado de las líneas para su transporte y la calidad del servicio de suministro. A este fin, y además de lo expuesto en otras resoluciones concordantes, el diseño general de las líneas debe ser intervenido por la Administración, a la que también corresponderá la autorización previa para su construcción.

Se propiciará la creación de una asociación de todas las empresas del sector eléctrico que tenga como finalidad la óptima utilización y distribución de los recursos de energía disponibles. Esta sociedad no tendrá finalidad lucrativa y su patrimonio será el estrictamente necesarlo para el cumplimiento de su fin de gestión. Estará facultada para dar instrucciones a las empresas respecto de la mejor utilización de los medios de generación y transporte. Su actuación estará intervenida por un delegado del Gobierno, con capacidad para impartir las instrucciones de aquél vinculantes para el consejo de la sociedad y con derecho de veto sobre cuantos acuerdos del consejo considere lesivos a los intereses públicos.

3.º La solidaridad y la lucha efectiva contra los desequilibrios económicos entre las distintas áreas del territorio nacional han de constituir también un objetivo de la política energética. En este sentido, el Congreso de los Diputados, habida cuenta de su alto interés social, insta al Gobierno para remitir a las Cortes el correspondiente proyecto de ley de electrificación rural. Asimismo, el Gobierno propondrá otro proyecto de ley, por el que se establezca un canon sobre la potencia de las instalaciones de generación eléctrica de carbón, hidráulicas o de energía nuclear, que revierta en beneficio del desarrollo de las zonas directamente afectadas por la implantación de tales instalaciones.

Propuesta aceptada al Grupo Andalucista

1.º Que una de las centrales térmicas que en número estimado de seis se programen en el PEN para su instalación en puerto con carbón importado se ubique en Algeciras, en orden a hacer efectivo el principio de compensar los desequilibrios territoriales, facilitando y potenciando el inicial desarrollo industrial de la comarca, que a su vez ofrece una incompleta infraestructura portuaria y de servicios.

2.º Que otra de estas centrales térmicas de carbón importado se ubique en Almería, en la costa de Carboneras, por las mismas razones sobre desequilibrios territoriales aducidas, a la parquecon el objeto de conjugar esta acción con la iniciativa, en fase de construcción, de una planta de cemento para exportación e instalaciones portuarias correspond entes. De otro lado, de la implantación de esta central se derivaría la construcción de la infraestructura necesaria de distribución eléctrica, prácticamente inexistente en esta zona andaluza. Esta acción deberá acometerse en plazo inmediato, ya que la referida iniciativa cementera deberá adaptar sus planteamientos con urgencia, en orden a consumir carbón en lugar de la previsión inicial de consumo de fuel, de forma tal que el suministro de carbón tenga aplicación tanto para la planta como para la central.

Estas acciones deberán realizarse con las máximas garantías en materia de conservación del medio ambiente.

(Pasa a página 12) (Viene de página 11)

3.º Que como complemento imprescindible a la implantación de las centrales térmicas referidas, urge la necesidad de viabilizar y reforzar en Andalucía, y muy especialmente en su zona oriental, la red de distribución primaria y secundaria, que a su vez pueda alimentar la infraestructura prevista en el Plan de Electrificación Rural, que debiera estar en curso y cuyo proyecto de ley deberá remitir el Gobierno a esta Cámara en el plazo de un mes, una vez se inicie el segundo período legislativo.

Propuesta aprobada al Grupo Socialista

- Que la Administración tenga control sobre los medios escogidos para la producción de energía eléctrica y su transporte, potenciando al máximo la producción por hidráulicas y térmicas de carbón.

- Que se cree una asociación de las empresas del sector eléctrico para la distribución de los recursos de energía disponibles, sin ánimo de lucro, y con una intervención vinculante en todos sus aspectos, de una delegación del Gobierno. Dicha asociación deberá disponer de los medios técnicos adecuados, según valoración de la delegación del Gobierno.

QUINTA

Sobre la energía de origen nuclear

El Congreso de los Diputados, a la vista de la información suministrada por los representantes de la Administración y por los expertos convocados ante la Comisión de Industria y Energía, constata que la energía nuclear constituye una fuente imprescindible para completar el abastecimiento energético de nuestro país en las próximas décadas, posibilitando así un crecimiento económico sostenido. En consecuencia, insta al Gobierno a la ejecución del programa nuclear que racionalmente exijan nuestras necesidades energéticas, estableciendo al mismo tiempo las más estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con estos principios, el Congreso de los Diputados considera urgentes las siguientes acciones:

- Remisión al Congreso, antes del 30 de septiembre, del proyecto de ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, cuya misión será evaluar y controlar el diseño, construcción y operación de las instalaciones nucleares y radiactivas, segregando las funciones que en este campo, realiza actualmente la Junta de Energía Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear se configura como órgano independiente en la Administración central del Estado. Al propio tiempo, se procederá a dotar a dicho Consejo de los medios necesarios para el cumplimiento de su misión.

Los miembros de este Consejo, cuya independencia y objetividad de juicio deberá estar suficientemente garantizada, serán nombrados por el Gobierno, previa comunicación al Congreso de los Diputados, que podrá oponer su veto en el tiempo y forma que establecerá la ley correspondiente.

El Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con las competencias que la ley le asigne, intervendrá en el procedimiento de autorización de las instalaciones nucleares y radiactivas, así como del Centro de Investigación Nuclear de Soria, en la situación que se encuentren en el momento de su constitución.

Una vez aprobada la ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y oído éste, se procederá a:

I) Regular los procesos y criterios objetivos para la selección de futuros emplazamientos de las instalaciones nucleares. En la determinación de estos criterios se producirá la participación en su caso, de las comunidades autónomas.

II) Revisar la reglamentación sobre seguridad nuclear y protección radiológica existente para adaptarla a la situación actual.

III) Completar la revisión, ya iniciada, de los sistemas y condiciones de seguridad de las centrales nucleares en explotación, construcción o proyecto para adaptarlas, siempre que sea preciso, a los requerimientos derivados de los últimos progresos de la técnica.

- Reestructuración de la Junta de Energía Nuclear con objeto de transformarla en un organismo de investigación y desarrollo tecnológico con posibilidad de participación en actividades industriales relacionadas con dichos desarrollos. En este sentido, la Junta de Energía Nuclear desarrollará en las empresas industriales en las que participe sus actividades de tipo semiindustrial.

Se establecerán las regulaciones necesarias para perfeccionar la organización de las actividades del ciclo de combustible nuclear, desarrollando y potenciando las actividades de la empresa pública especializada en este campo, con la colaboración y participación de la Junta de Energía Nuclear como organismo de investigación y desarrollo.

En este marco, dada la importancia del tema, se encargará específicamente a la Junta de Energía Nuclear la realización de las acciones conducentes al tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos, de acuerdo con las normas que establezca el propio Gobierno a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear.

Por otro lado, y con el fin de asegurar al máximo el abastecimiento de combustible, se adoptarán las medidas oportunas para la financiación por el Estado del «stock» básico de uranio, natural y enriquecido.

SEXTA

Sobre el sector del carbón

La instrumentación de una política favorable de precios, ayudas y estímulos a la producción, en la línea seguida por la CEE, el desarrollo de una política social acorde con las peculiaridades de la minería en general, y de la del carbón en particular, y de la consecución de niveles adecuados de productividad global son factores fundamentales para la obtención de los objetivos de producción previstos en el PEN.

En este sentido, se desarrollarán las siguientes acciones de mantenimiento y desarrollo:

- Establecimiento de un sistema de ayuda general a la minería del carbón, conducente a compensar los extracostes sociales conexos con la actividad.

- Establecimiento de un precio de referencia internacional para la hulla coquizable, según los principios de la CECA. Este precio deberá complementarse mediante ayudas a la producción, a través de la implantación de convenios entre la Administración y las empresas productoras, que se financiarían con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

- El precio del carbón para las centrales térmicas deberá determinarse sobre la base de los costes reales medios por zona o cuenca, arbitrándose una fórmula de actualización paramétrica.

Como medidas complementarias de estímulo al desarrollo de las producciones se adoptarán las siguientes:

- Sustitución del actual régimen de acción concertada, que finaliza en diciembre de 1979, por un programa a medio plazo, en el que se contemple un apoyo económico a los proyectos, de acuerdo con los mecanismos previstos en la ley de Fomento de la Minería u otros, en su caso, que vaya acompañado de claras contrapartidas en los aspectos relativos a la producción y mejoras sociales.

Previsión, de acuerdo con lo previsto en la ley de Fomento de la Minería, u otros mecanismos, de las partidas correspondientes para subvencionar los extracostes producidos por el transporte de carbones entre cuencas.

Previsión de fórmulas de financiación para las inversiones destinadas a la mejora, en su caso, del entorno socioeconómico de las mismas; es decir, del hábitat minero.

- Puesta en marcha del plan de investigación previsto en el PEN en sus dos vertientes geológico-minera y tecnológica para poder replantear, a nivel nacional, y cuenca por cuenca, cuál es la realidad de nuestra potencialidad en carbón y las reestructuraciones que serán necesarias en consecuencia.

Con el Fin de asegurar el abastecimiento. que requiere la previa formación y mantenimiento de «stocks» coyunturales. se adoptarán las medidas oportunas para contar con el crédito oficial necesario para su financiación.

Propuesta aceptada a Coalición Democrática

El Gobierno debe prestar especial atención a este subsector, acorde con la problemática planteada por las alzas reiteradas de los precios del petróleo y con las medidas adoptadas por otras naciones u organismos internacionales, como la AIE y la CEE que prevén para sus países miembros fuertes ayudas económicas y cooperación para el desarrollo de la minería del carbón.

Deben adoptarse por el Gobierno las medidas necesarias para alcanzar la plenitud de nuestra limitada capacidad productiva de carbón, señalándose como medidas mínimas las siguientes: a) Estimular las acciones encaminadas a aumentar la productividad de las explotaciones. b) Establecer facilidades financieras para los stocks de carbón que se originen en temporada de buena hidraulicidad. c) Fijar precios realmente remuneradores y acordes con los de otras fuentes de energía. d) Mejorar el hábitat y las condiciones de trabajo de la población minera.

Deben considerarse las actuales posibilidades respecto a las ofertas que se hicieron en su día por países de Africa e Iberoamérica para establecer un puerto franco en España (Vigo o Algeciras) para la comercialización de sus carbones a toda Europa.

Se intensificarán las relaciones con otros países que estén encaminadas a cooperar financiera y técnicamente en investigaciones y explotaciones conjuntas.

Propuesta aceptada al Grupo Andalucista

Que se dé carácter de decisión prioritaria a la explotación de los lignitos y turbas de Arenas de Rey y de Padul, en la provincia de Granada, cuyas reservas, en el momento actual, se calculan suficientes, urgiendo y agilizando los correspondientes estudios de viabilidad y desarrollo sobre el proyecto minero y sobre el de implantación de central térmica a pie de mina, instrumentando los recursos financieros necesarios de forma tal que los actuales condicionamientos económicos de la empresa titular de los registros mineros no retrasen el comienzo de esta iniciativa.

Propuesta admitida a la Minoría Catalana

El Congreso de los Diputados resuelve:

- Aumentar tanto como sea posible el uso, producción y comercio del carbón, sin dañar el medio ambiente, para cumplir o superar las previsiones del PEN.

- Propiciar la sustitución de petróleo por carbón en los sectores Industriales y eléctricos.

- Establecer un sistema general de ayuda a la minería del carbón que contemple las siguientes medidas:

- Subvencionar el transporte entre cuencas.

- Financiar inversiones tendentes a una mejor calidad de vida en las cuencas.

- Poner en marcha un plan de investigación.

- Dentro de la reestructuración general de la empresa pública, dedicar especial interés a HUNOSA.

SEPTIMA

Sobre el subsector petrolífero.

El Congreso de los Diputados considera necesario que se proceda a una mejor ordenación y clarificación del subsector petrolífero en función de su importante participación en el desarrollo de la política energética y de la necesidad de adecuar su marco de actuación para que de forma gradual esté en disposición de desarrollar una gestión eficaz en el momento de la plena incorporación de España a la Comunidad Económica Europea.

El nuevo marco jurídico deberá constituirse sobre las siguientes bases:

a) Exploración de hidrocarburos. -Se promoverá el incremento de la actividad investigadora de yacimientos de hidrocarburos intensificando la inversión de la empresa nacional correspondiente, canalizando a través suyo la inversión que se realiza con cargo a diferentes partidas de los Presupuestos Generales del Estado.

Se incentivarán las inversiones que las empresas españolas realicen en este área de actividad.

b) Adquisición de crudos. Se definirá la política de adquisición de crudos petrolíferos aplicando en sus líneas generales el régimen actual mediante el cual una parte de nuestras necesidades se cubre con las adquisiciones realizadas por el Estado a través de la empresa nacional correspondiente. Igualmente se establecerán los criterios generales por los que las compañías refinadoras se aprovisionarán del resto de los crudos necesarios. En todo caso, se dará prioridad a las operaciones de aprovisionamiento que estén combinadas con exportaciones de bienes y servicios cuando éstas resulten de interés para la economía nacional.

Refino, distribución y comercialización de los productos petrolíferos. Con el criterio genérico de mantener el equilibrio en la participación de las empresas públicas y privadas, se promoverá:

1. La instalación de unidades de producción tendentes a la transformación del fuel-oil en productos ligeros, de forma que la estructura productiva de las refinerías nacionales vaya adecuándose a la evolución del consumo.

2. En CAMPSA se procederá a la segregación de las participaciones financieras de la mencionada sociedad, que amparan las actividades de la sociedad distintas de las que actualmente realiza en su función de compañía administradora del monopolio de petróleos.

Se tenderá de inmediato a una progresiva liberalización en la actividad de comercialización de los productos petrolíferos no energéticos.

Se intensificará el grado de coordinación de las empresas refinadoras participadas por el Estado de forma que, tan pronto como sea posible, esta coordinación se concentre en un solo organismo.

Propuesta admitida al Grupo Socialista

Nueva fórmula de precios en refinería que corrija el actual desequilibrio de precios entre productos ligeros y pesados.

Adaptación de la CAMPSA, de manera que se prepare a la nueva situación competitiva que puede crear la desaparición del monopolio comercial del Estado, cuando España ingrese en la CEE, mejorando su servicio al público, con un mayor número y modernización de estaciones, y que se delimiten completamente las actividades de arrendamiento del monopolio de las otras actividades privadas de la CAMPSA.

Propuesta aceptada al Grupo Comunista

Establecer un plan de suministro de crudos que, con distintas hipótesis de precios, asegure su aprovisionamiento. En el Plan se seguirá una estrategia que tenga en cuenta la obtención de contrapartidas comerciales y financieras. Asimismo, se pondrá especial atención en el establecimiento de acuerdos a largo plazo, sobre todo con empresas estatales de aquellos países que cuentan con abundantes recursos petrolíferos y que puedan tener interés en participar en el sistema español de refino.

Propuesta aceptada a la Minoría Catalana

- Racionalizar el sector público agrupando a las empresas refinadoras y de exploración de hidrocarburos en una sola entidad, terminando con la dualidad INI-Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Industria.

OCTAVA

Sobre el gas natural

El Gobierno establecerá, o propondrá al Congreso de los Diputados en su caso, el marco jurídico adecuado para la progresiva utilización del gas natural de forma que contribuya a:

-Diversificar nuestro abastecimiento disminuyendo simultáneamente la dependencia del petróleo y los niveles de contaminación. Para ello:

Completará, a través de la empresa nacional correspondiente, la infraestructura inicial con las instalaciones de almacenamiento estratégico necesarias para el sistema interior, instalaciones de regasificación y enlace con la red europea.

Impulsará el desarrollo del proproyecto Segamo de enlace de las instalaciones del norte de Africa con la Península.

Arbitrará para posibilitar los objetivos anteriores las medidas de carácter económico necesarias.

Propuesta aceptada al Grupo Andalucista

1.º Que los recursos de gas del golfo de Cádiz se utilicen de forma tal que su consumo beneficie los intereses del pueblo andaluz, especialmente en cuanto a la generación directa e inducida de empleo, estructurando las siguientes acciones:

a) Implantación en suelo andaluz de planta de prerreducidos del mineral de hierro de la zona norte de la provincia de Huelva, cuyo futuro a corto plazo, si no se acometiera esta iniciativa, sería la paralización de estas explotaciones mineras, con el consiguiente perjuicio social y económico, tanto a nivel de Andalucía como a nivel de España.

Esta acción ya se recomendaba en el PNAMPM (Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales), elaborado por el Ministerio de Industria y Energía en diciembre de 1978.

b) Que el remanente de producción de gas de la zona, cuya exploración se hace necesario potenciar, se constituya en recurso energético aplicado al consumo industria, y, en su caso, doméstico, en núcleos andaluces, muy especialmente en el área industrial de Huelva como sustitutivo de los actuales productos energéticos, en orden a disminuir la alarmante problemática medioambiental de la ciudad.

Propuesta aceptada al Grupo Comunista

Acelerar la terminación de los gaseoductos en construcción.

Poner en marcha las negociaciones para conectar la red gasista española con la del resto de Europa a través de Francia sin perjuicio del proyecto Segamo.

Fomentar el consumo de gas natural en las áreas con mayores problemas medioambientales.

Propuesta aceptada a la Minoría Catalana

1) Diversificar y asegurar las fuentes de suministro y, a tal efecto, entre otras medidas, conectar con la red europea de gasoductos.

2) Que Enagas termine sin nuevas demoras la infraestructura de gasoductos emprendida, así como las extensiones necesarias para los suministros industriales o domésticos.

3) Agilzar los trámites administrativos para la obtención de las concesiones y autorizaciones necesarias para la distribución del gas natural.

4) Fijar de inmediato las tarifas unificadas españolas de venta del gas natural, con el fin de que pueda iniciarse la firma de contratos de suministro.

5) Promover la creación de sociedades locales o comarcales de distribución fuertemente enraizadas en las respectivas zonas, con participación de municipios y cajas de ahorro.

6) Impulsar la distribución de gas por plantas satélites e. determinadas poblaciones antes de la llegada del gasoducto.

7) Definir y orientarlas aplicaciones prioritarias del gas, tanto el importado como el encontrado en Cádiz y Sabiñánigo, a través de una política comercial adecuada.

NOVENA

Sobre investigación y nuevas energías

El Congreso de los Diputados considera que, sin perjuicio de lo establecido específicamente en otras resoluciones concordantes, la investigación en el campo de las nuevas energías y fundamentalmente las acciones de fomento y promoción destinadas a su efectiva participación en la aportación de energía primaria constituyen aspectos fundamentales de la política energética. En consecuencia, procede:

- Coordinar las diversas actuaciones de investigación incrementando el esfuerzo actual realizado por organismos y empresas públicas.

- Promover la utilización de equipos generadores de nuevas energías, mediante su instalación y uso experimental con carácter demostrativo de entidades públicas.

- Incentivar, mediante la instrumentación de los oportunos mecanismos, incluidos los fiscales, la actividad investigadora y todas aquellas actuaciones encaminadas a facilitar y anticipar su inmediata penetración en el mercado.

Propuesta admitida al Grupo Andalucista

Que como complemento de las acciones programadas sobre experimentación de energía solar en la provincia de Almería, se posibilite, económica y funcionalmente, una descentralizacion de la actuación del Centro de Estudios de la Energía en esta materia hacia las áreas con mayores recursos, tanto en el tema de generación eléctrica como en el de aprovechamiento directo, y se ubique un Centro Integral de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Energía Solar anexo a las instalaciones experimentales, en la referida provincia. Este Centro deberá coordinar y aunar todos los esfuerzos tecnológicos y económicos que, a nivel estatal y en materia de energía solar, se encuentren en curso por parte de diversos organismos y entidades oficiales.

Propuesta aceptada al Grupo Socialista

3) Modificación urgente de la ley de Minas, con objeto de agilizar el acceso al dominio minero y eliminar la traba que supone la retención de derechos sin actividad suficiente.

8) Las orientaciones expresadas exigen una reconsideración de las previsiones de inversión, que deben ser cuantificadas y presentadas en el más breve plazo posible.

Propuesta aceptada al Grupo Comunista

Potenciar el uso de las nuevas energías con la preparación y/o adopción de prototipos adecuados a las distintas posibilidades del territorio español.

Propuesta aceptada a la Minoria Catalana

Establecer un programa de investigación, coordinando el INI, las universidades y la empresa privada, y dan do las dotaciones económicas suficientes.

DECIMA

Sobre defensa del consumidor y ecología

1.º El Congreso de los Diputados estima apropiadas las directrices que prevé el Plan en lo que a orientación y defensa del consumidor se refiere e insta especialmente a la revisión de los reglamentos en el plazo que se señala, así como a la constitución experimental de servicios de asesoramiento en las principales ciudades del país.

2.º Por otro lado, estima que la puesta en marcha de los proyectos recogidos en el PEN ha de realizarse evitando impactos ambientales importantes o irreversibles. Para ello, el Gobierno.

a) Impulsar el establecimiento del marco legal e institucional que regule debidamente la protección del medio ambiente, partiendo de la ley General del Medio Ambiente que el Gobierno remitirá a las Cortes en diciembre del año en curso y completando esta formulación básica con revisión y puesta al día de las disposiciones sectoriales.

b) La aprobación de los nuevos proyectos energéticos importantes deberá requerir, con carácter previo, una evaluación específica de su impacto ambiental que permita imponer medidas correctoras.

Propuesta aceptada a la Minoría Catalana

- Acelerar la remisión a las Cortes por parte del Gobierno, de la ley General del Medio Ambiente.

- Fijar los límites de contaminación del aire y del agua y, en conformidad con ellos, autorizar únicamente las instalaciones energéticas y las industriales generales o contaminantes que, en su conjunto, respeten dichos límites.

- Los límites de emisión de contaminantes para una factoría de tipo y capacidad dada serán distintos en función del emplazamiento que para la misma se elija, o lo que es lo mismo en función de la inmisión que una misma emisión genera, dadas las distintas características climatológicas.