El control del sector eléctrico y el número de nucleares enfrentó a UCD y la izquierda

«Este es el Plan Energético Nacional de UCD y del Gobierno, no nos sentimos vinculados a él y creemos que no es el programa que España necesita.» Con estas palabras, Javier Solana, portavoz socialista en el debate del Pleno del Congreso sobre el Programa Energético Nacional (PEN), dejó sentada la posición de su grupo tras más de doce horas de debates sobre los diez capítulos de resoluciones presentadas como acto parlamentario de tramitación del PEN. A lo largo de las discusiones de los temas más espinosos, socialistas y comunistas insistieron en que UCD defiende con la última versión del Plan, y especialmente con las resoluciones presentadas, no los intereses generales, sino los particulares de sectores concretos, y especialmente del eléctrico.

El conjunto de resoluciones aprobadas a lo largo de los debates forman un rosario de buenos propósitos con algunos compromisos concretos (véase el texto bruto aprobado a lo largo de casi medio centenar de votaciones), que no tienen nada más que fuerza moral para el Gobierno.Los temas polémicos que enfrentaron a la izquierda y al partido gubernamental se centraron en la definición de previsiones de demanda, ordenación del sector eléctrico, regulación del sector nuclear y reestructuración de CAMPSA. Junto a los grupos Centrista, Socialista y Comunista, que llevaron el peso de los debates, actuó ante el Pleno la Minoría Catalana, con posiciones próximas a las centristas, con los que, en general, votaron, aunque algo más progresistas en su exposición. El grupo de Coalición Democrática tuvo una actuación moderada en diversos temas de su exclusivo ámbito de competencia sin ninguna aportación a debate, aunque fueron beneficiados por los votos favorables de los demás grupos a sus propuestas locales. Los demás grupos pasaron inadvertidos, y especialmente el vasco hizo mutis por el foro, incluso en el tema de la central de Lemóniz, para la que el diputado socialista señor Benegas pidió, sin éxito, la paralización de las obras.

El ministro de Industria, Carlos Bustelo, intervino ante el Pleno al final de los debates, para, con brevedad y tono absolutamente apagado y monocorde, señalar a la Cámara su satisfacción por la aprobación del PEN, tras tanto tiempo de preparación. Dijo que estamos en un momento grave y a corto plazo, que nos impone fijar precios relativos según el coste de la energía importada. «Ahora», añadió, «ha llegado la hora de la verdad, que nos obliga a realizar un esfuerzo inversor en energía sin precedentes.» Para responder a las críticas de la izquierda, dijo que el Gobierno no pretende desmontar empresas públicas, como CAMPSA o Hunosa, sino hacer que funcionen, ya que éste es el mejor sistema para defenderlas. Calificó el programa nuclear de vital y felicitó a la Cámara por la aprobación de las resoluciones propuestas, ya que permiten iniciar una serie de actuaciones que tendrán efectos importantes sobre el sector energético y sobre los suministradores del mismo, especialmente el de bienes de equipo.

Mientras socialistas y comunistas, por boca de los señores Boyer, Solana y Barón (PSOE) y Tamames (PCE), fueron contundentes y críticos, los centristas apenas ofrecieron otra resistencia que la fuerza de sus votos y una intervención más brillante de lo habitual en el Pleno del diputado Herrero de Miñón, aunque sin ninguna altura técnica ni de contenido.

Control del sector eléctrico

El debate sobre el tema eléctrico fue el que suscitó enfrentamientos más vivos. La izquierda criticó con acritud que UCD defienda una congelación de la participación del sector público en este importante campo, así como lo que, en su. opinión, son propuestas regresivas o cuando menos mantenedoras del actual statu quo en cuanto a control del sector. Propusieron la creación de una empresa mixta con mayoría pública para controlar la red de alta tensión, calificaron de feudal la situación del sector público, con reparto de zonas por compañías, señalaron que el sector público es el que planifica el futuro con abdicación de responsabilidades por parte del Gobierno, y afirmaron que la industria eléctrica es ajena a la economía de mercado, ya que tiene precios fijados por el Boletín Oficial del Estado (BOE), usa bienes de dominio público y tiene financiación privilegiada.

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