La conciencia europea y la pena de muerte

La creencia según la cual la condena a la pena capital, la espera de la ejecución y la ejecución misma constituyen una forma típica de trato cruel, inhumano y degradante no es nueva en la historia del pensamiento europeo. Está formulada desde hace tiempo, pero fue sobre todo después de la segunda guerra mundial cuando tomó cuerpo en toda Europa y en otros lugares del mundo.La Asamblea General de las Naciones Unidas ha visto desde hace algunos años en la pena de muerte una cuestión importante para el conjunto de la comunidad internacional: su objeto declarado y varias veces reafirmado es que la pena capital sea definitivamente abolida en el mundo.

En mi calidad de ministro de Justicia de la República de Austria apoyé esta postura presentando un memorándum sobre la pena de muerte con ocasión de la conferencia de ministros europeos de Justicia que tuvo lugar en junio de 1978 en Copenhague. En él propuse que se volviesen a examinar los principios jurídicos. sobre la pena de muerte a la luz del valor de la dignidad humana.

La lucha por la abolición de la pena de muerte en Austria fue ardua y difícil. ¿Cómo podría ser otra cosa que un adversario declarado de la pena de muerte? Aún conservo vivo el recuerdo del asesinato de Sacco y Vanzetti y de los campos de exterminio, de los campos de concentración, de los tribunales militares, de las ejecuciones «legales» de sentencias.

También Amnesty International, movimiento mundial en favor de la protección de los derechos humanos de los prisioneros de conciencia y en contra de la tortura, se ha opuesto siempre a la pena de muerte sin reservas. Esta organización, con carácter consultivo en el Consejo de Europa y en las Naciones Unidas, organizó una conferencia internacional sobre la pena de muerte, a la que me refiero ampliamente en mi memorándum. Precisamente tres ministros de Justicia participaron en esta conferencia, celebrada en Estocolmo los días 10 y 11 de diciembre de 1977, a la que acudieron más de doscientos delegados del mundo entero, representantes de las secciones nacioanles de Amnesty International, así como los más importantes políticos y abogados de la mayoría de los países miembros del Consejo de Europa: las conclusiones de esta conferencia siguen siendo extraordinariamente válidas. La Declaración de Estocolmo, unánimemente adoptada, solicitaba a todos los Gobiernos la abolición inmediata de la pena de muerte, y a las Naciones Unidas, que declarasen sin ambigüedades que la pena de muerte es contraria al derecho internacional. La inadecuación de la disposición sobre el derecho a la vida incluida en la Convención Europea sobre Derechos Humanos y lo imperativo para el Consejo de Europa de retirar la excepción sobre la pena de muerte incluida en el artículo dos también se puso de manifiesto.

Indudablemente cabe preguntarse si es el momento adecuado para desarrollar una iniciativa dirigida contra la pena de muerte cuando la violencia de tipo terrorista conmociona a los pueblos y a los Gobiernos de los grandes países europeos. Sin embargo, es precisamente cuando nos enfrentamos con semejantes provocaciones cuando debemos afirmar y fortalecer los valores comunes y fundamentales. Una estrecha colaboración de los países miembros, tal como se acordó en la Convención Europea sobre la Erradicación del Terrorismo, sólo podrá realizarse partiendo de las bases comunes indiscutibles de los principios contenidos en la Convención Europea sobre los Derechos Humanos.

Estoy convencido de que los que nos oponemos a la destrucción de la vida, aun cuando dicha destrucción esté aprobada por la ley, como en el caso de la pena de muerte, ocupamos una posición privilegiada para manifestarnos contra lo profundamente inhumano del terrorismo con plena autoridad moral. Cuando los fanáticos de la violencia llevan a los titulares de los periódicos palabras como «sentencia de muerte» y «ejecución» ¿no se impone en el mundo de la ley la eliminación definitiva de estas palabras de los códigos de justicia?

Por otro lado, no debemos desestimar la posibilidad de que la «postura de reserva» ante la pena de muerte como acción legal combinada con su no aplicación pudiera ocasionar malentendidos graves. La pena capital podría servir como pretexto para legitimizar todo tipo de abusos políticos y también por parte de grupos terroristas.

En mi memorándum proponía a los ministros europeos que considerasen los esfuerzos a escala mundial de las Naciones Unidas, así como los de organizaciones no gubernamentales tales como Amnesty International, y que examinasen la posibilidad de establecer obligaciones en favor de la abolición y no reinstauración de la pena de muerte dentro del marco de la protección europea de los derechos humanos. Sigo pensando que una iniciativa en el plano europeo para abolir la pena de muerte y para impedir su reinstauración sería un mensaje que podría escucharse en todo el mundo.

Estoy firmemente convencido de que nuestra búsqueda de formas más duras de coexistencia humana -sin terror, sin tortura, sin penas ni tratos crueles o degradantes- impone urgentemente esta iniciativa.

Ministro de Justicia de Austria