Tribunales propios y alta participación en los impuestos, puntos clave del Estatuto catalán

Los principales motivos de desacuerdo con el proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña de Unión de Centro Democrático (UCD) giran en torno a la regulación del poder judicial autonómico y a la financiación de la Generalidad. Los desacuerdos no se limitan, sin embargo, a estos aspectos, sino que afectan a 49 de los 55 artículos del texto actual, tres de las cuatro disposiciones adicionales y cinco de las seis disposiciones transitorias.El proyecto de Estatuto catalán polariza el mismo rechazo centrista que el vasco, por lo que se refiere a la atribución del poder como emanación del pueblo, sin más especificaciones, y por sus apelaciones a la realidad nacional catalana. Con todo, el proyecto catalán suscita menos diferencias políticas para UCD, en buena parte como consecuencia de una cierta mayor habilidad jurídica en su redacción. Fruto de ese clima es el reconocimiento que el grupo centrista hace -y que no figura en el documento sobre el Estatuto de Guernica- sobre el coherente esfuerzo del proyecto catalán «de continuidad con la historia de España y de sus pueblos» sobre la voluntad de fidelidad a los principios constitucionales.

Por lo demás, entre ambos proyectos existen numerosas coincidencias, que suscitan el desacuerdo centrista con los dos. Resaltan entre ellas la regulación de la condición del ciudadano vasco y catalán y las atribuciones en materia de seguridad ciudadana, con competencias para la policía autónoma sobre el orden público. También coinciden ambos estatutos en la reivindicación del desarrollo legislativo, si bien en esta materia el proyecto catalán llega más lejos, al atribuirse también el desarrollo normativo de competencias exclusivas del Estado.

Como supuesto específico del proyecto catalán, en su disposición adicional segunda se prevé la constitución de un patronato, con participación paritaria de la Generalidad y del Estado, encargado de la gestión del archivo de la Corona de Aragón, punto este que suscita el desacuerdo de UCD, por entender que se trata de un archivo supraterritorial.