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La guerra de Nicaragua será tratada por el Parlamento español

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso abordará en Madrid, probablemente el próximo martes, día 26, la cuestión nicaragüense en una sesión extraordinaria convocada a petición de Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista. UCD ha presentado en la Cámara una moción en la que pide el cese de los bombardeos contra la población civil, que sean implantados los derechos humanos en Nicaragua y alaba la actitud mantenida por los países del Pacto Andino, que han reconocido a los sandinistas como «beligerantes» en el conflicto. El PSOE, por su parte, pedirá la ruptura de relaciones diplomáticas con Somoza. Desde Costa Rica, Violeta Barrios, miembro del recién creado Gobierno provisional y viuda de Pedro Joaquín Chamorro, señaló que los sandinistas no instaurarán un régimen comunista. En el interior, la situación militar no ha experimentado variaciones sustanciales.

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Periodista norteamericano muerto

Violeta Barrios de Chamorro, integrante con cuatro personas más del Gobierno provisional creado recientemente por la oposición nicaragüense, ha manifestado que los guerrilleros sandinistas no piensan crear un régimen comunista en Nicaragua. Para la viuda del periodista y propietario del diario de oposición La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en enero del año pasado, no va a ser inmediata la convocatoria de elecciones generales en el país, ya que «la primera tarea consiste en reconstruir Nicaragua».Violeta Barrios afirmó, en una entrevista concedida a un diario brasileño, que había aceptado integrar el Gobierno provisional, a petición de sus dos hijos, que combaten en las filas de la guerrilla. Señaló también que la iniciativa de la creación del Gobierno provisional había partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Por su parte, el diario The New York Times publicó en un editorial que la defensa de los intereses norteamericanos en Nicaragua no pasa por la defensa de los intereses de Anastasio Somoza, y se muestra partidario de que la OEA convenza al dictador de que «la defensa de los valores constitucionales que dice profesar sólo puede realizarse con su retirada del poder».

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