El Congreso respondió positivamente a la "cumbre" de alcaldes

El Parlamento dio ayer respuesta positiva a la inquietud manifestada en los últimos tiempos por los responsables de los ayuntamientos democráticos y de la que fue máxima expresión la reciente cumbre de alcaldes celebrada en Valencia. Como una primera prueba de la buena disposición de la Administración central a atender las demandas de las corporaciones locales, el partido gubernamental accedió, en el marco del debate presupuestario, a establecer en 60.000 millones de pesetas el techo del Banco de Crédito Local para concertar créditos con las corporaciones locales, a fin de liquidar las deudas al 31 de diciembre de 1978.La oposición se felicitó por el acuerdo parlamentario adoptado, sin que faltaran alusiones socialistas a la «innecesaria tensión» creada por el Gobierno en esta materia. El vicepresidente segundo, Fernando Abril, justificó las resistencias centristas en la visión necesariamente global con que el Gobierno debe afrontar los problemas económicos y apeló a que la consideración de «cuestión de Estado» aplicada a los ayuntamientos se extienda a otros sectores de la vida nacional igualmente merecedores de ella.

La inopinada subida de Fernando Abril a la tribuna de oradores -el peso gubernamental del debate presupuestario había recaído hasta entonces en el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros- se interpretó en un primer momento como un deseo de capitalizar políticamente, desde la cúspide económica del Gobierno, la flexibilidad de UCD ante las reivindicaciones municipales. Pronto se deshizo en el hemiciclo esta impresión. La oración de Fernando Abril tuvo acentos de reflexión de Estado sobre los problemas del incremento del déficit presupuestario y la mala técnica de cancelar las deudas mediante su refinanciación, esto es, creando nuevas deudas. El señor Abril no dejó, sin embargo, de felicitarse por la convergencia de los grupos parlamentarios en el modo de afrontar un tema, planteado por los alcaldes en un clima de responsabilidad. Reconoció el «activo político» que significan los ayuntamientos democráticos, en un momento «en que sobran los pasivos políticos de que disponemos».

El elogio gubernamental al poder municipal no pasó inadvertido en un instante en que la atención periodística se centraba precisamente en la conversación que mantenían, a puerta cerrada, Adolfo Suárez y Felipe González, y en los pasillos del Congreso anidaban los rumores de un pacto de futuro para una coalición UCD-PSOE que saque al país del bache posconstitucional en que se encuentra.

En todo caso, la sensibilidad parlamentaria ante la problemática de los ayuntamientos debe apuntarse en el haber del Congreso de los Diputados y descubre la importancia política capital de la vida municipal. Los elogios a la cumbre de alcaldes no sólo fueron expresados por los partidos de la izquierda ni por algunos de los participantes en ella, como el comunista Ramón Tamames. Todos los grupos parlamentarios asumieron las conclusiones acordadas en la citada reunión y ni siquiera una fuerza como Coalición Democrática, con escasa presencia en los ayuntamientos, regateó el aplauso a la iniciativa municipal. Manuel Fraga no desaprovechó la ocasión de reconocer la calidad del documento de los alcaldes, si bien recordó la urgente necesidad de renovar la legislación local, para dar desarrollo a lo que la Constitución establece.

Mejora del sistema fiscal

El señor Tamames destacó la importancia de que, una vez superada la vía presupuestaria para la solución de los problemas municipales, se abordara rápidamente otro de los acuerdos de Valencia, como es el decreto-ley de medidas urgentes, como adelanto de una definitiva ley de Haciendas Locales o de Régimen Local. Insistió en la necesidad de complementar el acuerdo parlamentario de ayer con una serie de medidas que mejoren el sistema fiscal municipal y modernicen el aparato recaudatorio de los ayuntamientos.

La decisión del Pleno del Congreso fue adoptada por 301 votos favorables, un voto en contra y una abstención. La realidad es que la decisión de CD, adoptada en la Junta de Portavoces del martes, ante la comisión de alcaldes, de sumarse a los demás grupos de la oposición en el apoyo a la enmienda de la Minoría Catalana dejó un tanto desarmada a UCD, que ante la eventualidad de unir a sus males presentes un descalabro parlamentario en los presupuestos, optó por sumarse al coro general. Ello obligó al ex ministro Alberto Oliart, portavoz centrista en la comisión de Presupuestos, donde UCD se opuso a la enmienda de la Minoría Catalana, a exponer de modo lacónico y sin explicaciones el cambio de actitud de su grupo.

Por su parte, el grupo proponente de la enmienda, la Minoría Catalana, contrapesó su éxito, por un lado, apelando al sentido de la responsabilidad de los ayuntamientos, que no deben gastar -dijo- «a tontas y a locas», y por otro, a la necesidad de que el Estado se haga cargo del coste financiero de las operaciones de crédito de las corporaciones locales a partir de los presupuestos del Estado de 1980, hasta tanto se sanean las haciendas municipales. Esta fue la segunda parte de la enmienda catalana que no logró prosperar.

Por último, el grupo andalucista actuó un poco de aguafiestas del éxito catalán cuando su portavoz, señor Pérez Ruiz, denunció agravios comparativos -«mientras a los municipales catalanes se les aplaza cuatro pesetas de deuda, a los andaluces se les aplaza una peseta», ejemplificó- y pidió que «todos los países de España tengan la misma influencia». Era un anticipo de la actitud andalucista en la próxima confrontación parlamentaria sobre los estatutos de autonomía.

En relación con el tema municipal, fue rechazada una enmienda socialista, defendida por Luis Fajardo, por la que se pretendía fijar indemnizaciones a los miembros de los ayuntamientos que se dediquen en exclusiva a la corporación. El señor Oliart estimó que este tema no era propio de una ley de Presupuestos.