El Gobierno está dispuesto a negociar el patrimomo sindical, según el ministro de Trabajo

El diputado comunista Jaime Ballesteros, considerado en algunos medios como el número dos del PCE, «debutó» ayer en el Pleno del Congreso con fortuna. Defendió una propuesta de su grupo parlamentario para que se cree una comisión especial para asuntos de la emigración y obtuvo el voto favorable de prácticamente todos los diputados, centristas incluidos. En nombre de UCD, y para expresar su acuerdo, intervino un diputado, Javier Rupérez, miembro de la ejecutiva del partido, que también debutaba como orador parlamentario. Para que el acuerdo fuera aún más completo, la Cámara aprobó asimismo una enmienda a la propuesta del PCE formulada por los socialistas. Se trataba de precisar más el contenido de esa comisión y encomendarle la confección de un informe sobre la situación de los emigrantes españoles.El Pleno del Congreso asistió también a un nuevo debate, a tres bandas -socialistas, comunistas y el ministro de Trabajo-, sobre la política gubernamental en materia laboral y devolución del patrimonio sindical. El tema fue suscitado por el diputado socialista José Vida Soria en una interpelación en la que afirmó que el Gobierno realiza una política antisindical y rechaza todas las propuestas conciliadoras en materia de devolución del patrimonio. Planteó que la OIT ha recomendado al Gobierno que devuelva el patrimonio y esbozó el otro punto de su interpelación: el proyecto de estatuto de los trabajadores aprobado por el Consejo de Ministros ha sido realizado sin consultar a las centrales y supone, tal y como está redactado, la aceptación del cierre patronal, lo que a su juicio es inconstitucional. El estatuto elude, por el contrario, temas tan fundamentales como los criterios sobre la huelga y el reconocimiento de las secciones sindicales. «Es un texto intolerable, un refrito en su 80% de la legislación franquista», terminó

El ministro de Trabajo, en tono algo irritado, dijo que en la interpelación que se le formuló en su día no se hablaba del estatuto y que no pensaba entrar en ese tema. «Cuando se dice que una ley es regresiva», añadió, «conviene sustentarlo seriamente.»

Afirmó que el proyecto de ley sobre la huelga no estaba todavía en circulación porque así lo habían pedido las dos centrales mayoritarias y que, en el tema del patrimonio, la OIT había recomendado la negociación, dada la complejidad del tema. «El Gobierno está dispuesto a esa negociación en cualquier momento», terminó, entre los rumores de incredulidad en los bancos de la oposición.

De nuevo el señor Vida Soria subió a la tribuna para decir que quien realizaba afirmaciones gratuitas era el ministro de Trabajo al declarar en TVE que el estatuto de los trabajadores era uno de los más progesistas de Europa. «Claro que la OIT recomienda la negociación, pero es evidente que se trata de una negociación para devolver el patrimonio sindical», dijo más adelante. Interrogó al ministro sobre si la ley de convenios colectivos se encontraba incluida en el proyecto de estatuto y el señor Calvo Ortega respondió que sí.

El portavoz socialista, señor Peces-Barba, como cuestión de orden, planteó que no comprendía entonces por qué existía en la secretaría de la Cámara otro proyecto de ley sobre el mismo tema remitido por el Gobierno: «¿Debe entenderse que está retirado?». El ministro de Trabajo contestó que era decisión de todo el Gobierno, no suya, pero que entendía que se retiraría.

El debate tuvo su punto final con la intervención de Marcelino Camacho, del PCE, para proponer que en un plazo de 30 días el Gobierno diera a las centrales el inventario de los bienes sindicales y que antes de sesenta días se creara una comisión mixta negociadora y se pusieran a disposición de las centrales los locales sindicales. El señor Calvo Ortega no recogió la propuesta y se limitó a insistir en la complejidad del tema.

Por ahora, no habrá base militar en Canarias

El ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, contestó negativamente a la pregunta de Fernando Sagaseta (de Unión del Pueblo Canario) sobre la construcción actual de una base aeronaval en las islas Canarias, afirmando que las instalaciones por las que el diputado se inquietaba corresponden a un simple polígono industrial y a unas viviendas. En cambio, el ministro de Defensa no descartó la construcción en el futuro, cuando haya presupuesto y el Parlamento lo apruebe, de una base aeronaval que defienda el tráfico comercial canario y potencie militarmente el archipiélago dentro de la estrategia defensiva nacional.Previamente, el socialista Luis Solana y el comunista Marcelino Camacho interpelaron al Gobierno sobre la situación de la empresa Isodel Sprecher, SA, y sus 1.240 trabajadores. El ministro de Industria y Energía, Carlos Bustelo, contestó que la Administración no debe entrometerse en los asuntos que afectan a una empresa privada, a lo que el señor Solana replicó que sólo se trataba de que su Ministerio promoviera el diálogo de los trabajadores con la empresa para negociar la solución del problema. Asimismo, el señor Camacho declaró que el Gobierno debe intervenir cuando están en juego los intereses nacionales.