El Gobierno fuerza un debate sobre el estatuto de los trabajadores

El Gobierno ha decidido pasar a la ofensiva en el tema del estatuto de los trabajadores y, a tal fin, trata de encontrar un hombre bueno que, con la suficiente credibilidad de independencia para las partes, sirva de moderador al encuentro entre la CEOE, por una parte, y CCOO y UGT, por otra, que propiciará el ministro de Trabajo la semana próxima. Según parece, el hombre bueno podría ser un catedrático de Derecho laboral, independiente políticamente y con un cierto predicamento entre las fuerzas sociales.

De acuerdo con este planteamiento, con el que el Gobierno trata de evitar el desgaste parlamentario que supondría el debate en bruto del proyecto de estatuto ya elaborado por el Gabinete, se busca un cierto consenso entre las fuerzas sociales que permita su discusión por el Congreso libre de movilizaciones callejeras y otras acciones de protesta por parte de los trabajadores, como ocurriera durante el debate del proyecto de ley de acción sindical.En este sentido, la semana próxima el ministro de Trabajo convocará a las dos centrales mayoritarias y a la CEOE -parece ser que, en principio, y ante las reticencias que pudieran existir por parte de estos dos sindicatos, no se ha pensado en llamar a ninguna otra formación obrera cuya presencia pudiera constituir un elemento distorsionador para los mayoritarios- para que se reúnan bajo la moderación del citado hombre bueno a estudiar el contenido del proyecto de estatuto.

Al parecer, se dará de plazo entre diez y quince días para que las partes debatan el proyecto. Si concluido el plazo las fuerzas sociales han logrado algún tipo de acuerdo sobre cualquier proposición que añadir al texto del Gobierno, éste accederá a su inclusión. Si las propuestas de las partes no son coincidentes, la intención del Gobierno es agregarlas por separado a su texto para la inmediata remisión a las Cortes.

La reacción sindical a tales planteamientos gubernamentales es dispar. Mientras Comisiones Obreras rechaza de plano cualquier reunión con la patronal sin la presencia del Gobierno, la Unión General de Trabajadores ha pospuesto cualquier decisión al respecto hasta que reciba del Gobierno información en este sentido, para lo que tiene previsto entrevistarse durante este fin de semana con el ministro de Trabajo. UGT también desea mantener un contacto bilateral con la CEOE antes de responder a la anunciada convocatoria.

La negativa de CCOO ha sido explicitada por su responsable de relaciones políticas, Nicolás Sartorius, para quien no es «correcto ni oportuno ni válido» incluir en el estudio del estatuto a los empresarios, ya que su discusión sólo correspondería -de acuerdo con Sartorius- a las centrales y al Gobierno.

La CEOE, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre el particular. Su presidente, Carlos Ferrer Salat, se lamentó en una reunión mantenida con los corresponsales extranjeros de que «los empresarios no hubieran sido consultados previamente a la redacción del proyecto aprobado por el Gobierno». «Por eso», dijo Ferrer Salat, «estamos estudiando el texto del proyecto de ley y recabando información de nuestras organizaciones miembros para dar a conocer nuestros criterios sobre cuestión tan importante para la economía y paz social.