Topes salariales, productividad y derechos sindicales, protagonistas de los convenios en 1979
La mayor dificultad con que se encuentran los sindicatos en las negociaciones colectivas de 1979 se centra en el interés de la CEOE por lograr «un comportamiento empresarial uniforme». De ahí que su objetivo inmediato fuera el romper este frente. Como no hay pactos ni acuerdos entre los sindicatos y la CEOE (con independencia de que durante el curso de las negociaciones la patronal pretendiera desgajar el tema de los derechos sindicales de los convenios colectivos, con el fin de lograr un acuerdo-marco «por arriba», a nivel de ejecutivas nacionales), las centrales se disponen a romper el frente empresarial «por abajo», convenio tras convenio, procurando agudizar las contradicciones existentes en el seno de la patronal. CCOO y UGT, con este fin, aprovechan especialmente las desconexiones existentes entre el sector público y el sector privado, así como los frecuentemente opuestos intereses que se dan en la pequeña, mediana y gran empresa.Renfe: "test" y punto de partida
CCOO y UGT ponen en marcha la negociación colectiva del 79 con una estudiada táctica. Adelantan sus sindicatos más numerosos, más combativos y más disciplinados, a las primeras negociaciones, y junto a esta ofensiva intentan un convenio marco con el Instituto Nacional de Industria (al estilo de los pactos que negocia por tres años la FLM italiana con la patronal del sector público del metal -Intersind- para un convenio nacional de estas empresas). Fracasó la operación de un convenio marco con el INI, y las negociaciones en Renfe pasaron a convertirse en test y punto de partida.
La batalla en Renfe no se librará con la patronal, estrictu sensu, sino con el Gobierno, a quien correspondía defender su reciente decreto sobre política de rentas y empleo (limitación de incrementos salariales entre un 11% y un 14%). Si falla el Gobierno en su intento de hacer observar el decreto en Renfe, las repercusiones en los 1.999 convenios que quedan pendientes de negociar pueden ser enormes.
Renfe ocupa a unos 73.000 trabajadores (casi el 1% de la población activa ocupada) y había sufrido durante 1977 un déficit de 37.000 millones de pesetas. La comisión negociadora de los trabajadores (integrada por doce representantes de CCOO, ocho de UGT, dos de SU y dos de USO) pretende un incremento salarial del 18% (reducido posteriormente al 16%), derechos sindicales y medidas para fomentar el empleo. La dirección de la empresa contesta a las pretensiones de los trabajadores con una oferta de incrementos salariales del 11%. El artículo 1 del decreto sobre política de rentas y empleo, la «situación económica de la empresa» (su carácter deficitario) obligaba a ésta a no superar el 11%, ya que el mencionado artículo dispone «que las sociedades estatales se someterán al límite inferior del crecimiento salarial cuando la situación económica de la sociedad sea deficitaria».
El Gobierno aventura la feliz teoría de que Renfe no es una empresa sino un servicio público, y sobre éste no deben recaer las limitaciones de rigor. A la postre se firmó el convenio con un incremento salarial del 14,67%, reconocimiento de derechos sindicales y medidas de promoción del empleo, tales como rebajar la edad de jubilación anticipada y pactar una jornada de 42 horas semanales para 1980.
A la CEOE, ajena al conflicto de Renfe, se le ensombreció el panorama con la firma de este convenio. Por su parte, el Gobierno siguió idéntico comportamiento en otras empresas públicas deficitarias, como es el caso de Hunosa (24.000 trabajadores), donde de un ofrecimiento patronal de incrementos salariales del 7% se llegó a un convenio en el que figuraron aumentos salariales del 13,8% y la creación de setecientos nuevos puestos de trabajo.
El metal: segunda ofensiva negociadora
Inmediatamente incorporan los sindicatos a la negociación colectiva a otro de los sectores donde se encuentran más fuertes y cuentan con gente más combativa: el metal. El sector del metal de Madrid, en particular, se convirtió en centro neurálgico de la negociación. En él se iban a solventar las grandes cuestiones que días atrás (véase el segundo informe de esta serie en EL PAIS de ayer) habían puesto sobre la mesa la CEOE y CCOO-UGT, y en él iban a participar las altas instancias de la patronal y los sindicatos.
Por aquella época ya se contaba con el efecto simbólico que había supuesto el convenio de Boeticher y Navarro, en la que los trabajadores habían conseguido incrementos salariales del 17%, derechos sindicales y reducción de jornada. La firma del convenio de Chrysler (el centro industrial más importante de Madrid, con sus 14.000 trabajadores) también influiría en las negociaciones del metal con sus condiciones: incremento salarial del 14%, conversión de trescientos eventuales en trabajadores fijos, exención del turno de noche para los empleados mayores de treinta años, jornada anual de 1.920 horas laborales, concesión de tiempo sindical a 92 delegados de los trabajadores, control del comité de empresa -al 65%- sobre los nuevos puestos que se creen e información sobre la marcha de la empresa, planes e inversiones.
Con estos antecedentes el convenio del metal de Madrid se constituyó en pieza clave del pulso sindicatos-patronal en la negociación colectiva. Ambas partes exhibieron una fuerza y una firmeza en sus posturas respectivas que colocó al sector en una situación dificilísima. CCOO y UGT llevaron adelante huelgas generales en el sector los días 11, 24 y 25 de enero, y los días 1, 2, 5 y 6 de febrero (en esta última fecha se desconvocó el paro). Sin embargo, pese a la extremada dureza y conflictividad de las negociaciones, sindicatos y patronal consiguieron lo que no habían logrado en los últimos cinco años: firmar un convenio para el sector, aunque ambas partes cedieron mucho en sus posturas iniciales. El convenio fija incrementos que. oscilan entre un 15,6% y un 16,3% sobre tabla salarial, reducción de siete horas en la jornada laboral, dos días más de vacaciones, compromiso de potenciar las jubilaciones anticipadas y forzosas y un tímido reconocimiento de derechos sindicales.
Transcurrido el mes de enero hay una negociación colectiva generalizada en el país, y se producen las primeras fisuras en los planteamientos iniciales, al tiempo que la conflictividad se extiende: huelgas en el metal de Madrid, Navarra, Zaragoza, Burgos, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava; huelgas en la construcción de otras tantas provincias, y a nivel de empresas, conflictos generalizados en el sector de automoción (Ford, Seat, Citroën, Fasa, entre otros), paros en Gas Butano y Gas Ciudad. Hay convocadas, por otra parte, huelgas en enseñanza, seguros, Compañía Telefónica, agencias de viaje, Iberia, Seguridad Social, banca y cajas de ahorro, entre otros colectivos importantes.
Precisamente en estos momentos, el Ministerio de Trabajo aprovecha para afirmar que «la conflictividad no es tanta», y que «la prensa dramatiza». (Pasa a pág. 6 1) (Viene de pág. 60)
La negociación colectiva en el año de transición
La conflictividad es generalizada, pero las huelgas suelen estar muy controladas por CCOO y UGT, que las limitan en el tiempo, fundamentalmente, a base de paros de veinticuatro, 48 ó 72 horas a la semana, con una intensidad progresiva, lo que depara normalmente un saldo pequeño de horas perdidas en relación con la duración de los conflictos. La evolución de la situación política y el convencimiento de que la crisis económica limita los costes sociales asumibles por las empresas en los conflictos explica el cuidado que CCOO y UGT ponen en evitar verse implicadas en huelgas indefinidas que puedan desestabilizar, pudrir, los conflictos y escaparse a su control.La conflictividad, siempre dentro de la tónica descrita, va poco a poco perdiendo intensidad. Se firman los convenios del metal de Lérida (incremento salarial del 22%, derechos sindicales y cuatro días más de vacaciones), Ciudad Real (incremento salarial del 20% y treinta días de vacaciones), Segovia (23%, aumento en vacaciones y derechos sindicales), Zaragoza (incremento salarial del 20% para el peón) y Navarra, entre otros.
Varias empresas concluyen también sus convenios. En FEMSA se incrementan los salarios en un 15%, se reduce la jornada laboral en 44 horas y se aumenta la plantilla en la factoría de Alicante. En Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA), empresa controlada al 60% por el INI, se acuerdan incrementos salariales del 14%, reducción de 69 horas laborales en 1979 y de cuarenta en 1980, y se reconocen derechos sindicales.
La construcción también comienza a reincorporarse a la normalidad. Se firman los convenios de Vizcaya (incremento salarial del 16,33 % y reconocimiento de derechos sindicales), Madrid (incremento salarial del 14,5%, reducción de 35 horas laborales y control de los representantes sindicales sobre las tablas de rendimiento), Huesca (incremento salarial del 16,5% y derechos sindicales) y Huelva (incremento salarial del 16,5%), entre otros. En este sector, en el de la construcción, el punto de desacuerdo más generalizado y conflictivo en las negociaciones colectivas ha estado en las tablas de rendimiento.
El sector de hostelería ha protagonizado también una gran conflictividad en los primeros meses de 1979. Las huelgas se han sucedido en Tenerife, Las Palmas, Madrid, Valencia y Málaga, entre otras provincias, con resultados no muy favorables a los trabajadores en algunas de ellas.
La banca privada (60.000 trabajadores) va a la huelga los días 3, 7, 8, 12, 13, 14, 24, 26, 27 y 28 de -febrero para presionar a la patronal en las negociaciones de su convenio colectivo. El conflicto finaliza sin que las partes se pongan de acuerdo, mediante un laudo que fija incrementos salariales del 14% para los trabajadores del sector.
Una solución similar a la de banca privada, un laudo, pone fin a la conflictividad en la enseñanza privada, 130.000 trabajadores, a los que se incrementan sus salarios en un 12,10%, y en la empresa SEAT, que cuenta con 32.140 trabajadores.
Las grandes empresas, después de largas negociaciones, también acabarían firmando sus convenios: Standard, Telefónica, ENASA y Bazán, entre otras.
Conclusiones provisionales sobre la negociación en 1979
Faltan aún algunos datos para realizar un balance definitivo de las negociaciones colectivas en 1979, aún no se conoce el número de convenios y laudos, ni el número de horas perdidas por huelgas (Aguirre Gonzalo afirmaba recientemente que, de seguir el ritmo del primer cuatrimestre, las pérdidas por huelgas podrían cifrarse en 120.000 millones de pesetas, cifra esta de difícil comprobación), pero a estas alturas del año ya pueden aventurarse algunas conclusiones:
1. Cabe destacar en la negociación colectiva de 1979 la presencia hegemónica de CCOO y UGT, así como, salvo excepciones muy contadas, su acción unitaria.
2. Por primera vez ha aparecido una patronal con un programa común. La CEOE se ha mostrado muchísimo más experimentada que en 1978, y ha afrontado la negociación como una patronal de corte europeo.
3. En el aspecto económico se ha superado con creces el tope del 10%, y en muchos casos se han roto los techos del decreto sobre política de rentas y empleo. Al respecto, conviene puntualizar la distinción entre el convenio de empresa y el convenio de sector. En el primero, al actuar sobre salarios reales, con un porcentaje inferior se consiguen incrementos efectivos superiores; en el segundo, al operar sobre salarios mínimos convencionales, aun siendo los porcentajes superiores -el 16% en muchos casos-, al jugar los mecanismos de compensación y absorción, los incrementos reales son menores.
Respecto a la distribución, se ha llegado a un sistema mixto, cantidades lineales e incrementos proporcionales.
4. Respecto a los derechos sindicales, la práctica más generalizada en los convenios ha sido la de recoger lo que ya existía (bien en la práctica de la empresa, bien en la normativa vigente), oponiéndose con fuerza la patronal a admitir y regular las secciones sindicales. En este capítulo, las innovaciones conseguidas por las centrales han sido poco espectaculares.
S. El fomento del empleo ha sido la novedad fundamental en la negociación de 1979. Lo más importante, al respecto, es que ha sido objeto de negociación en la mayoría de los convenios. Algo se ha conseguido, no mucho, ciertamente, pero es muy posible que la promoción del empleo se convierta en el caballo de batalla de la negociación en 1980.
6. Si bien no en profundidad, la mayoría de los convenios han retocado los temas de jornada, tanto por el incremento de vacaciones como por la reducción de horas de trabajo al año.
7. Respecto a la productividad, los empresarios no han conseguido mas que declaraciones de principios de muy dudosa efectividad.
8. En el tema de los «convenios-marco» se ha impuesto absolutamente la tesis de la CEOE.
Puede haber renegociación
A estas alturas del año ya se ha vencido el grueso de la negociación, y las centrales sindicales y organizaciones empresariales preparaban los convenios de 1980. Las últimas cifras sobre incremento del coste de la vida hacen temer, sin embargo, en una renegociación de todos los convenios, al superarse en junio, previsiblem ente, el tope del 6,5%.
El artículo tercero del decreto sobre política de rentas y empleo establece «que el Gobierno podrá modificar el criterio salarial de referencia (13%)», en caso de que se supere el mencionado índice de precios.
A la vista del decreto, el Gobierno no está obligado a la revisión, pero si ésta no se realiza puede suponer un importante aderezo a la contestación que, presumiblemente, van a ejercitar los sindicatos contra el paquete de legislación laboral; y si el Gobierno accede a la revisión, la CEOE, muy probablemente, se opondría a la renegociación, y nos veríamos abocados nuevamente a una oleada de huelgas en todo el país. Huelgas que coincidirían con la discusión en el Parlamento de la legislación laboral.
La redacción del artículo tercero del mencionado decreto vuelve a poner entre la espada y la pared, cuando parecía superada la negoclación y la conflictividad, al Gobierno, patronal y trabajadores.
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