El ministro de Industria defendió la opción nuclear y anunció posibles restricciones

La catarata de palabras producida ayer en el Congreso de los Diputados, en el debate energético, no se tradujo en ninguna resolución de la Cámara. La habilidad del presidente del Congreso, Landelino Lavilla, para aplazar las posibles decisiones hasta después de que la Comisión de Industria y Energía estudie el Plan Energético del Gobierno, produjo numerosas ausencias en el hemiciclo, especialmente en los escaños centristas, ante la falta de votación. El debate energético entre los diputados y los ministros -calificado de diálogo de sordos desde la Oposición- estuvo flanqueado por el estudio de sendas interpelaciones al Gobierno sobre la situación en la cárcel de Soria y la fuga del ultraderechista. Fernando Lerdo de Tejada. Informan Soledad Gallego-Díaz, Ignacio Alonso y Bonifacio de la Cuadra.

El ministro de Industria y Energía, Carlos Bustelo, se mostró, en el debate del Plan Energético Nuclear celebrado ayer en el Pleno del Congreso, partidario del desarrollo del programa nuclear. Añadió que las actuales circunstancias de suministro y precios de los crudo permite prever restricciones en un plazo de tiempo medio, y anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nuclear, así como una serie de medidas tendentes al ahorro energético. La Oposición, sin entrar a discutir la conveniencia de la energía nuclear, sí criticó la utilización de la misma. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en la necesidad de un estudio, información y debate previo a la puesta en marcha de las centrales nucleares en construcción. El Grupo parlamentario Comunista solicitó una moratoria general y el Grupo Socialista del Congreso una moratoria parcial para las centrales con autorización previa de construcción. Los grupos vascos pidieron la paralización de las obras de Lemóniz.El señor Bustelo comenzó su parlamento de cincuenta minutos glosando dos acontecimientos que considera trascendentales en el problema de suministro energético español: la crisis del petróleo desencadenada por Irán, de donde se importan anualmente once millones de toneladas de crudos -el 20% del total de las importaciones españolas de crudos- y el accidente sufrido por la central norteamericana de Harrisburg, que «ha provocado una psicosis colectiva contra la utilización pacífica de la energía nuclear».

A partir de estos presupuestos, y teniendo en cuenta que en los tres primeros meses del presente año el consumo de electricidad se incrementó en un 6,7%, con respecto al mismo período del pasado año, el de gasolina un 11% y el de gas-oil en un 10%, el ministro declaró la posibilidad de establecer restricciones a no muy largo plazo de tiempo.

Ante la grave situación energética española actual, y para satisfacer el incremento de demanda previsto, el ministro de Industria sugirió cuatro líneas de actuación: promoción del ahorro de energía, utilización máxima de las fuentes energéticas nacionales, promoción de la exploración e investigación de nuevas fuentes y diversificación entre las distintas fuentes de energía disponibles para garantizar en lo posible el abastecimiento normal.

Después de recalcar que los efectos del accidente de Harrisburg habían sido «en todo momento controlados», pretendió dar más valor a su postura favorable a la energía nuclear con citas de declaraciones de altas personalidades de la política europea, como el canciller alemán Helmut Schmidt, entre otros. Tras invitar a los socialistas españoles a que siguieran el ejemplo alemán de apoyo a este tipo de fuente energética, destacó el bajo coste del kilowatio hora producido en una central nuclear y aseguró que la instalación de centrales eléctricas nucleares tiene unos costes de combustible inferiores a sus costes de amortización.

Carlos Bustelo comentó a continuación «el perjuicio que a la economía nacional está ocasionando la paralización administrativa de algunos de los proyectos de centrales nucleares en curso». Los contratos paralizados ascienden en la actualidad a 150.000 millones de pesetas, lo que supone unos 35.000 puestos de trabajo directos e inducidos.

Después de afirmar que «sin energía nuclear seguiremos dependiendo de forma absoluta del petróleo» y de que sin un abastecimiento diversificado y mínimamente asegurado «no hay soberanía ni margen para una política exterior real y efectiva», el ministro manifestó que el Gobierno «está dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde de tomar las decisiones oportunas en un plazo inmediato».

Carlos Bustelo cerró su parlamento diciendo que la «energía nuclear no es de derecha ni de izquierda» y exponiendo la necesidad de «conseguir un amplio consenso social que apoye la política energética del Gobiemo».

Entre las medidas inmediatas del Gobierno anunciadas por el ministro de Industria figuran: un proyecto de ley de creación del consejo de seguridad nuclear, fomento de las inversiones para estimular el ahorro energético, regulación y medidas de apoyo a la autogeneración de energía eléctrica, estímulos y beneficios para las provincias en función de su potencia eléctrica instalada y promoción de la exploración y aprovechamiento de los recursos minerales energéticos. Otras medidas de actuación inmediata son: preparación de un plan de restricciones en el consumo de combustibles y carburantes para un supuesto de emergencia, contingentar el fuel-oil con destino a centrales térmicas y otros sectores de gran consumo e iluminación gradual de subvenciones a diversos productos energéticos.

Oposición: caos nuclear

Dentro de las intervenciones de los grupos parlamentarios, Javier Solana, del Grupo parlamentario Socialista del Congreso, comenzó diciendo que «el discurso del señor Bustelo no es de recibo» para apostillar que «entrar en la órbita del vicepresidente segundo del Gobierno, señor Abril, parece que lleva consigo la transmisión de una sensación de caos». Javier Solana afirmó que es indispensable la nacionalización de la red de alta tensión, como necesaria es la creación de un ente del petróleo, y añadió que su grupo parlamentario no desea un debate existencial de «energía nuclear sí o energía nuclear no».

Al tocar este tema destacó que las pólizas de seguro de las compañías eléctricas no cubrirían las indemnizaciones derivadas de un grave accidente nuclear, a lo que el ministro de hacienda, García Añoveros, respondió más tarde informando que se había redactado un proyecto de ley de cobertura de estos riesgos. Finalizó Javier Solana solicitando la creación de un consejo de seguridad nuclear dependiente del Parlamento que supervise las tres centrales nucleares en funcionamiento, que no se dé permiso de construcción a las siete centrales que lo tienen solicitado, y una moratoria para la construcción de aquellas cuatro centrales que tienen autorización previa.

Ramón Tamames, del Grupo parlamentario Comunista, centró su intervención en la idea de que el Gobierno no tiene un plan energético y que la convocatoria de ayer significaba un respaldo jurídico del Parlamento a un esquema de funcionamiento energético inaceptable. Después de realizar una serie de acusaciones, entre otras el derroche de combustibles de algunos transportes urbanos y el mal funcionamiento de la Renfe -temas que fueron contestados por el ministro de Transportes, Sánchez Terán-, pidió la constitución de un ente nacional de hidrocarburos, una consulta popular y una moratoria para el programa nuclear. Definió que es el Consejo General Vasco y el pueblo vasco quienes deben decidir sobre el futuro de Lemóniz

En representación de Coalición Democrática intervino José María de Areilza, quien declaró que el mercado petrolífero no sólo está encarecido, sino también enrarecido. El señor Areilza apostó por la energía nuclear, que debe plantearse como una solución de Estado que no exige perder el tiempo, y explicó los recelos contra esta fuente energética como consecuencia de su utilización bélica y su carácter secreto y misterioso.

En su respuesta a las distintas intervenciones, el ministro de Industria declaró que España, de hecho, se encontraba en una moratoria nuclear.