El Gobierno estudia alternativas que garanticen la seguridad en las cárceles

El carácter no definitivo de la situación de la cárcel de Soria y la preocupación fundamental del Gobierno por su seguridad fueron las dos conclusiones que se dedujeron de la respuesta ofrecida por el ministro de Justicia, Iñigo Cavero, en nombre del Gobierno, al Partido Nacionalista Vasco (PNV), con relación a la interpelación defendida por el diputado de este grupo, Marcos Vizcaya. El PNV solicita el traslado a Euskadi de los presos vascos de la cárcel de Soria y la salida de la Policía Nacional del interior de la prisión.

El señor Cavero devolvió al señor Vizcaya la pregunta sobre si para el Gobierno el fin justifica los medios, al recordarle gritos como ETA, metralleta y mátalos en manifestaciones vascas. El diputado peneuvista señaló que su partido jamás ha defendido ni autorizado que el fin justifique los medios, pero recordó que el rechazo abarca tanto a quienes emplean la violencia para sus fines como a quienes utilizan medidas que crean conflictividad.Marcos Vizcaya concretó su intervención en el análisis sobre el traslado a la cárcel de Soria de numerosos presos vascos, así como en el ambiente de tremenda hostilidad contra tales presos, materializado en la presencia de la Policía Nacional dentro de la prisión.

El señor Vizcaya acusó al Gobierno de crear una cárcel especial para terroristas y pidió que la Policía Nacional, que realiza funciones propias de funcionarios de prisiones, abandone inmediatamente el recinto carcelario, así como que los presos vascos sean trasladados a centros penitenciarios situados en el País Vasco.

El ministro de Justicia, Iñigo Cavero, dio cuenta de la información obtenida por el Ministerio del Interior sobre los planes de ataque y fuga en la prisión de Basauri, en operaciones combinadas desde fuera y dentro de la cárcel. Respecto a la presencia de la Policía Nacional, la explicó como una colaboración con los funcionarios de prisiones fundamentalmente encaminada a proteger a éstos. En todo caso, manifestó que no se trataba de una decisión definitiva.

El diputado interpelante no se mostró satisfecho con la respuesta del ministro y anunció la presentación de una moción sobre el mismo tema.

Fuga de Lerdo de Tejada

Simón Sánchez Montero, en representación del Grupo Comunista, interpeló al ministro de Justicia sobre la fuga de Fernando Lerdo de Tejada, implicado en la matanza de Atocha. El señor Sánchez Montero aludió a las circunstancias en que se había producido dicha fuga y señaló que las medidas adoptadas le parecían bien pero insuficientes. Afirmó que la actuación del juez Gómez Chaparro era sólo uno de los puntos a tratar, porque la situación exigía ir al fondo de los hechos.

El señor Sánchez Montero enumeró numerosas irregularidades cometidas, a su juicio, en la investigación de la matanza de Atocha y se refirió extensamente al hecho de que el comisario Antonio González Pacheco no haya acudido a declarar pese a haber sido repetidamente convocado. «Según el artículo 110 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, todo residente en el territorio nacional está obligado, a comparecer, con las únicas excepciones del Rey, la Reina, el Príncipe heredero y el Regente.

El ministro de Justicia, Iñigo Cavero, afirmó que si existían defectos en el sumario del caso Atocha correspondía subsanarlos al poder judicial y no a la Administración, y que el Gobierno no admite excusas ni pretextos en relación con la obligación de los funcionarios para comparecer ante la justicia. La explicación del señor Cavero no satisfizo a Simón Sánchez Montero, quien anunció su intención de presentar una moción al respecto.