Retraso en la liberalización de las importaciones de carne

La liberalización del comercio de Estado, anunciada por el Gobierno en su último paquete de medidas económicas, está encontrando serias dificultades para su puesta en práctica, como lo demuestra el hecho de que la privatización de las importaciones de carne de vacuno (primer paso para esa liberalización) fue anunciada hace dos semanas y aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Desde que el Gobierno hiciera este anuncio, los precios en origen de la carne de vacuno han experimentado una acusada caída, que ha terminado por paralizar prácticamente las ventas en origen de este producto. En medios del sector citados por la agencia Europa Press se sospecha que esta caída de precios ha sido provocada con una gran oferta de ganado vacuno de baja calidad en alguno de los mataderos. El malestar entre los ganaderos es perceptible estos días, por lo que quedan al descubierto, una vez más, los grandes intereses y posiciones de los distintos sectores de producción y comercialización interior ante una posible liberalización del comercio de Estado.Hasta ahora, con este régimen, se requería la autorización del Consejo de Ministros para poder importar; sin embargo, algunas veces, mediante una buena campaña de los sectores afectados, se conseguían parar estas importaciones, de las que se encargaba a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. Si ahora se suprime el comercio de Estado para la carne de vacuno, las importaciones serán automáticamente libres en el momento en que sus precios superen unos niveles prefijados.

Debido a esta situación, y cuando acaban de ser aprobados los precios de productos sometidos a regulación de campaña, la Asociación de Cebadores de Vacuno ha decidido solicitar de la Administración que el precio de garantía de la carne, establecido en 220 pesetas/kilo, oscile en una banda que vaya de las 270 a las 280 pesetas/kilo. Igualmente han pedido que se retiren del mercado inmediatamente los 10.000 añojos existentes, así como la carne congelada, de la que parece siguen saliendo a la venta unas 4.000 toneladas mensuales.

En el fondo de todo ello, y como una de las primeras medidas en la liberalización del comercio de Estado, está la desaparición de la CAT (véase EL PAIS de ayer), en la que también podían estar enfrentados los intereses de algunos sectores o los ministerios de Agricultura y Comercio.