El acuerdo que hace falta

En las reflexiones que últimamente he consagrado a los problemas que plantea la situación actual del País Vasco creo haber demostrado la necesidad de que Alava, Guipúzcoa, y Vizcaya sean tratadas en pie de igualdad con Navarra, de modo que la actualización de los «derechos históricos- respectivos se haga (sin perjuicio de la disposición adicional primera de la Constitución) mediante pacto entre el Gobierno y las representaciones de cada una de esas entidades históricas, y no pueda modificarse más que por el mismo procedimiento.En la práctica, y dado que la UCD tiene en sus manos el Gobierno central, y que el PNV ha conseguido, gracias a los resultados de las elecciones del 3 de abril, la hegemonía en las Diputaciones de las tres provincias vascongadas, se trata esencialmente -mirando las cosas desde un ángulo meramente partidista- de lograr un acuerdo entre la UCD y el PNV.

Ello es cierto, y no hay duda de que, sin la plena conformidad de estos dos Partidos, no habrá acuerdo posible. Pero seria erróneo (y podría ser nefasto) dar a la cuestión un enfoque! tan estrecho. La opinión pública está harta de cabildeos y de componendas entre los partidos, a espaldas del país. Que si pacto UCD-PSOE sobre la forma de elegir ayuntamientos y diputaciones provinciales; que si pacto UCD-PSOE-catalanistas sobre la Constitución; que si pacto PSOE-PC sobre alcaldías..., y otros muchos acuerdos, más o menos disimulados, cuando no secretos, acerca de los cuales faltan demasiadas explicaciones. Por otra parte, si la UCD y el PNV tienen hoy en sus manos ciertas palancas de mando, éstas pueden escapárseles mañana o pasado. Finalmente, la reestructuración del Estado es un asunto que importa demasiado a todas las tendencias políticas, absolutamente a todas, para que se haga a espaldas de ninguna de ellas y para que deje de ser obligatorio el intentar un acuerdo amplio que tenga en cuenta los puntos de vista y las aspiraciones de las fuerzas más importantes de la oposición, y, al propio tiempo, comprometa a éstas y las obligue a respetarlo en el porvenir.

Con este enfoque, los puntos que habría que plantear y las cuestiones que deberían resolverse cuanto antes son los siguientes:

- Formulación clara y completa de todas las dudas existentes sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones del proyecto de Estatuto entregado a las Cortes por la Asamblea de Parlamentarios, y acuerdo que permita la rápida constitución del Tribunal Constitucional, llamado a dictaminar en la materia,

- Fórmula técnica mediante la cual el contenido del Estatuto vendría a ser el de un acuerdo formal, previo entre el Gobierno y las diputaciones alavesa, guipuzcoana y vizcaína, en el cual se estipularía expresamente que cualquier revisión de ese contenido habrá de tener lugar por el mismo procedimiento.

- Régimen económico y fiscal provisional para Vizcaya y Guipúzcoa (el de Alava, mientras no se acuerde otra cosa, es el Concierto Económico de 1976, cuya vigencia no expira hasta dentro de 22 años), ya que no es posible improvisar ahora, en unas cuantas semanas, el régimen definitivo: ese régimen provisional podría consistir, por ejemplo, en la extrapolación a ambas provincias, mediante acuerdo entre sus diputaciones y el Gobierno, de las cifras del Concierto alavés, por un plazo improrrogable que podría expirar el 31 de diciembre de 1981 o de 1982.

- Mientras se esclarecen los puntos sobre cuya inconstitucionalidad existe duda, y mientras se somete a una discusión más profunda aquellos otros que requieran un examen especialmente detenido (y que deberán ser muy pocos, para que esta operación no se convierta en un procedimiento disimulado de demorar la solución de los problemas), acuerdo inmediato entre las tres diputaciones y el Gobierno para que se constituya un Gobierno autónomo provisional designado por las propias diputaciones y se asuma, por éstas y por dicho Gobierno provisional, todas las competencias previstas en el proyecto de Estatuto, excepto aquellas a las que acabo de referirme, dejando para el verano el acuerdo sobre los otros extremos, y para el otoño, las elecciones y la constitución de los órganos de gobierno definitivos, ya que sería una torpeza el convocar de nuevo al cuerpo electoral en un plazo muy breve; siendo si que, si se llega al primer acuerdo (como, sin duda, puede llegarse) dentro del mes de mayo, el Gobierno autónomo provisional podría constituirse en junio y aplicar a título provisional unas normas que, en lo esencial, podrían coincidir con las del Estatuto de 1936 (en cuyo restablecimiento parece pensar el Gobierno); pero entiendo que sería preferible que el tenor literal de esas normas se ajuste más bien, siempre que sea posible, al texto del proyecto actual, y estimo indispensable que la forma de su estipulación sea el acuerdo entre el Gobierno y las diputaciones, acuerdo que sería el primero de una serie de pactos que quedarían codificados más tarde en el Estatuto definitivo.

Habrá quien pregunte: ¿y qué pasa con el referéndum? El referéndum podría venir más tarde, también en otoño, incluso simultaneándolo con las elecciones de los órganos definitivos de gobierno de la comunidad autónoma. Todo dependería de los términos del acuerdo entre las diputaciones y el Gobierno, el cual puede ser muy flexible. Lo que hace falta es imaginación. Si nuestros gobernantes -en el Poder central y en las corporaciones locales- se dejan llevar por la rutina de las ideas hechas y no saben dar a los textos legales nuevas interpretaciones que, sin violarlos, los fecunden, no iremos a ninguna parte.

Eso sí nadie piense que la situación resultante de semejante arregIo va a ser un lecho de rosas, lo mismo si se aceptan las sugerencias que acabo de formular, como si el acuerdo entre las fuerzas políticas dominantes se orienta por otros derroteros. Si hay acuerdo, y aunque se comprometan en él, además de la UCD y el PNV, otras fuerzas políticas de signo democrático, habrá siempre quien quede al margen, quien no se sienta comprometido y quien le declare su hostilidad. ETA no dejará de emplear la violencia y acusará de capitulación a las fuerzas vascas comprometidas; fuera del País Vasco se increpará al Gobierno porque «después de haber hecho tantas concesiones, el terrorismo sigue matando gente», como si un acuerdo de ese tipo pudiera concebirse como concesión a ETA, en vez de ser -lo que en efecto sería- la solución política más adecuada a la naturaleza específica del problema vasco, independientemente de toda presión violenta.

Ambos nacionalismos extremistas: el del independentismo revolucionario vasco y el del unitarismo centralista español, pondrán el grito en el cielo; y lo peor es que no será únicamente el grito... Tanto la UCI) como el PNV perderán -aunque sólo sea a corto plazopo- pularidad... Pero los verdaderos estadistas, cuando los problemas son graves, no buscan popularidad, sino soluciones. Sabido es que hay circunstancias dolorosas en las que no se pueden prometer más que «sangre, sudor y lágrimas». Hay que tener el valor de anunciarlo de antemano, como lo hizo el conocido autor de la célebre frase. Y que cada ciudadano y cada partido asuma luego su responsabilidad. Empezando, naturalmente, ¡por los que mandan.