Francia adopta nuevas medidas restrictivas contra los extranjeros

El Gobierno francés reforma, en sentido restrictivo, la ley que regula la estancia de los extranjeros en territorio galo. La aplicación de un proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo último y examinado ayer en la Asamblea Nacional, facilitará las expulsiones de los trabajadores y, de los exiliados políticos.El presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing, anteanoche, durante una emisión de televisión, en la que se preguntó por lo que dirían los franceses de principios del año 2000 de quienes hoy no desean «organizar a Europa», ya anunció que, Francia continuará la política inmigratoria actual, tendente «a frenar la entrada de nuevos trabajadores en nuestro país». Pocas horas después, ayer, la comisión de leyes de la Asamblea Nacional iniciaba el examen de un proyecto de ley que reformará la ordenanza que, desde 1945, regula la entrada y la estancia de los extranjeros en territorio francés.

En lo sucesivo, según se deduce de la aplicación de la ley antedicha, las autoridades francesas podrán prohibir la entrada de un extranjero en su país, no sólo en el caso de indocumentación, como ocurría hasta el presente, sino, también, por otras razones: falta de medios suficientes para vivir, falta de autorizaciones necesarias si desea ejercer una actividad profesional, y cuando una persona extranjera constituya una amenaza para el orden público. En materia de expulsiones, el ministro del Interior podrá decidirlas con una simple orden en los casos prescritos por uno de los artículos de la ley: «Si la presencia del extranjero constituye una amenaza para el orden público o para el crédito público, si un extranjero posee una carta de residencia contrahecha, falsificada, alterada o con un nombre ficticio.»

Para que nadie pueda sustraerse a la aplicación de la ley de expulsión, las autoridades podrán mantener a los afectados en locales ajenos a la administración penitenciaria. El extranjero expulsado podrá ser conducido inmediatiimente a la frontera y, en los departamentos fronterizos, la expulsión podrá pronunciarla el prefecto de la región, que después informará al ministro del Interior.

El Gobierno francés estima conveniente la reforma de la legislación sobre la entrada y estancia de extranjeros para «adaptarse a las normas actuales de la circulación internacional de las personas y de la inmigración».

Actualmente viven en Francia cuatro millones largos de extranjeros. Los trabajadores africanos serían los más afectados por la nueva ley.

Oficialmente se declara que «serán tratados como otro ciudadano extranjero cualquiera», pero los medios próximos a los refugiados vascos españoles declararon a EL PAIS que estos últimos «serán víctimas, una vez más, de la colaboración franco- española en ese dominio. No hay más que fijarse e n la ambigüedad del párrafo según el cual "serán expulsados quienes constituyan un a amenaza para el orden público" y, por añadidura, en los departamentos fronterizos, el prefecto podrá tomarla decisión de expulsión».