La inversión de las Cajas debe orientarse a los bienes sociales

Con los cambios introducidos en julio y agosto de 1977 las cajas ven disminuir en un 0,25 mensual su cuota de inversiones obligatorias. Esta liberalización se produjo paralelamente a la alta rentabilidad que suponía jugar en el mercado interbancario con intereses del 40% y más, con préstamos a sólo dos días de plazo.

El caso Baret fue el primer toque de atención público de los peligros -técnicos y no tan técnicos- que implicaba la transformación de hecho de las cajas en bancos. Como se recordará, en la presunta estafa efectuada por Pedro Baret aparecía muy claramente que la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares había efectuado dos imposiciones a plazo, en dos libretas del Banco Central, por un importe total de 430 millones de pesetas, con un interés del 20%. Era una clara operación de financiera privada. «Una operación así -afirmó a EL PAIS un directivo de la propia Caixa- puede ser legalmente efectuada por una entidad especulativa de tipo particular, pero no por una caja que se nutre del ahorro popular.»Esta penetración de las cajas en el mercado -Interbancario no es siempre bien vista por- los bancos, si bien es analizada a partir de diferente criterio, según sea un gran banco u otro pequeño. En todo caso, es una competencia poco justa, ya que las cajas no arriesgan su capital como hacen los bancos.

La alternativa que con relación a las inversiones de las cajas desearía llevar a cabo la izquierda es muy diferente, si bien liasta ahora sólo ha sido anunciada tímidamente. Para el catedrático socialista Santiago Roldán, se trataría de evitar la liberalización instaurada en julio y agosto de 1977 y, al mismo tiempo, sustituir los criterios intervencionistas del franquismo por otros que deberían ser función de los intereses populares: inversiones en educación, incremento de los préstamos para vivindas, ayudas a la pequeña y mediana empresa, financiación de obras públicas y de los proyectos de inversiones públicas de las entidades autonómicas y grandes municipios; es decir, en síntesis financiar los déficit en bienes colectivos. Ello implicaría la búsqueda de otros caminos para financiar el mercado de obligaciones, actualmente en manos de las cajas y con una falta de fluidez superior a la propia de otros mercados europeos de renta fija. Otro aspecto clave es el de la territorialidad de las cajas y también la de sus inversiones.

Curiosamente, en Cataluña, después de las victorias electorales de la izquierda, una primera figura del mundo de las cajas se manifestó en el curso de una entrevista contraria a la actual limitación de los permisos de apertura de sucursales dentro y, especialmente, fuera de su ámbito territorial. Está muy claro que, en la medida que el ámbito de las cajas sea superior al de las entidades autonómicas, las razones y las posibilidades de control por parte de estas últimas disminuirá.

Respecto a la regionalización de sus inversiones -incrementada en agosto de 1977- no parece que ésta pueda ser real mientras las cajas tengan por función la financiación de las grandes empresas, las cuales, lógicamente, están concentradas en las zonas más industrializadas, que no necesariamente son las que generan mayor ahorro popular en las cajas.

Como posible excepción, en Cataluña se da un cierto equilibrio entre inversiones de las cajas de toda España en empresas de la zona y salida de recursos de las cajas catalanas a otras empresas de fuera de su ámbito. En cambio, las cajas andaluzas se ven obligadas a invertir grandes cantidades en empresas de fuera de su ámbito. Lo mismo sucede, pero con cantidades menores, con las cajas gallegas. El problema genera una gran sensibilidad popular. Su única solución es limitar los márgenes de los recursos que pueden salir del ámbito de cada caja, así como la vinculación de éstas a los entes autonómicos.