La CEE bloquea sus precios agrícolas durante tres meses

Ante la imposibilidad de llegar a un compromiso para determinar los precios agrícolas de la CEE para la próxima campaña 1979-1980, los ministros de Agricultura de la CEE decidieron en la madrugada de ayer bloquear los precios en su nivel actual durante un período de tres meses. Se espera que, pasadas las elecciones generales en Gran Bretaña y las elecciones para el Parlamento Europeo, entre el 7 y el 10 de junio, los ministros cuenten con un «clima» político más apacible que les permita concretar si habrá o no incremento de precios para el agricultor comunitario de la CEE. El bloqueo de precios para la veintena de productos agrícolas sometidos a la organización común de mercado sólo afecta en realidad a los agricultores de Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca. Gracias a las devaluaciones de sus respectivas «monedas verdes», los agricultores irlandeses verán incrementar sus precios en un porcentaje del 0,3%; los franceses, del 5,12 %; los italianos, del 9 %, y los británicos, del 5%. Se introduce también el ECU, nueva unidad monetaria europea derivada de la aplicación del Sistema Monetario Europeo, por un período de prueba de tres meses.Al margen de estas «minidecisiones» de orden agromonetario, el centro de las discusiones del Consejo de la'«Europa verde» versó sobre la postura radical de John Silkin, ministro británico de Agricultura. Su opinión de presentarse como «defensor» de los 260 millones de consumidores europeos, al apoyar una «congelación» de precios agrícolas de la CEE para reducir los stocks de productos lácteos y de azúcar, fue objeto de vivas críticas por sus restantes colegas comunitarios. El ministro holandés Van der Steel calificó a Silkin de «capitalista atrasado». El belga Humblet ironizó sobre la presencia de Silkin en el Consejo Agrícola, puesto que pretende defender los derechos de los consumidores europeos. En resumen, un ambiente tenso, al filo del enfrentamiento diplomático, ante la intransigencia y las opiniones de Silkin frente a la necesidad o no de aumentar los precios agrícolas de la CEE para la próxima campaña. Sobre todo, cuando el resto de delegaciones nacionales comprendía la necesidad electoral del británico Silkin de pedir un aplazamiento de la decisión sobre los precios, pero debida a otros argumentos. Una vez más, los británicos figuraron en el banquillo de los «acusados» del Consejo comunitario, como ya lo estuvieron en otras, en relación a la adopción del Sistema Monetario Europeo, de la aprobación de una política común de la pesca o de las veleidades comunitarias a la hora de dotarse de una política común energética.