Inseguridad social

NO ES posible que la probada ineficacia de los responsables de la sanidad sea la única justificación a la pasividad gubernamental ante el conflicto sanitario. El surrealismo de este país habría alcanzado niveles nunca imaginados si la actual situación de la huelga que registran los hospitales de la Seguridad Social desde hace más de veinte días respondiera tan sólo a la impotencia demostrada por el ministro de Sanidad, Enrique Sánchez de León, para enfrentarse a una huelga laboral que no debería haber pasado de ser un conflicto más de los que en el sector servicios origina estos días la negociación colectiva.El caos sanitario que hoy afecta a los hospitales es la consecuencia , inmediata de la huelga iniciada el pasado 30 de enero en apoyo de unas reivindicaciones económicas y profesionales de los 160.000 trabajadores que integran el colectivo sanitario. La única respuesta oficial a esta presión de los trabajadores fue la aprobación de un decreto de Presidencia del Gobierno por el que quedaron intervenidos los centros sanitarios.

De esta manera y de acuerdo con la más rancia tradición del anterior régimen se pretendía abortar, que no solucionar, un conflicto laboral recurriendo a los gobiernos civiles para impedir que los trabajadores ejercieran un derecho constitucional: la huelga, además de los de reunión y opinión, ya que la policía ha impedido en los hospitales la celebración de asambleas.

El resultado, hoy en una situación límite, fue el triunfo del asambleísmo y la degeneración de una huelga que podía haber sido regulada y libremente ejercida como medio legal de presión ante la Administración como patronal, en un confuso Conflicto, de graves consecuencias para la asistencia sanitaria, colapsada por el paro que de manera absolutamente desorganizada mantienen unos cuarenta hospitales de la Seguridad Social.

En este contexto, el ministro de Sanidad y Seguridad Social y sus colaboradores del Instituto Nacional de Previsión, en una actuación política que supone el colofón a la demostrada ineficacia de unos administradores irrecuperables para la tarea de saneamiento que reclama la sanidad española, han fomentado el malestar laboral de este colectivo y desoído una serie de reivindicaciones encaminadas a la mejora de la prestación sanitaria que financian todos los ciudadanos a través de su cotización a la Seguridad Social.

Apoyado por la interinidad en que la inminencia de las elecciones sitúa al señor Sánchez de León, el Ministerio de Sanidad ha hecho dejación de su responsabilidad, como demuestra el silencio en que ha intentado mantener un conflicto que estaba en la calle y la difusión de noticias falsas en cuanto que a través del INP se llegó a asegurar que la normalidad era absoluta en unos momentos en los que en muchos centros tan sólo se atendían las urgencias.

Ni siquiera la imposibilidad real de discutir mejoras salariales, en tanto no sean aprobados por las futuras Cortes los presupuestos de la Seguridad Social, justifica la oposición a negociar que ha venido manteniendo la Administración. Aspectos tales como el reconocimiento de los derechos, sindicales a los comités de empresa o la convocatoria de las plazas vacantes fueron rechazados por el Ministerio de Sanidad, con lo que las reivindicaciones de los trabajadores encontraban nuevos y legítimos motivos de protesta.

De esta manera, la radicalización del conflicto, con las centrales sindicales desbordadas (el señor Sánchez de León se mostró siempre más partidario de dialogar con representaciones profesionales, de dudosa representatividad entre un colectivo tan heterogéneo como el sanitario, en el que se integra desde el más primitivo proletariado hasta el corporativismo de la clase médica), ha dejado en manos de un asambleísmo hurtado a la vigilancia policial el desarrollo de una huelga renovada cada día por el voto a mano alzada.

En este punto, parece claro que no es solución echar a los huelguistas los guardias, obligados a intervenir en los centros hospitalarios, con el consiguiente deterioro del clima de serenidad que exige el marco asistencial.

Por otra parte, la inminencia de unas elecciones generales y la conocida influencia que sobre el voto indeciso tiene la conflictividad laboral en general y, de manera especial, las huelgas que afectan a la vida ciudadana, sugiere interrogar al Gobierno sobre las auténticas razones que le han impulsado a dejar pudrirse este conflicto a los actuales extremos.

Urge, pues, que desde la respectiva responsabilidad de las partes afectadas por el conflicto -los sindicatos no pueden ignorar el reto que para su definitiva implantación supone el asambleísmo-, se aborde la solución a una huelga cuya única motivación es laboral. Los gobiernos civiles no pueden negociar con los detenidos ni la calle es el marco apropiado para solventar las diferencias laborales.