Duras críticas a la represión cultural en Latinoamérica

La transformación de la Asociación Colegial de Escritores (ACE) en una federación de asociaciones con dirección colegiada para un futuro inmediato y la clarísima y tajante definición en favor de los escritores latinoamericanos en España son quizá las dos resoluciones más importantes del I Congreso de Escritores, que se clausuró ayer en Almería.

Después de las dos jornadas dedicadas a la lectura de las 45 ponencias presentadas al congreso en la del domingo, se procedió al trabajo y discusión en diez comisiones que redactaron las conclusiones que en su enorme mayoría fueron aprobadas con ligeras modificaciones por la asamblea general, en la que se acordó la reforma de los estatutos provisionales que posibilitará la definitiva implantación de un sistema federal en la ACE, dando cabida a los grupos de escritores de expresión castellana de Cataluña, País Vasco y Valencia, en principio, y a la formación desde ya de comisiones autónomas en los mencionados países.La impresión generalizada es que a pesar de las inevitables tensiones, afortunadamente superadas, la ACE al menos ha resultado afianzada y con muchas posibilidades de expansión gracias a su alto nivel reivindicativo, y, después de este congreso, al evidente carácter progresista que la inspira.

La jornada del domingo, que fue consecuencia de una revuelta de los jóvenes escritores el día anterior, estuvo marcada por la afirmación reivindicativa que muchas veces corregían las ponencias leídas y otras adelantaban respuestas imaginativas a los problemas.

Por ejemplo, ante el recentísimo Consejo General del Libro, comisión interministerial cuya constitución fue publicada por sorpresa en el Boletín Oficial del Estado del jueves pasado, se materializó la petición de representantes de los escritos en el aparato estatal, y concretamente el reconocimiento de las asociaciones de escritores como los únicos interlocutores válidos para su elección. Se declaró que las asociaciones rechazarían como no válido cualquier elección que fuera hecha al margen de ellas.

Apoyando la propuesta del asesor jurídico Juan Molla, se propuso la revisión de la situación de los libros que a los ochenta años de la muerte de su autor pasan, según la ley vigente, a pertenecer al dominio público, pero cuyos derechos de autor revierten actualmente en el dominio privado de los editores. En uno de los acuerdos del congreso se exigió la creación de un fondo público que se nutriese de estos derechos y que debía, siguiendo el modelo argentino del Fondo Nacional de las Artes y otras instituciones similares europeas, dedicarse a la potenciación de ediciones y a la proyección del escritor vivo. Se recomendó acortar el plazo para el paso a dominio público según las recomendaciones de la UNESCO.

Editora Nacional

Uno de los debates más apasionados fue el referido a Editora Nacional, de la que se pidió la descentralización con el consiguiente cambio de nombre y de equipo directivo, su puesta en servicio de unos programas positivos de culturalización y la gestión por parte de personas solventes y efectivas. En la ponencia aprobada íntegramente, el congreso se comprometía a pedir las cuentas de Editora Nacional y a exigir la aclaración de la situación de los libros programados, contratados y no editados, como primera medida.También los colaboradores literarios de prensa diaria fueron objetivo del estudio y discusión del congreso, en una lista de conclusiones durísima. El congreso reivindica para ellos posiciones similares ante la situación de empleo encubierto, o situación igualmente encubierta, en que muchas veces se encuentran, resolviendo exigir la obligatoriedad de la relación laboral legal a partir de una periodicidad de publicación que ellos sugerían en una cantidad equivalente a seis meses de trabajo de publicaciones diarias, semanales o mensuales.

Por otra parte la asociación debatirá unos baremos de precios de colaboraciones, mínimos a exigir en concepto de colaboraciones, presentaciones de libros, prólogos, etcétera, y en este sentido hace un llamamiento a un estudio urgente de lo que legalmente debe considerarse como obra literaria: esto es de ese problema relacionado con los derechos de autor y que tiene que ver con la creación encubierta muchas veces en los conceptos de colaboraciones, libros colectivos, artículos de enciclopedias, antologías, etcétera.

Seguramente el tema político fundamental del congreso fue el del apoyo a los escritores latino americanos que se explicitó en un doble camino. Por un lado se enviaron telegramas a los dictadores latinoamericanos, exigiendo la puesta en libertad de cuantos escritores permanecen detenidos, así como de los demás ciudadanos que lo están por sus ideas políticas. De otro lado, y ya en relación con España, el congreso ha pedido la eliminación de los decretos y leyes que modificando la convivencia habitual y hasta ahora legal con los latinoamericanos en España y su igualación en cuanto a su situación laboral están suponiendo un estorbo para su integración en el pueblo español. El congreso, tomando conciencia de la situación de los escritores exiliados en España, acordó la defensa de todas sus reivindicaciones, así como la apertura de sus propias puertas.

Estuvieron presentes delegaciones extranjeras que dieron su saludo. Seguramente fue particularmente importante la intervención del poeta sueco Lasse Söderberg, que recomendó, con una ironía que había ganado ya a los congresistas durante los días anteriores, toda la paciencia y serenidad necesaria para resolver los problemas angustiosa y numerosamente planteados.