La adopción de la energía nuclear exige un debate nacional

Ayer se presentó públicamente en Madrid, el Comité pro Moratoria Nuclear y Plebiscito Popular, apoyado por cerca de doscientas personas relacionadas con la vida política, sindical, universitaria, técnica e intelectual, que pretenden concienciar a la sociedad española para que se detenga el desarrollo del programa nuclear en tanto no se sometan a un amplio debate los pros y los contras de la instalación de centrales nucleares y se pronuncie el pueblo en un marco de auténtica libertad de expresión

Aunque en el grupo están integrados asociaciones ecologistas que mantienen una radical postura antinuclear, el conjunto del comité defiende con mayor prioridad la necesidad de la moratoria basada en la defensa de la siguiente propuesta: «Los riesgos que la sociedad industrial asume en su desarrollo económico, fundamentalmente, la contaminación radiactiva, no pueden ser decididos por una minoría tecnocrática; por el contrario, de ahora en adelante, tienen que ser los ciudadanos quienes mediante un amplio debate asuman o rechacen este tipo de riesgos. »Entre los miembros del comité, que no tiene una estructuración jerárquica, se encuentran Angel Pestaña, Jesús Ibáñez, Jesús Albarracín, Juan Antonio Gimbernat, Juan Maestre, Carlos Ruiz, Marisa Rodríguez, Pedro Costa Morata, Hilario Franco, Nazario Aguado y Manuel Tusquets. Entre otros de los miembros que apoyan a este comité se encuentran Andrés Sorel, Juan Antonio Bardem, Antonio Buero Vallejo, Ignacio Fernández de Castro y Mario Gaviria. Estas y otras personas presentaron un escrito al presidente de las Cortes, el pasado mes de julio, en el que se pedía la apertura de un debate público en tomo a la necesidad o no del empleo de la energía nuclear como fuente de energía eléctrica.

El comité, cuya finalidad es la de movilizar a la opinión pública sobre el tema nuclear, emprenderá acciones encaminadas a difundir lo que consideran negativo del programa nuclear para que ayude a los ciudadanos a formarse una opinión que no se base únicamente en la postura que el Gobierno ofrece a través de los grandes medios de comunicación. Los miembros del comité estiman que, por lo menos, sería necesario un período de dos años de moratoria para que la opinión pública fuera permeable y para que cobraran vida los movimientos de oposición y de lucha, ya que permitiría que todas las fuerzas sociales que pudieran ser lesionadas por la introducción de las centrales nucleares pudieran organizarse para defenderse de estos peligros. Por estas y otras razones el comité se opone a que se convoque un plebiscito popular con carácter inmediato, ya que éste constituiría una manipulación clara y un fraude manifiesto de la opinión pública, que, según las últimas encuestas no sabía qué eran las centrales nucleares en más de un 50% de los encuestados.

Los miembros del Comité niegan que la postura antinuclear suponga favorecer el paro, ya que los 80.000 millones de pesetas que cuesta una central nuclear podrían invertirse, por ejemplo, en implantaciones de regadío o en energía hidroeléctrica y dar una mayor salida a la mano de obra.

El comité no entra, de momento, en discusión de la cuestión tecnológica del programa nuclear, pero sí ha querido resaltar el hecho de la dependencia absoluta del exterior, sobre todo, de Estados Unidos, no sólo en materia de tecnología, sino también en todas las fases del ciclo nuclear, desde el origen -uranio enriquecido, que sólo poseen Estados Unidos y la Unión Soviética- hasta el final del ciclo o vertido de residuos radiactivos, ya que en España no existe ninguna posibilidad real de reprocesarlos.

Como alternativa a la energía nuclear, el Comité pro moratoria nuclear y plebiscito popular propone la utilización racional de los recursos energéticos propios ya existentes y de otros que pueden utilizarse, como, por ejemplo, la energía solar.