CC OO y la conflictividad laboral

LA RESOLUCION del Consejo Federal de Comisiones Obreras, hecha pública el pasado viernes, puede contribuir eficazmente a desdramatizar el artificial clima creado, desde las fábricas de ansiedad y alarmismo que trabajan a pleno rendimiento en las márgenes de la ultraderecha, a propósito del incremento de la conflictividad laboral en las últimas semanas.Un sistema maduro y eficaz de relaciones industriales, pieza básica para el buen funcionamiento de una economía moderna de mercado, exige interlocutores que representen a los empresarios y a los trabajadores con autenticidad y responsabilidad. La lógica prioridad concedida a la reforma política en el desmantelamiento del sistema autoritario de poder ha dejado. sin embargo, lagunas demasiado profundas en el campo de las relaciones laborales de nuestra sociedad democrática. La derogación de las normas que concedían a los fantasmagáricos sindicatos verticales el monopolio de las relaciones industriales no ha desmontado más que una ficción, sin otras repercusiones que el traspaso de los antiguos funcionarios nacional-sindicalistas a la Administración estatal. La injustificable demora en la devolución de sus bienes a las centrales históricas y la regulación del usufructo del patrimonio sindical, como consecuencia de la voluntad del Gobierno de guardarse esa carta para futuras negociaciones, ha condenado a la debilidad financiera a unos sindicatos que sólo cuentan con las cuotas pagadas por sus afiliados durante dos años y que carecen de cuadros y de expertos suficientes. Los errores cometidos en la primavera pasada por los partidos, las organizaciones patronales y las centrales sindicales en torno «a la discusión de la ley de Acción Sindical, cuyo proceso de elaboración nunca debió ser un encadenamiento de maniobras contrapuesta para sorprender al adversario, sino la búsqueda del consenso, entre unos y otros, han hecho que esa norma no llegara al Pleno del Congreso. La ley de Negociación Colectiva tiene una historia todavía más triste, pues ni siquiera ha sido discutida en la comisión. La consecuencia de esa larga serie de inhibiciones y postergaciones es que, disueltas las Cortes Constituyentes, ni existe una normativa adecuada para la regulación de las relaciones laborales, ni las centrales sindicales han podido constituirse como fuerzas relativamente autónomas con capacidad para afrontar las numerosas tareas que una economía avanzada les asigna. De esta forma, la actual debilidad de las centrales sindicales refuerza su dependencia respecto de los partidos, con el corolario de que los cambios de coyuntura política repercuten, sin filtros ni mediaciones de ningún tipo, sobre la coyuntura económica.

El documento del Consejo Confederal de CC OO refleja claramente, y en este caso de manera positiva, esa influencia del momento político sobre la estrategia sindical. Con notable realismo, el documento recuerda que la negociación de los convenios se está desarrollando en un contexto social y político altamente inestable, configurado por la ofensiva terrorista, el vacío de poder parlamentario, la campaña electoral, la semiparálisis de una Administración Pública pendiente de los resultados de marzo, el fracaso de las negociaciones del otoño para prolongar los pactos de la Moncloa, la crisis económica, etcétera. Ciertamente, la resolución sigue defendiendo el porcentaje de incremento salarial propuesto por CC OO frente al establecido por el Gobierno y subraya, entre los objetivos prioritarios de los nuevos convenios, las medidas que favorezcan el empleo y los derechos sindicales. A la vez, sin embargo, pone en guardia contra «los planteamientos economicistas o corporativos» y advierte de los peligros inherentes a una utilización incontrolada e inadecuada de los movimientos huelguísticos, especialmente en los servicios públicos o en los sectores que afectan directamente a la población. «Es evidente -concluye la resolución- que una alta conflictividad no es deseable para los trabajadores, ni para el país en su conjunto.» La vía del diálogo y de la negociación debe ser agotada antes de recurrir a otros medios de presión; y «ninguna fuerza responsable -política o social- puede escatimar cualquier esfuerzo, con tal dé encontrar un camino de diálogo que permita una negociación colectiva fluída y satisfactoria».

La utilización imprudente y desmedida de un instrumento de presión tan contundente como la huelga, es pecialmente en servicios públicos, está llena de riesgos tanto para los trabajadores del sector en conflicto como para los sindicatos y los partidos que los representan. En la negociación, los trabajadores empleados poseen, obviamente, el derecho de tratar de mejorar sus posiciones, pero sería un error que adoptaran planteamientos caren tes de realismo o que olvidaran que la crisis económica no sólo ha reducido notablemente el margen de maniobra de las empresas a la hora de negociar, sino que, además, ha relegado al paro a cientos de miles de obreros profesionales. Una coyuntura en la que las restricciones de liquidez sitúan muchas veces a las empresas al borde de la suspensión de pagos y en que los descensos de las utilidades pueden reducir a cero su rentabilidad no es la época más propicia para lograr una redistribución del ingreso, máxime cuando la mejoría de la capacidad adquisitiva de la población empleada no haría sino agravar el problema del paro. Y el recurso a un arma tan lesiva para los intereses de unos y de otros como la huelga sólo posee justificación cuando se tiene la seguridad de que no son causas objetivas las que impiden un acuerdo razonable entre empresarios y trabajadores.