Los obreros españoles no podrán establecerse libremente en la CEE

El ministro de Trabajo de la República Federal de Alemania, Herbert Ehrenberg, ha recalcado que en ningún caso el ingreso de España, Grecia y Portugal en las Comunidades Europeas significará que los ciudadanos de estos países vayan a poder establecerse en los países más industrializados de Europa, concretamente en la República Federal de Alemania. A finales de diciembre, el presidente del Sindicato del Metal, Eugen Loderer, defendió una tesis similar.

El ministro expone sus razones en tonos patéticos en un artículo que publica Eg Magazin, órgano oficial alemán para noticias comunitarias. Según Ehrenberg, del Partido Socialdemócrata, una libre circulación de trabajadores obligaría a proceder a despidos cada noventa días. Esto equivaldría a «empujar a los inmigrantes a un trabajo infrapagado que podrían ofrecerles patronos poco responsables».El ministro anticipa asimismo que no es previsible que esta barrera que se impondrá a los nuevos candidatos al ingreso en la Comunidad vaya a levantarse en un tiempo previsible: «Según los tratados de Roma sobre la Comunidad Económica, los Estados miembros se obligaron a armonizar sus economías y a nivelar sus diferencias regionales, pero en realidad estas diferencias regionales son mucho más profundas ahora que cuando se creó el Mercado Común, y aún seguirán creciendo si ingresan con plenos derechos Grecia, España y Portugal.»

Sin perder de vista a los empresarios, Ehrenberg dice que si aumentasen de la noche a la mañana los contingentes de trabajadores españoles, griegos y portugueses en la RFA sería como «llevar el trabajo al capital y no el capital al trabajo, como reclaman los sindicatos». Para el ministro, ya en 1958, con motivo de la creación del Mercado Común, «estaba más que claro que la libre circulación no podría aplicarse sino paso a paso, es decir, durante un período de adaptación».

La toma de posición del ministro de Trabajo alemán, que concreta impresiones anteriores responde a la postura mantenida al parecer por Bonn durante la reunión de ministros comunitarios de Trabajo y Cuestiones Sociales, celebrada a finales del pasado año. En ella se especificó que la ampliación de la Comunidad «es, con todo derecho, uno de los mayores problemas que se plantean».

Al margen de las declaraciones «coyunturales» de los Gobiernos de los países miembros de la CEE. condicionadas por razones económicas o electorales, la Comisión Europea mantiene su doctrina de aplicar «períodos transitorios» para respetar el principio de libertad de circulación de hombres entre los Estados miembros de la CEE.

Para el caso de Grecia -cuyas negociaciones de adhesión se dan virtualmente por terminadas- el compromiso pactado es que los trabajadores griegos no podrán acceder completamente al mercado del trabajo de la actual CEE de los nueve hasta siete años después de la firma de y entrada en vigor de los tratados de adhesión, prevista para enero de 1981. En relación con España, la Comisión Europea -en su dictamen sobre la candidatura española- indicó que se respetará la libertad de instalación y circulación de todos los trabajadores españoles que ya residen en países de la CEE, desde el primer momento de entrada en vigor de los tratados d e a dhesión, programados, en principio, para enero de 1982. Tocará definir en el curso de las negociaciones de adhesión cuál será el «período transitorio» para lograr la plena libertad de circulación.