No a las elecciones generales

Secretario general de Convergencia Democrática de CataluñaAhora que todos son cábalas acerca del dilema entre la investidura y elecciones -con clara ventaja, parece, para la hipótesis de las elecciones generales- pienso que aun a riesgo de ser repetitivos conviene que CDC exponga de nuevo su posición. Con ello no pretendemos en absoluto influir en la decisión del presidente Suárez, ni probablemente lo conseguiríamos aunque lo pretendiésemos. Pero conviene dejar las cosas bien sentadas y asumir plenamente, ante la opinión pública, la responsabilidad de la propia postura.

Unas consideraciones previas

Pero antes es preciso hacer unas consideraciones previas:

La primera es que lo que decimos hoy lo defendíamos ya en el mes de junio. Es decir, durante los últimos meses nos hemos exigido -«exigido» es el término habitual en estos casos, con claras reminiscencias de un lenguaje más testimonial y resistencial que de política normalizada- tres o cuatro cosas distintas y contradictorias, según soplara el viento, como es bastante habitual hacer.

La segunda es que como partido no tememos unas elecciones generales. Creemos que por lo menos recuperaríamos los cuatro escaños que perdimos a raíz de la fusión del Reagrupament con el PSOE.

Dicho esto vamos a repetir que a nuestro entender hay que ir rápidamente a las elecciones municipales; a la elaboración de las leyes orgánicas derivadas de la Constitución y que son más urgentes -alguna de ellas tan obvia como la del Tribunal Constitucional- así como a la discusión de los Estatutos catalán y vasco; y al relanzamiento de una política económica capaz de dominar la crisis. Y vamos a repetir también que todos estos objetivos se verían retrasados y algunos muy seriamente comprometidos si se convocaran elecciones generales.

La necesidad de elecciones municipales

Sobre la necesidad de elecciones municipales no creo que haya que insistir mucho. Son urgentes no sólo por razones de democracia -donde menos ha llegado la democracia es en los ámbitos y niveles donde más puede ser comprendida y practicada por el común de la gente, que en último término es quien importa-, sino también de eficacia -muchos municipios están totalmente paralizados- e incluso de reactivación económica, unos ayuntamientos democráticos y capaces de asumir responsabilidades permítirían, sin duda, la reactivación en un sinfín de proyectos inmobilíarlos, urbanísticos y de creación de infraestructura social que ahora el miedo, la mala conciencia y la protesta sistemática y a menudo poco responsable mantienen encallados. Todo esto es tan evidente que aun convocando elecciones generales el Gobierno no debiera aprovecharlas para retrasar sensiblemente las municipáles. Sin para ello caer en la idea -que las deformaría y multiplicaría la incertidumbre de la aventura- de hacer una convocatoria conjunta.

La crisis económica

Pero los dos puntos restantes quedarían absolutamente en el aire. Empecemos por el tema económico. De julio de 1977 a octubre de 1978 ha habido una mejoría importante. Una mejoría poco sensible para mucha gente de la calle, pero real. Una mejoría que ponía las bases para dar en 1979 un empujón muy decisivo contra la inflación y contra la crisis, con todas sus consecuencias de cierre de empresas, paro, etcétera... Pues bien, esta base de partida se deteriorará rápidamente si no se mantiene una política económica eficaz, si no se definen sin demora unos nuevos objetivos y unas nuevas líneas de acción. Y este relanzamiento de la política económica seguro que no se producirá si se convocan elecciones generales, que de hecho van a significar que durante unos meses -pocos, pero decisivos- el caballo de la economía española va a andar suelto, sujeto a excitaciones de todo tipo, sin riendas ni control, y muy presumiblemente por mal camino.

Serán pocos meses, suponiendo que el resultado electoral cree una situación realmente más clarificada que la actual, lo cual no es seguro. Serán quizá pocos meses, pero suficientes para hacernos perder gran parte de lo ganado y de acercarnos más, de acercarnos peligrosamente al temido modelo italiano. Porque lo perdido en estos pocos meses no va a recuperarse en otro período similar, igualmente corto. En la lucha contra una crisis de las características de la nuestra lo que se gana en un año se pierde en tres meses, y lo que se dilapida en tres meses requiere no menos de un año de penitencia. ¿Podremos permitirnos esta ligereza? ¿Va a comprender el país que lo que hay que hacer es votar una vez, y otra, y otra, y no resolver los problemas? ¿Va a comprender a los partidos, a los sindicatos, al Gobierno, que parecen absortos en maniobras, comunicados, zancadillas y decir lo contrario de lo que piensan, en vez de intentar sacar al país del atolladero? Sólo una circunstancia que al final ontemplaréjustificaría que unas nuevas elecciones no se convirtiesen en un monumento a la frivolidad.

Las autonomías

Sigamos con el tema autonómico. Pero precisemos antes que no se trata sólo de autonomía. Hay otros perfeccionamientos de la Constitución que no deberían ser retrasados. Es absurdo -y es sólo el ejemplo más evidente-,que no se aborde inmediatamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Pero no me importa afirmar en un artículo dirigido a la opinión pública española -y no sólo a la catalana- que la discusión y aprobación de las autonomías, y muy especialmente la catalana y la vasca, sólo podrían ser guillotinadas en circunstancias extremas. Muy extremas. Porque, ¿acaso no es extrema la situación del País Vasco? ¿Acaso cree alguien que esta situación se resuelve sin una adecuada respuesta política, y no sólo policial? ¿Acaso cree alguien que una adecuada respuesta política no pasa por un buen Estatuto? Y en lo que concierne a Cataluña, ¿acaso cree alguien que la forma dialogante y pacífica de la evolución política catalana no se resentiría aravemente de la burla de dar con la puerta en las narices a la reclamación serena y responsable que todos los partidos políticos catalanes hacemos del Estatuto?

No hay en lo que se acaba de decir ni agresividad ni amenaza. Simplemente una actitud responsable que nos obliga a dar este grito de alarma. Grito de alarma tanto más justificado porque, si no queda muy claro que la convocatoria de elecciones generales responde a una absoluta necesidad -y como he dicho, luego hablaré de esta eventualidad-, vamos a tener que sospechar que una razón de peso -quizá la auténtica razón- de la disolución del Parlamento es el deseo de retrasar, puede incluso que de conducir a una vía muerta, todo el proceso autonómico. El nuestro, el vasco y el de todos.

Somos los primeros en saber que la reforma del Estado que las autonomías van a representar es profunda, y que no puede hacerse a la ligera. Por ello hemos intentado actuar con tiento y prudencia en este tema. Pero recurrir ahora al expediente de una disolución sería producir una herida grave, una irritación profunda -de las que dejan huella- Y probablemente no sólo en Cataluña y en el País Vasco.

La eventualidad de unas elecciones generales inevitables

Cabría, sin embargo, que las elecciones generales fuesen inevitables. La objetividad nos obliga a admitir esta eventualidad. La cual no resta un ápice a su valoración negativa. El cansancio de la gente; la imagen -quizá injusta, pero cada día más extendida- de una clase política más atenta a escarceos y zancadillas que a los problemas reales; el abandono de la economía durante unos meses decisivos; la frustración en zonas tan peligrosas como Cataluña y el País Vasco, y probablemente Andaluc a y otras; todo esto que unas elecciones generales podrían acarrear puede ser menos grave -con serlo muchísimo- que la imposibilidad de llevar a cabo una acción de gobierno eficaz. Y ellos se producirá si se conjugan dos hechos: el fracaso de reunir en el Parlamento los votos necesarios y un endurecimiento tal en el terreno social que deteriore gravemente la economía y el clima de la convivencia. Lo primero está relacionado con el voto de investidura y, luego, con la creación de una fuerza parlamentaria suficiente. Lo segundo está relacionado con los pactos económicos y sociales.

Objetivamente hay base para considerar posible tanto lo primero como lo segundo. Concretamente no vemos razón por la que en lo referente al tope salarial -que es un punto clave- no se pueda llegar a un acuerdo. entre el 13% y el 14%. No vemos razón, entre otras cosas, porque hablando a solas con miembros muy relevantes del Gobierno y de la oposición de izquierdas, todos están de acuerdo.en converger en una posición de este orden. ¿Qué pasa, pues?

Ahí llevamos todos nuestra responsabilidad, la cual exige que abandonemos las fintas y los oportunismos. De verdad, ¿qué busca el PSOE? ¿Las elecciones generales que han vInido «exigiendo» desde hace meses y que ahora da la impresión de no desear? ¿Hacer una coalición con UCD para entrar en el área de poder? ¿Hacer esta coalición después de unas nuevas elecciones generales. con su base ya más ablandada? Y UCD, ¿qué es lo que realmente persigue? ¿Poner a los Estatutos en vía muerta? ¿Aprovechar las elecciones para remodelar al partido?

No podría ser esta la excusa

Y puesto que cada cual debe asumir sus responsabilidades, también a nosotros nos corresponde hacerlo. Desde nuestra modestia en el ámbito de la política española, y desde nuestra posición en ciertos aspectos determinantes en el de la política catalana, repetimos que lo único que pedimos es que se convoquen rápidamente elecciones municipales, que se combata la crisis económica con seriedad, con un criterio equilibrado y con la vista fija en lo que es un modelo europeo de sociedad; que se discutan los Estatutos de acuerdo con los plazos que la Constitución establece y que prosiga la labor de normalización de la lengua catalana. Y dado que llegado el caso podría suceder -ya sucede- que la convocatoria de elecciones generales intentara justificarse en la dificultad de pactar con un partido nacionalista que sería presentado como muy exigente y peligroso en sus reivindicaciones autonomistas, bueno será recordar que el proyecto de Estatuto catalán ha sido juzgado favorablemente por los socialistas y ucedistas catalanes, es decir, por los representantes en Cataluña de los dos grandes partidos españoles.

No, no podría ser esta la excusa. Sería la aritmética parlamentaria si, una vez bien sopesadas las actitudes de todos los grupos y de los diputados del Grupo Mixto, se hiciera evidente la imposibilidad de reunir una fuerza suficiente. Y sería la convicción de que los partidos de izquierdas quieren elecciones y de que las quieren forzar a través de una peligrosa y poco responsable espiral de agitación social. Si se dieran estas dos circunstancias habría que ir a las elecciones, y todos -partidos y sindicatos- deberíamos asumir la responsabilidad que nos corresponde.

El resumen, pues, es este: al país no le convienen unas elecciones generales. Sólo en el caso de imposibilidad de gobernar habría que ir a la aventura que representan, lo cual responsablemente sólo podría hacerse si estuviese bien demostrado que no existe otra alternativa. En otras palabras:. las elecciones generales son un mal -un mal serio- que sólo la extrema necesidad de evitar la inoperancia y el desgobierno podrían justificar, pero en ningún caso el juego político o el tacticismo.