Oreja expuso al Senado la política del Gobierno sobre la venta de armamento a otros países

Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, abordó ayer en el Pleno del Senado los aspectos jurídicos y políticos, preferentemente de ámbito internacional, que inciden en el control de la venta de armamento, al responder a una interpelación planteada al Gobierno por el senador Luis María Xirinacs sobre la exportación de armas por empresas españolas. El Pleno del Senado, de trámite, se inició con la expresión de condolencia de la presidencia de la Cámara por el fallecimiento en accidente ferroviario del diputado socialista, Alfonso Fernández.El senador Xirinacs hizo una amplia exposición de varios puntos relativos a empresas dedicadas a la fabricación de armamento y material bélico, así como a las ventas efectuadas por España de dicho material a lo largo de los últimos años y a la cuantificación de dichas exportaciones. El señor Xirinacs expresó el deseo de que el Gobierno indique la política general que piensa seguir sobre este asunto, «porque -dijo- debemos conseguir la total prohibición de las exportaciones a países en conflicto, a áreas conflictivas y a todos aquellos países que no respeten los derechos humanos». La interpelación del senador catalán también se centró en la necesidad de que en su día las Cortes, si lo estiman conveniente, puedan declarar la obligatoriedad de la aprobación por parte de las mismas de todas aquellas exportaciones que superen los cien millones de pesetas, relacionadas con material bélico.

El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, destacó, en respuesta a la interpelación, la complejidad del tema, que tiene una incidencia clara en dos pivotes de las relaciones exteriores españolas: el desarme y distensión, y los derechos humanos. Refiriéndose a la política concreta del Gobierno español, el ministro declaró que España se acoge a las normas internacionales que limitan el comercio de armas. Manifestó que España ocupa un lugar muy secundario en la venta de armas y añadió que la exportación de armamento en 1977 fue de unos 11.200 millones de pesetas,

El señor Oreja se refirió después a las modalidades de exportación vigentes hasta hoy: exportaciones directas, exportaciones de armamento que ha dejado de ser útil a las Fuerzas Armadas y operaciones triangulares, y destacó que los procedimientos de control habidos hasta ahora sobre estas exportaciones eran por permiso de exportación y por certificado de último destino. Tras reconocer las lagunas existentes en este tipo de control, manifestó que la solución a las mismas había sido abordada por el real decreto de 15 de diciembre actual, por el que se acordó la creación de la Junta Interministerial reguladora del comercio de armas y explosivos, que exige el informe favorable de la Junta para que el ministro de Comercio autorice las operaciones consiguientes de importación y exportación de armamento. Sobre los beneficios de este real decreto el señor Oreja destacó: mayor control estatal sobre los particulares, mayor control por la propia composición de la Junta y su competencia, mayor vigilancia de las operaciones directas y de las triangulares y una mayor responsabilidad del Gobierno para fijar los criterios de carácter general a los que habrá de someterse esta Junta Interministerial.

Al margen de este tema, el Pleno del Senado debatió otras preguntas sobre el ingresó de retirados de las Fuerzas Armadas en el Cuerpo General Subalterno de la Administración del Estado (senador Rogelio Borrás); sobre el plan técnico nacional de radiodifusión social (senador José Bevia), y un ruego del senador García Mateo sobre la excedencia voluntaria y permanencia en situación de supernumerarios de funcionarios del organismo autónomo histórico nacional de asistencia social.