Fernández Ordóñez insta al Gobierno a que pacte económicamente

«La reforma fiscal no es el único instrumento de legitimación ética de la economía de mercado, ni puede ser una pieza aislada de la política económica. Aun valorando la profundidad de la transformación realizada, no puede esperarse que este sistema tributario renovado sea el árbitro único de la estabilidad económica o el instrumento solitario de la justicia», dijo ayer el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, en el Pleno del Congreso de los Diputados durante su discurso en defensa del proyecto de ley de impuesto sobre sociedades, que ayer se debatió en la Cámara baja.

El señor Fernández Ordóñez concluyó este párrafo de su discurso -que en los pasillos de la Cámara se interpretó como un «telegrama público» a su colega el ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril- con las siguientes palabras: «Necesitamos abordar cambios fundamentales sobre unas estructuras envejecidas. Tenemos necesidad de un Estado movilizador de recursos, capaz de regenerar la actividad real del país. Nunca se escoge una política cuando los problemas son graves. Hay que recuperar la trama del diálogo social si no se quiere que al final todo sea demasiado poco y demasiado tarde. »Instantes después, cuando Fernández Ordóñez pasó por delante del banco azul, camino de su escaño, recibió de Fernando Abril una cariñosa palmada en la espalda que suscitó murmullos en los bancos de la izquierda.

Próxima modificación del Código Penal

La sesión se inició con un breve debate sobre la proposición de ley de modificación de la ley de Peligrosidad Social y rehabilitación social de su reglamento, que fue aprobada por 278 votos favorables, ninguno en contra y seis abstenciones.

En su intervención por parte del Gobierno, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, anunció que en el plazo de dos meses, una vez promulgada la Constitución, será enviado a las Cortes un proyecto de ley sobre modificación del Código Penal, en el que se insertarán aquellos supuestos de peligrosidad, con una consideración basada en medidas de seguridad. Asimismo, anunció un proyecto de ley sobre Drotección social, que no tendrá carácter punitivo.

Antes de entrar en el estudio del punto siguiente del orden del día, el proyecto de ley del impuesto de sociedades, se produjo un intrincado debate interpretativo sobre el reglamento, cuyo fondo era la admisión de unas enmiendas de Alianza Popular y otros grupos parlamentarios fuera de plazo, por aplicación flexible del reglamento.

Los socialistas Gregorio Peces-Barba y Eduardo Martín Toval insistieron en el carácter irregular de la admisión de tales enmiendas y en las dificultades para pronunciar-se sobre ellas sin conocerlas por no liaberse publicado. No faltaron golpes de humor al implicarse en el debate virtudes teologales y cardinales, que José Pedro Pérez Llorca (UCD) no distinguió con precisión y que Manuel Fraga (AP) aprovechó para relatar alguna anécdota y concluir expresando la necesidad deque se defienda el reglamento más en su espíritu que en su letra. La cuestión se zanjó con una votación que respaldó la interpretación adoptada por el presidente de la Cámara.

La reforma fiscal de Fernández Ordóñez

En defensa del proyecto de ley de impuesto sobre sociedades intervino en primer lugar el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, quien recordó su compromiso contraído ante la Cámara de realizar una reforma fiscal que en buena parte ya se llabía realizado y que se concreta en ocho proyectos de ley. Señaló que faltan por discutir el impuesto de sucesiones y la imposición indirecta y recordó que ya fue aprobado el impuesto sobre el patrimonio, un impuesto sintético, sobre la renta con un tratamiento avanzado de la-s ganancias de capital y mecanismos rotundos de discusión y control como el delito fiscal, la investigación de las cuentas corrientes bancarias y el ataque del fraude a través de las sociedades interpuestas.

Refiriéndose al proyecto de ley de impuesto sobre sociedades, manifestó que con él se completa la reforma de la imposición sobre la renta y se consolidan los principios que la inspiran. Declaró que el impuesto sobre sociedades garantiza que toda la renta, sea cual fuese su titular, «quedará sometida a gravamen como exige el principio de la capacidad de pago» y que introduce un desplazamiento de la carga desde la imposición sobre las empresas hacia las personas físicas, «que son, en definitiva, los verdaderos detentado res de la capacidad de pago».

Asimismo el ministro de Hacienda destacó que el proyecto de ley culmina la tarea de subjetivización del impuesto de sociedades, estableciendo el gravamen exclusivamente sobre el beneficio realmente obtenido, mientras desaparecen los impuestos de producto y se superan los conceptos objetivos que todavía conserva el impuesto vigente. Se refirió también a la aproximación entre las categorías fiscales y económicas que resultan habituales en el mundo empresarial, y dijo que en este sentido el proyecto de ley resulta más flexible en cuanto a la calificación de los gastos fiscales, a la vez que concluye con el paternalismo fiscal. Añadió que la nueva ley presta especial atención al tratamiento de la inversión empresarial.

Por último, el señor Fernández Ordóñez expresó su deseo de no describir un panorama triunfal. «Nunca se pasa en materia fiscal de la impercepción absoluta a la percepción total. Ahora que se habla de la distancia del pueblo respecto a sus instituciones representativas, yo quiero recordar, hablando de la reforma fiscal -dijo-, que han sido estas Cortes, durante un año y medio en un debate libre, las que han hecho posible lo que desde muchos años todos sabíamos que era necesario.»

Diálogo entre socialistas y UCD

El debate sobre el proyecto de ley se convirtió en un diálogo entre los socialistas, en nombre de los cuales intervinieron preferentemente Baldomero Lozano y Enrique Barón, y UCD, en nombre de cuyo grupo intervino, en defensa del proyecto de ley, Jaime García Añoveros. La única enmienda que prosperó fue la formulada por Unión de Centro Democrático y defendida por Juan Rovira, según la cual entre las exenciones del impuesto se incluyen «las cantidades donadas a entidades privadas de promoción industrial cuya actuación se limite a aquellas regiones de nivel de renta inferior a la media nacional, y en los términos que reglamentariamente se determinen».

Menos suerte tuvieron las enmiendas socialistas, como la que intentó que el domicilio fiscal de los sujetos pasivos del impu esto de sociedades se fijara no -como dice el proyecto de ley- en donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios, sino donde la empresa de que se trate tuviera la mayoría simple de sus inmovilizaciones, en un intento de aproximar el sujeto del impuesto a la realidad económica de la sociedad y no a la conveniencia fiscal de sus dirigentes.

Tampoco prosperaron las enmiendas de Alianza Popular, defendidas por Laureano López Rodó, entre las que destacó el intento de crear un fondo exento del impuesto que las empresas destinarían a despidos.

En la explicación de voto del Grupo Comunista, Marcelino Camacho se felicitó por el rechazo de esta enmienda y manifestó la conveniencia de cerrar portillos a las empresas para despedir trabajadores en el momento de crisis en que nos encontramos. En la sesión de ayer se aprobaron catorce artículos. La sesión continuará hoy.