La Comunidad considera incompatibles con una economía de competencia la multiplicidad de subvenciones y ayudas fiscales

Los capítulos dedicados al análisis de la situación en España de la banca, seguros, transportes, libre competencia y fiscalidad completan el dictamen de la Comisión Europea sobre la candidatura de ingreso de España al Mercado Común. Dictamen que será aceptado formalmente por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del 18 y 19 de este mes en Bruselas, y dará paso al acto oficial de apertura de negociaciones, probablemente en el mes de febrero.

En banca y seguros el dictamen señala que la red bancaria española cuenta con 107 bancos privados, que gestionan un activo de unos siete billones de pesetas, a los que hay que añadir otros tres billones de activos de las cajas de ahorros y un billón de activo por parte de instituciones públicas de crédito y de cooperativas. «El conjunto de activos a disposición del sistema financiero español corresponde alrededor de una vez y media el volumen del Producto Interior Bruto anual, lo que equivale a una relación parecida a la de la mayoría de países de la Comunidad», según el dictamen. El mismo distingue las diferencias de legislación en los establecimientos bancarios españoles, según sean nacionales o extranjeros. Cita las leyes de reforma bancaria de 1974 y 1977, sobre creación de nuevos bancos y apertura de sucursales, «muy supeditados a los poderes discrecionales del Ministerio de Economía», lo que puede originar «problemas en el momento de la adhesión respecto a las prescripciones de la primera directiva comunitaria de coordinación en materia de bancos que prohibe la utilización del criterio de las necesidades económicas del mercado».Limitación de acciones extranjeras

Otra regla incompatible con los tratados comunitarios sería, según el dictamen, «la limitación al 15% de las acciones de origen extranjero en bancos españoles» . En el sector de compañías de seguros se cita la existencia de setecientas empresas operando en tal sector. Sólo 154 firmas de seguros tienen un volumen de negocios que supera los cien millones de primas y doce sociedades españolas de seguros operan en el extranjero. El dictamen no observa dificultades particulares en este sector para la integración.

Transporte

En transporte el documento comunitario destaca la «revisión» de la política española en el sector, en función de las posibles conclusiones del futuro «libro blanco» del Ministerio español de Transportes. En general, la adhesión no supondrá más dificultades para la Comunidad que las anteriores adhesiones, según el dictamen. Se precisa que el sector de transportes contribuye entre el 6 % y 7% a la formación del PIB y emplea el 4,5% de la población activa española. El transporte marítimo controla casi la totalidad del transporte exterior español (88 %) y el de carretera el interior (65 %), ambas cifras para 1977. En los últimos veinte años, la marina mercante española quintuplicó su volumen, situándose en la duodécima mundial y sexta comunitaria en el momento de la adhesión, con sus 7.400.000 toneladas brutas. El dictamen señala problemas en materia de legislación del transporte marítimo español, que actualmente reserva a buques con pabellón español el transporte de mercancías sometidas a comercio de Estado (café, tabaco, algodón, soja, petróleo bruto); lo mismo ocurre con la restricción al 40 % en la participación de capital extranjero en empresas marítimas españolas, a la imposición de equipaje español en los barcos y a ciertas prácticas de primas a la inversión y deducciones fiscales acordadas por el Gobierno español a las compañías marítimas nacionales

Carretera y ferrocarril

El transporte por carretera tendrá dificultades de orden de acceso al mercado, control arancelario, impuestos de vehículos utilitarios y respeto de ciertas normas sociales comunitarias (taquímetro, para controlar el tiempo y distancia para el conductor). En ferrocarril se citan proyectos técnicos para la solución de las diferencias de ancho de vías ferroviarias entre la red española y la comunitaria. «La infraestructura de transportes es generalmente satisfactoria», expone el dictamen.

Competencia y subvenciones

En el capítulo dedicado a la libre competencia, ayudas y fiscalidad, todo el análisis comunitario se centra en destacar las políticas de subvenciones, protección fiscal u organizaciones de monopolio que tiene la economía española. Las ayudas de Estado, con desgravaciones fiscales, ayudas regionales o sectoriales, «supondrán problemas de adaptación difíciles», cita el dictamen. Será imprescindible la adaptación de ciertos monopolios (petróleo y tabaco) y clarificar las relaciones financieras entre el Estado y la empresa pública, temas para los cuales la propia Comunidad no ha resuelto todavía las divergencias entre sus Estados miembros.

Discriminaciones

En fiscalidad, el actual sistema de impuestos indirectos (impuestos a la importación, subvenciones a la exportación) aplicado actualmente en España supone discriminaciones para ciertos sectores económicos comunitarios. La aplicación del sistema de impuesto sobre el valor añadido (IVA) deberá practicarse en España desde el primer momento de la adhesión, según el dictamen. Una serie de hipótesis sobre la participación española al presupuesto comunitario, con aplicación de períodos transitorios y eventuales compensaciones financieras a favor de España, completan el dictamen de la Comisión Europea -acompañado de veintinueve anexos estadísticos y gráficos-, que señala, por último, que «en el actual estadio de examen la aplicación por parte española de otras políticas comunitarias no parece que vaya a crear problemas particulares».