Después de la Constitución

APROBADA POR sufragio universal libre, la Constitución debe dejar de ser sujeto de defensas o justificaciones. Desde ya, por cuanto rige de facto, y particularmente desde el momento de su promulgación oficial, necesita sencillamente ser acatada y empezar a durar. España tiene ya Constitución, y esa gran noticia -de la que aún no poseemos perspectiva histórica- debe soslayar todas las prestidigitaciones que traten de escamotear este hecho.El 6 de diciembre es por eso una fecha de felicitación para la sociedad española, que ha sabido llegar a ese día después de poco más de tres años de amargos presagios, pesadas incertidumbres y obstáculos sin cuento. Todo se concitó en noviembre de 1975 para que la dictadura, se disolviera en un caos social y vindicativo o diera paso a una segunda parte aún más vulgar que la, autocracia precedente. Por tenerlo entonces todo en contra, incluso estuvimos a un paso de una reedición de las guerras marruecas. Este pueblo, la Corona, el Gobierno y los partidos de la Oposición, tienen motivos para felicitarse por haber alcanzado la normalización jurídica del Estado con tan bajo coste sociológico y desde bases de partida tan precarias como las legadas por el régimen anterior.

Ahora la Constitución comienza a envejecer y es preciso usarla, asimilarla, remitirse a ella, acostumbrarnos a su normativa.

La decana de las Constituciones escritas -la estadounidense- no encuentra su validez en las virtudes de los «padres fundadores», sino en la continuada remisión que los ciudadanos hacen a ella para dirimir en última instancia los conflictos entre poderes o entre el individuo y el Estado.

Sentadas las anteriores consideraciones puede proseguirse la reflexión sobre los resultados del referéndum. Uno de ellos ya no admite más vueltas dialécticas por más que haya quien se empecine en sumar peras con manzanas añadiendo a los votos negativos los votos en blanco, las abstenciones y hasta los voto! nulos: el tercer fracaso consecutivo de los antidemócratas, estrepitosamente derrotados en el referéndum para la Reforma Política, en las elecciones generales del 15 de junio y en el referéndum constitucional del miércoles. Ahí queda el dato repetidamente contrastado de que esta sociedad sólo regresará a un régimen de dictadura por imposición física, y nunca por voluntad expresa de un porcentaje mínimamente significativo de su población.

Otro resultado poco manipulable es la abrumadora mayoría de síes en los votos emitidos. Y, finalmente, el elevado porcentaje de abstención (aun haciendo abstracción de los resultados en el País Vasco), que resulta vano y pueril pretender esconder o minimizar. La clase política tiene el deber inexcusable de imaginar caminos y propuestas que atraigan el interés popular por las instituciones democráticas. Pero el nerviosismo del Gobierno y de los principales partidos de la Oposición ante los niveles de abstencionismo no parece, desgraciadamente, tan achacable a respetables temores sobre el futuro del régimen, como a intereses partidistas y hasta particulares sobre las consecuencias que para el calendario político puede tener el referéndum.

La discusión de las leyes constitucionales sobre las Fuerzas Armadas, la enseñanza, la regulación jurídica de la familia, los estatutos de autonomía, exigen un Gobierno de mayoría (en solitario o en coalición) que defienda una política ante el Parlamento. La posibilidad de que Suárez se someta a la investidura, donde necesitará el apoyo comunista o quién sabe si el del propio PNV, con quien podría estar buscando ahora un pacto, marcaría unos derroteros bien distintos a los de unas eventuales elecciones generales anticipadas. La realización de las municipales en el tiempo previsto condicionará en sus resultados la propia fortaleza del Gobierno. El presidente está ante un crucigrama que debe resolver. Pero es preciso no mantener más tiempo la incógnita. Los españoles tienen derecho a conocer el calendario político, sea cual sea.